El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha decidido rechazar la solicitud de Lenia Batres para registrar la marca “Ministra del pueblo”. Según el organismo, esta denominación podría generar confusión entre el público, al sugerir que el cargo tiene un origen democrático, cuando en realidad no fue obtenido por elección popular.
La resolución del IMPI se basa en disposiciones legales que buscan proteger la propiedad industrial y evitar el uso de términos que puedan inducir a error. Además, se argumenta que el título “Ministra del pueblo” podría contravenir principios establecidos en la Constitución Mexicana y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Este caso ha desatado un debate sobre el uso de títulos públicos en marcas comerciales y su impacto en la percepción ciudadana. Algunos expertos consideran que este tipo de registros podría influir en la opinión pública de manera engañosa, mientras que otros defienden la libertad de utilizar términos creativos en estrategias personales.
Lenia Batres, quien ocupa un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había intentado utilizar esta marca como parte de su imagen pública. Sin embargo, tanto el IMPI como otras instituciones han señalado que el uso de este término podría generar ventajas indebidas en el ámbito político y comercial.
Lenia Batres intentó registrar la marca “Ministra del pueblo”, pero su solicitud fue rechazada, desatando un debate sobre el uso de títulos relacionados con cargos públicos en el ámbito comercial y político. La decisión se fundamenta en la posibilidad de que el término pueda inducir a error, al sugerir que su posición dentro del sistema judicial fue obtenida por elección popular.
El rechazo y sus implicaciones
El concepto de “Ministra del pueblo” ha sido utilizado por Batres en distintos espacios como parte de su identidad pública, pero la regulación actual impide que términos relacionados con el servicio gubernamental sean empleados para propósitos comerciales si pueden generar una percepción equívoca. La resolución destaca que la legitimidad de un cargo público debe mantenerse clara para evitar confusiones entre los ciudadanos.
Este caso pone en evidencia la necesidad de establecer límites en el uso de denominaciones que podrían afectar la comprensión pública de funciones gubernamentales. Algunos argumentan que la restricción impuesta evita interpretaciones incorrectas sobre el proceso de selección de funcionarios, mientras que otros consideran que es una limitación innecesaria a la manera en que una figura pública construye su imagen.
El impacto en la imagen de Batres
El rechazo a la marca representa un obstáculo para la estrategia de posicionamiento de Batres, quien ha intentado consolidar la idea de que su labor está alineada con las demandas ciudadanas. Sin embargo, este intento de registro ha generado críticas sobre si una funcionaria puede apropiarse de un título que, por su naturaleza, implica representación legítima de la voz popular.
Además, la negativa a la solicitud se suma a otras decisiones previas que han restringido el uso del término en el contexto electoral. Esta situación refuerza el debate sobre la manera en que los funcionarios deben presentar su imagen y la importancia de la claridad en los cargos públicos para evitar confusiones o interpretaciones subjetivas.
Regulación del lenguaje en figuras públicas
La discusión sobre este caso va más allá de una marca comercial, tocando aspectos clave sobre cómo los funcionarios pueden identificarse y conectar con la ciudadanía. ¿Hasta qué punto una persona que ocupa un cargo puede apropiarse de términos que refuercen una imagen política? ¿Debe haber reglas más estrictas para evitar que frases asociadas a la legitimidad democrática sean utilizadas sin una elección de por medio?
Este tema deja abierta la pregunta sobre qué tanto influye el lenguaje en la percepción ciudadana y cómo las regulaciones pueden equilibrar la protección de los términos oficiales con la libertad de identificación pública
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
