CANCÚN, 22 DE ABRIL.-Alrededor de media docena de cajas de seguridad incautadas a la empresa “First National Security” (FNS) no han sido reclamadas, por lo que la  Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) están tratando de precisar la identidad de los propietarios los culaes presuntamente podrían tratarse de prestanombres.

De acuerdo con abogados ligados al caso, la PGR busca ubicar a los dueños y los presuntos prestanombres de narcotraficantes y políticos corruptos, supuestos propietarios de las cajas de seguridad confiscadas en varios países porque las autoridades judiciales sospechan que ya habrían huido al extranjero.

Se trata de al menos medio centenar de propietarios de cajas de seguridad confiscadas en octubre pasado, que no han sido reclamadas; de las pesquisas iniciales se desprende que algunos de los dueños podrían estar involucrados en el delito de lavado de dinero porque fungían como prestanombres.

La PGR ya habría establecido contacto con varios países para intercambiar información, pues se presume que los supuestos dueños, cuyos valores ilegítimos no reclamaron al verse descubiertos, optaron por huir al extranjero para evadir la acción de la justicia, aunque algunos ya están identificados.

Al respecto, David Uribe Gosselin, portavoz de los afectados por el aseguramiento, consideró que “con eso, ambas dependencias pretenden justificar los atropellos que cometieron contra los dueños de los cofres confiscados, porque siempre invirtieron la presunción de inocencia.

“Me imagino que la tirada de la PGR y la SEIDO es que quieren demostrar que tuvieron razón al violentar todas las cajas cuando carecían de una orden de cateo para cada una; ellos están tratando de justificar su actuación, que a todas luces fue violatoria de los derechos humanos de cada una de los afectados.”

Al menos 50 de los dueños no se ha presentado a reclamar sus cajas, que se filtró contienen armas, numerario en pesos mexicanos, dólares y euros, en algunas hasta estupefacientes, evidencia de que muchas sólo servían para esconder cosas que los relacionaba con el crimen organizado.

Dueños amparados

En ese sentido, Uribe Gosselin refirió que sabe que la mayoría de las cajas que no han sido entregadas a sus dueños están amparadas, “aunque tengo entendido que todavía no ha salido ningún amparo definitivo, y desconozco por qué, pero seguimos apoyando en lo que se pueda para que los afectados recuperen sus cosas “.

El también empresario dijo que “alrededor de 500 cajas no fueron reclamadas por equis o zeta razones y sí puede haber algunas que pertenezcan al crimen organizado, por supuesto que sí”, y que aún faltan por entregar.

Y estimó que entre 85 y 90 por ciento de cajas, de las 50 de las que habla la autoridad y que restan por entregar, “seguro ya están amparadas”.

En octubre del pasado, la SEIDO confiscó mil 540 cajas de la empresa First National Security y hasta noviembre se había devuelto el contenido de la mayoría, en virtud de que los propietarios pudieron comprobar la legítima propiedad de valores.

El cateo y aseguramiento de los cofres derivó de la detención de Leticia Rodríguez Calderón (a) Doña Lety, ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal, que se encumbró como jefa del cártel de Cancún, y quien dio los primeros datos del sitio que utilizaba como almacén de sus ilícitos.

Luego, serían las declaraciones de Roberto Borge Angulo cuando aún estaba preso en Panamá, al indicar a sus abogados (conversación grabada en el penal) que era urgente recuperar información comprometedora de una de las multicitadas cajas.

Los nombres de encumbrados políticos regionales surgieron con el paso de las semanas, casi siempre cuando pretendieron recuperar sus pertenencias por medio de familiares, ex colaboradores cercanos, escoltas, choferes, amigos y empresarios.

Entre otros, Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres de Roberto Borge; César Celso González Melgarejo y Hermosillo, abogado de la familia Borge; Gabriela Medrano Galindo, novia de Borge Angulo; Paúl Carrillo de Cáceres, ex alcalde de Cancún; Remberto Estrada Barba, actual edil del municipio, y José Luis Chanito Toledo (candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez).

Por Carlos Águila Arreola

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