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Cancún

Congreso aprueba refinanciamiento de la deuda pública de Quintana Roo

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Cancún. -El Congreso de Quintana Roo autorizó al Poder Ejecutivo la contratación de uno o varios financiamientos con una o varias instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto de 19 mil 625 millones 687 mil 171.57 de pesos, pagables a un plazo de hasta 30 años.

El objetivo es el refinanciamiento de la deuda de largo plazo, para la obtención de mejores tasas de interés y de plazo, para liberar recursos y destinarlos a proyectos de infraestructura y programas sociales.

La solicitud fue presentada por la gobernadora, “Mara” Lezama, a finales del mes pasado, dictaminada la tarde de ayer por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y aprobada anoche mismo, por 23 votos a favor y 2 en contra, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), conformada por la diputada, Alicia Tapia Montejo y Hugo Alday, durante el arranque del Quinto Periodo Extraordinario de sesiones.

Las y los diputados que votaron a favor, por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde (PVEM), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) argumentaron que su voto fue “razonado” y aclararon que no se trata de aumentar la deuda.

La deuda pública a largo plazo en el tercer trimestre del año asciende a 19 mil 551 millones 246 mil 139 pesos, de acuerdo con la Sefiplan.

Dicha cifra, sumada a los pasivos actuales que ascienden a 4 mil 689 millones 781 mil 413, más el monto de deuda de corto plazo por 652 millones 218 mil 814 pesos –saldo del crédito por mil 500 millones de pesos que este gobierno solicitó– dan un total 24 mil 893 millones 246 mil 367 pesos, por concepto de deuda pública.

Básicamente, el monto refinanciado corresponde sólo al que compete a la deuda pública de largo plazo, solicitando un crédito de hasta por 19 mil 625 millones 687 mil 171.57 de pesos para pagar ese adeudo con mejores tasas de interés y a un plazo pagable a 30 años, es decir, al 2053, lo que lo extiende ocho años más, incluido el pago de intereses, aún cuando la tasa sea preferencial.

“La reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo, permite que las entidades liberen recursos destinados al pago de la deuda, para reorientar así, dichos recursos en proyectos de infraestructura y programas sociales.

“Pero también existen pasivos que presionan a las finanzas públicas, como es la deuda pública a corto plazo, conformada por deudores, por adeudos a proveedores y a contratistas, así como de obligaciones fiscales”, dijo la diputada por Morena, Mildred Ávila.

La legisladora explicó que durante el año de administración de Lezama Espinosa, los pasivos de corto plazo recibidos, que ascendían a 7 mil 156 millones de pesos, que correspondían a los rubros de proveedores y contratistas, así como las contribuciones fiscales se redujeron a 4 mil 819 millones de pesos, pero luego dijo que a 3 mil 500 millones de pesos.

El gobierno estatal argumentó que este es buen momento para la reestructura de la deuda, debido a las condiciones actuales de las finanzas estatales, que se encuentran en Verde, dentro del Semáforo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), “como nunca antes” y a que la calificación crediticia del estado mejoró en esta administración, pasando de BB a A.

Sin embargo, las tasas de interés, en la actualidad son más elevadas y la calificación crediticia citada por el gobierno y por la propia Ávila Vera, se estableció con base en el Presupuesto de Egresos del 2023, no a manera de evaluación por un buen manejo de las finanzas.

La legisladora señaló que la actual administración recibió una deuda pública de largo plazo de 20 mil millones de pesos, que se redujo a 19 mil 625 millones de pesos, pero el dato que dio es incorrecto.

De acuerdo con datos de la propia Sefiplan, la deuda pública de largo plazo que el gobierno de Carlos Joaquín dejó a la administración de Lezama Espinosa, fue de 19 mil 608 millones 364 mil 028 pesos, al 30 de septiembre del 2022.

Al margen de esos equívocos, el refinanciamiento de la deuda fue respaldado por la mayoría del pleno, incluida la oposición.

La diputada por el PRI, Elda Candelaria Ayuso, quien votó a favor, atinó a solicitar a la Sefiplan que el proceso de contratación de los créditos se apegue al marco legal, que se informe lo relacionado con las instituciones crediticias, el costo de las tasas de interés y los compromisos de cumplimiento del pago.

El diputado Julián Ricalde, quien se separó de Fuerza por México (FxM), recordó los fuertes endeudamientos contraidos durante los sexenios de Félix González Canto y Roberto Borge, periodos que calificó como “12 años de latrocinio espantoso para Quintana Roo, del que no se recuperan las finanzas del todo y menos con la pandemia que afectó de manera importante el sexenio anterior”.

Ricalde Magaña añadió que aun cuando se esperaba que el refinanciamiento fuese durante el cambio de gobierno, se confía que se esperó a tener mejor analizado el tema.

“El tema está muy claro, son casi 19 mil 600 millones de pesos y los plazos, 30 años. Esos son los marcos de referencia con los que tiene que trabajar el encargado de las finanzas para salir a licitar y buscar mejores condiciones en el mercado y pueda tener mayor liquidación este gobierno”, señaló, aclarando que su voto a favor no era una “renuncia” a vigilar el proceso.

Cinthya Tamilie Millán, del PAN, insistió que se ha verificado que no se trata de un nuevo endeudamiento, resaltó que la deuda pública a refinanciar equivale casi a la mitad del presupuesto anual del estado y que se solicitó que los recursos que se liberen con la reestructura se destinen a proyectos de infraestructura.

Maritza Basurto Basurto, por Movimiento Ciudadano, criticó que siendo un estado “tan joven, estemos tan endeudados” y, previo a votar a favor, subrayó que debe garantizarse que el proceso sea transparente y efectivo.

En sus intervenciones, las y los diputados de Morena, Luz María Beristain, Ricardo Velazco, Humberto Aldana, que en el pasado criticaron el mismo tipo de reestructura hecha, bajo los mismos preceptos, consideraron que con este gobierno se ha actuado “con muchísima responsabilidad financiera” y que este refinanciamiento va en sintonía con ello.

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Cancún

Mara Lezama se une a Claudia Sheinbaum para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030

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CDMX- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó, junto con gobernadores del país, en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, evento histórico convocado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum reunió a gobernadores de todos los partidos, empresarios, instituciones académicas y distritos de riego para un acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad.

Como parte de este acuerdo, Eduardo Tricio, empresario de la firma Lala regresó concesiones de la zona de Cuatro Ciénagas, una demanda histórica de ambientalistas y ejidatarios y se comprometió con la tecnificación de riego.

En el Parque Ecológico de Xochimilco, la titular del Ejecutivo de Quintana Roo ocupó un lugar relevante en el presídium, junto con secretarias y secretarios del gobierno federal, diputados y senadores, empresarios, usuarios del agua, unidades y distritos de riego, quienes firmaron el acuerdo.

En su intervención la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Acuerdo Nacional contempla acciones y compromisos para garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente. El Plan Nacional Hídrico contempla 4 ejes rectores: política hídrica y soberanía nacional, Justicia y acceso al agua, Mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático y Gestión integral y transparente.

Agradeció a todas y todos quienes firmaron este Acuerdo Nacional que aportará beneficios al país al poner orden en las concesiones sobre el uso del agua, mejorar el riego y hacer más eficiente la producción, cumplir las normas y hacer mayor uso del agua reciclada, tener un Plan Maestro por cada estado del país para el uso del agua, atender las zonas de México que atraviesan una crisis, como la zona norte y parte del Centro, y el saneamiento de tres ríos.

Quintana Roo aporta para los compromisos nacionales, en concordancia con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, acciones tales como dotar a las personas agua de calidad y continuidad adecuada para satisfacer las actividades cotidianas; mejorar aún más los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento con el apoyo del gobierno federal; seguir la incorporación de más usuarios a la red de drenaje existente para canalizarlos a las plantas de tratamiento y evitar la contaminación del acuífero.

Asimismo, avanzar en la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en Holbox y otra en Cozumel, que se sumarán a la de Tulum para reducir la extracción de agua del acuífero y en las zonas rurales usar paneles solares para garantizar el suministro, y fortalecer las campañas de concientización para el ahorro, uso y cuidado del agua a través de los 9 espacios del agua que funcionan en los municipios.

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Cancún

IMOVEQROO realiza curso de Introducción a los Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial

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Cancún.-El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, IMOVEQROO realizó el Curso de Introducción a los Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial que reunió a más de 50 especialistas en la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) campus Cancún.

Este curso capacitó a especialistas, académicos y autoridades en estudios de impacto de movilidad, con el objetivo de promover una movilidad más segura, equitativa y eficiente en Quintana Roo, como lo marca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El director general del IMOVEQROO, Rodrigo Alcazar Urrutia, destacó la importancia de las auditorías de movilidad y seguridad vial para crear entornos más seguros y accesibles en todo el estado.

Estas auditorías de movilidad y seguridad vial son instrumentos que permiten conocer las características actuales de la infraestructura para la movilidad, señalización, sistemas de control de tránsito, entre otros.

“Dichas acciones permitirán al Instituto proponer soluciones que prioricen a peatones y ciclistas, así como al transporte público, sin descuidar al transporte privado y particular”, mencionó Rodrigo Alcazar.

El evento estuvo dirigido a todas las personas servidoras públicas con alguna implicación en la movilidad como Desarrollo Urbano y la Dirección de Tránsito en los 11 municipios, además de los órganos colegiados como urbanistas, arquitectos e ingenieros civiles.

El curso, impartido por Aldo Alaníz, director de Estudios y Proyectos, y Socorro Román, jefa de departamento de Impacto y Movilidad Sustentable del IMOVEQROO, brindó la oportunidad a los más de 50 asistentes de conocer los procesos para evaluar el impacto de movilidad y realizar auditorías de seguridad vial.

Además, el curso no sólo impartió conocimientos teóricos, sino también, fomentó el intercambio de experiencias entre participantes, quienes pudieron complementar sus casos prácticos con la normativa vigente.

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