CANCÚN, 3 DE MAYO.- El Sistema Estatal Anticorrupción logrará su objetivo en la medida en que todas las Instituciones involucradas participen proactivamente a favor de la transparencia, del gobierno abierto y la rendición de cuentas, aseguró el magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, en el marco del Segundo Foro Anticorrupción que se desarrolló en la ciudad de Cancún.

Agregó, ante la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, y de la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, miembros de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de representantes de organizaciones civiles y no gubernamentales, así como de estudiantes, que este “Foro de Combate a la Corrupción”, se constituye como un buen inicio de muchas acciones por venir y de un diálogo institucional permanente, teniendo siempre en mira el beneficio de la sociedad.

“La corrupción es un fenómeno de amplio espectro, poliédrico y polifacético que se ha erigido como uno de los obstáculos a vencer por las democracias modernas y los Estados Constitucionales de Derecho. Los efectos de la corrupción se hacen manifiestos en todos los estratos socieconómicos, sectores poblacionales, grupos sociales y, en toda latitud, irrogan perjuicio al desarrollo de los Estados en los que se encuentra presente”, acotó.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado consideró que se notan estos efectos cuando, por poner un ejemplo, se distraen los recursos de sus fines elementales y se resta operatividad al sector público para atender las principales problemáticas y carencias de los gobernados, trastocando en no pocas ocasiones sus derechos fundamentales.

Subrayó, en este Segundo Foro Anticorrupción -que convocó la Cámara Patronal de la República Mexicana- (Coparmex) que ante la magnitud y multiplicidad de estos efectos, el Constituyente permanente estimó oportuna la creación de un Sistema que coordine y haga transversales los esfuerzos, métodos, programas y políticas públicas de los Entes del Estado en materia de combate a la corrupción.

 “La creación del Sistema no debe verse como un hecho aislado, sino como una estrategia del Estado Mexicano que se inserta oportunamente en un entramado institucional que guarda congruencia y hace interdependientes a cada uno de sus elementos ya que no es posible concebir que las instituciones rindan cuentas sin el establecimiento de mecanismos que transparenten el uso de los recursos públicos y, a la par, es insostenible ejercer la transparencia sin organismos que vigilen el estricto cumplimiento de las obligaciones correspondientes”.

Finalmente sostuvo que todos los Entes Públicos vinculados por la normatividad aplicable del Sistema Estatal Anticorrupción –entre ellos el Poder Judicial–, trabajarán coordinadamente con el Sistema como eje rector para la implementación de acciones y políticas públicas en los respectivos campos competenciales que imposibiliten la generación de conductas irregulares y fortalezcan además los procedimientos de responsabilidad administrativa.