“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Debo reconocer el primer paso que dará Quintana Roo para la protección de los derechos humanos a tener acceso a una alimentación digna, nutritiva y suficiente; una iniciativa que ya presentó el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes y, ayer fue turnada a comisiones por la Comisión Permanente que preside la diputada Luz Gabriela Mora Castillo.

Si bien es cierto que el gobierno estatal pasado y el actual, implementaron programas para combatir la pobreza, el rezago social y el hambre, no hay certeza jurídica, como la que ahora quiere implementar la XVIII Legislatura, en caso que sea aprobada la iniciativa de ley propuesta por el diputado morenista.

Esto no es una ocurrencia, pues la lucha contra la pobreza está delineada en los Objetivos del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un dato importante para que esta ley fuese elaborada, es que Quintana Roo ocupa el lugar 19 en la lista del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación), con un 27% de pobreza del total de la población, es decir, 501 mil 656 personas; pero está en el lugar 18 con el 4.2 de población en pobreza extrema, 78 mil 035 quintanarroenses no tienen qué comer, ni dónde vivir.

Esta nueva ley, que contiene 99 artículos, más seis transitorios, tiene su columna vertebral en la exposición del tercer motivo; “se establece que todas las personas que se encuentran en la imposibilidad de acceder por sus propios medios a la alimentación o que se encuentre en riesgo inminente de padecer hambre, desnutrición o carencia alimentaria, tiene el derecho a recibir por parte del Estado una cantidad mínima de alimentos adecuados y necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación, esto de acuerdo a la capacidad presupuestal del Estado y los ayuntamientos municipales”.

En otras palabras, hace al Estado y los municipios responsables para que desarrollen políticas integrales para garantizar una alimentación adecuada a la niñez y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con atención inmediata y prioritaria en situaciones y zonas de alta y muy alta marginación.

Ahora bien, al consultar los indicadores de pobreza por municipios, Cozumel presenta un 39.6% (28 mil 993) de habitantes en condiciones de pobreza y un 5.1% (3 mil 707) de pobreza extrema; Felipe Carrillo Puerto presenta 81.1% (86 mil 771) de pobres y 31.7% (33 mil 879) de pobreza extrema; el 50.3% (9 mil 106) de los isleños están en pobreza y el 8.0% (1 mil 442) están en pobreza extrema. En Othón P. Blanco, la pobreza es del 43.8% (105 mil 193) y la extrema es del 9.7% (23 mil 274); Benito Juárez (Cancún) tiene un 37.9% (323 mil 435) de pobreza y un 6.2% (53 mil 167) de pobreza extrema.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, arroja datos sobre la pobreza en José María Morelos, donde el 80.8% (43 mil 423) viven en la pobreza y el 25.1% (13 mil 489) están en pobreza extrema. Lázaro Cárdenas tiene el 65.7% (23,508) de la población en pobreza y el 20% (7 mil 172) en pobreza extrema. También en Solidaridad (Playa del Carmen) hay un 37.3% (114 mil 940) de personas en pobreza y un 4.3% (13 mil 184) está en el lado extremo. Tulum tiene un 61.8% (28 mil 542) de habitantes pobres, un 18.8% (8 mil 682) de pobres extremos. Bacalar, alberga un 73.5% (37 mil 312) de pobres y el 24.1% (12 mil 251) de pobreza extrema. Puerto Morelos tiene 42.7% (10 mil 912) pobres y 8.7% (2 mil 235) en pobreza extrema.

Esta es una justificación suficiente para que los tres niveles de gobierno entren al quite para el combate a la pobreza, aunque ya existen programas específicos como las despensas “prioritarias” para adulto mayor y discapacitados, así como el de “1000 días” dirigido a mujeres embarazadas y en lactancia; hay familias enteras que no tienen ninguno de estos programas. Al volver ley el derecho a la alimentación, será el Estado (Federal, Estatal o Municipal) el encargado de proveer al necesitado la ayuda necesaria.

Para todo esto, será creado el Sistema Intersectorial Estatal de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, que será la instancia de colaboración entre el gobierno del Estado y los municipios, la ciudadanía y los Comités de Alimentación. Solo espero que esto no se politice, porque entonces será una perversión social. Ahí se las dejo…

SASCAB
El tema del cambio de nombre de Solidaridad a Playa del Carmen, no debería representar una confrontación entre “tiros y troyanos”, pues la historia viva del Municipio permanecerá. Así como salió Benito Juárez de Isla Mujeres, Puerto Morelos de Benito Juárez, Solidaridad de Cozumel, Tulum de Solidaridad y Bacalar de Othón P. Blanco, los documentos irán actualizándose de acuerdo a las necesidades de la población. Pues el proceso es similar.
Lo más conveniente es calmar las aguas y hacer un llamado a la reconciliación, pues el gobierno Municipal está en todo su derecho de realizar los foros para levantar la opinión de la mayoría de los habitantes. Será el Congreso del Estado quien vote dicha iniciativa que pronto enviará el cabildo solidarense. Al tiempo…

“El Minotauro”

Por: Nicolás Durán de la Sierra

El tema resulta ineludible, pues la posible aplicación de impuestos o aranceles del 25% a las importaciones de México a los Estados Unidos, no se canceló, sino sólo se aplazó. Tras las pláticas de los mandatarios de nuestro país y de Canadá con el belicoso Donald Trump se logró esta tregua, lo que no es poca cosa si se considera que una guerra comercial seria funesta para los tres países.

La tregua es muy valiosa y no sólo porque nos permitirá replantear la estrategia para la próxima revisión del TLC, que de seguro se dará antes del 2026, sino también y muy importante porque da tiempo para que se organice la creciente oposición política contra Trump dentro de los propios Estados Unidos; ya son varios los senadores y gobernadores opuestos a la posible guerra comercial.

La excusa del fentanilo es eso, una excusa. Ni a Trump ni en general a su gobierno le preocupa el consumo del opioide en su país, o habrían acabado con las redes de distribución del mismo (los cárteles yanquis que citó Claudia Sheinbaum). Se lucha contra el expansionismo desbocado del nuevo gobierno de Estados Unidos, con ecos en Panamá y Groenlandia.

En este contexto, en el ámbito local, resulta deplorable la postura de la oposición frente al problema, aquella que trata de restar mérito a los esfuerzos del gobierno de México para proteger nuestra economía y que quiere ver, que no lo es, como derrota el despliegue militar en el norte del país. Se trata de lidiar con el desquiciado capitán de un buque de guerra, nada menos.

Vamos más a lo doméstico, un ‘toma y daca’ arancelario afectaría al mercado turístico no sólo en su flujo, sino el costo de la propia oferta turística en el país del norte. Está en riesgo, también, la economía local. Jamás tan cerca arremetiera lo lejos, diríase en paráfrasis de César Vallejo, el poeta peruano. El posible conflicto comercial con Estados Unidos nos inmiscuye a todos.

En otro momento se tocará el tema de la disminución de la Guardia Nacional en Quintana Roo, la otra cara de la moneda.

Por si fuera poco, el belicoso discurso de Trump incluye la posibilidad de atacar, en nuestro suelo, a los grupos narcotraficantes, a los que tiene por ‘terroristas’, lo que escalaría el conflicto. La amenaza no se puede descartar y el reciente despliegue naval yanqui frente a Baja California, da pauta del amago. Trump no quiere amigos, sino súbditos y Claudia Sheinbaum ya dejó claro que no lo seremos.

Por un mes la moneda está en el aire.

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