Nacional
CNDH afirma que el 2017 fue un año de desgracia para el periodismo

CIUDAD DE MÉXICO, 7 DE ENERO.- Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirma que 2017 fue un año de desgracia para el periodismo en México, debido al número de reporteros asesinados en el cumplimiento de su oficio, al informar sobre temas como narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción.
El visitador considera que es necesario que las entidades tengan mecanismos locales de protección para reporteros y no se deje todo al ámbito federal. Ante el alto número de muertes en Veracruz de integrantes del gremio, dice que hay preocupación, por la protección y prevención de periodistas en la entidad.
Indica que la impunidad es la constante en las denuncias contra comunicadores , ya que en 90% de las 176 averiguaciones previas no se realizaron los trámites adecuados para garantizar justicia ante las agresiones.
Como es costumbre en los comicios, adelanta, este año el organismo desplegará personal para cuidar los derechos de los comunicadores.
Año de riesgos
Acaba de terminar 2017, un año en el que las cifras hablan de 13 periodistas asesinados en México. ¿A qué se le puede atribuir esta cifra tan alta?
—Son varios factores. Hablar de 2017 es hablar de un año malo para los periodistas y para los comunicadores, un año de desgracia para los periodistas, de preocupaciones; un año de riesgos fuertes para los que ejercen la labor de comunicación.
No fue un año que haya sido bueno, sino malo. Si no hay una mejoría del país en general, pues tampoco es algo normal que hubiera una mejoría en ciertos sectores. Entonces, sí es un problema general en el cual está inmersa la labor de los periodistas.
Esto por un lado, pero por otro, también vemos que continúan algunos temas muy fuertes en el ambiente, temas de narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción, y a los periodistas les corresponde investigar.
¿En México es fácil matar a un periodista y que quede impune?
—Yo no lo diría en esos términos. Lo que te diría es que no hemos tenido buenos resultados en materia de condena a la persona que osó levantar la mano en contra de un periodista.
Nosotros ya hicimos un estudio, una recomendación general que hemos estado señalando una y otra vez, en la que analizamos 176 averiguaciones previas y de esas tenemos más de 90% de impunidad, porque no se hizo la averiguación correctamente o la carpeta de investigación no se integró correctamente, pero no hay un resultado, o habiendo un resultado, la sentencia no es condenatoria, sino que es absolutoria.
En general, es la situación de 90% de los casos en este año que finalizó. Por ejemplo, los signos de un avance en la impunidad no son muy buenos, y lo digo en relación con estos asesinatos que hemos visto a lo largo de 2017.
En un Estado de derecho no puedes estar con una impunidad de este nivel. Sí, tenemos una situación preocupante por el grado de impunidad que existe respecto a los asesinatos de los periodistas en 2017. A eso hay que sumarle los otros que traemos atrás y en general, nosotros hablamos de una cifra de 130 personas que han sido privadas de la vida, de 2000 a la fecha.
¿Urge hacer una revisión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?
—Se han hecho avances y modificaciones. Desde que se emitió la ley, de 2012 a la actualidad, ha pasado por momentos diversos de crisis, se han hecho avances y se ha fortalecido.
El año pasado, por ejemplo, tuvimos un problema económico fuerte: no tenía ya recursos en septiembre para dar el apoyo a las diversas personas que son beneficiarias del mecanismo. Fue un momento tenso. Imagínate, si les quitas la protección o la vigilancia, los pones en riesgo.
Se han fortalecido etapas, afortunadamente a raíz del asesinato de Javier Valdés y la llamada internacional, porque eso fue lo que detonó internacionalmente. Gracias a eso el Presidente de la República se reunió con los gobernadores y se iniciaron una serie de actividades para lograr fortalecer el mecanismo.
Nosotros somos partidarios que existan mecanismos a nivel local, ¿por qué?, porque hay una gran responsabilidad de las entidades. Cuando se asesina a un periodista en un estado inmediatamente entra el mecanismo nacional, pero ¿y a nivel de la entidad federativa qué? ¿Qué no tenían responsabilidad las autoridades locales de lo que estaba pasando? Deben dar una respuesta. El mecanismo nacional no puede sobrevivir siguiendo o tomando los casos a nivel estatal. Algo deben de hacer los estados.
Se requiere más responsabilidad de gobiernos estatales
¿Los gobernadores no están haciendo su chamba? ¿Se lo están dejando todo al ámbito federal?
—Es complicado lo que pasa en las entidades. Hace falta más trabajo de los estados. Nos hace falta ver más responsabilidad de las entidades federativas, ver más sensibilidad de los titulares de las entidades en relación con la labor de periodistas.
¿Veracruz es el cementerio de los periodistas en México?
Es la entidad federativa que mayor número de casos tiene. Estamos hablando de 21, según nuestras estadísticas; el que más cerca le queda es Oaxaca, con 15, y luego ya tenemos varias entidades federativas con 14, entre ellas Chihuahua.
Sí hay una preocupación muy amplia, muy fuerte y muy profunda en el estado de Veracruz con 21 privaciones de la vida. El año pasado fueron dos; el anterior, tres, y el otro, tres. Se han ido sumando. Creo que hace falta más, mucha más atención en la labor de protección a periodistas y en la labor de prevención, principalmente.
Presencia en elecciones
¿La CNDH implementará algún protocolo en el marco del proceso electoral de este año?
—No será el primer proceso en el que estamos presentes en esta administración, hemos visto otros procesos electorales. Este año vamos a tener una jornada electoral muy intensa a nivel nacional y en entidades federativas. La comisión estará muy atenta porque así lo ha estado en todos sucesos de esta naturaleza y de otra para ver que no se violen los derechos humanos de las personas y en especial los de los periodistas.
Lo que estamos viendo en la Ciudad de México, ciertamente, son actos previos a una jornada electoral que habrá. Estamos apenas en ciernes, en el camino y ya estamos viendo eso. Entonces muy probablemente este nivel de riesgo se incrementará y por supuesto, la CNDH intervendrá en los casos y emitirá las medidas cautelares que sean necesarias para que las autoridades que cubren la seguridad estén al pendiente de la labor que realizan los periodistas en eventos de esta naturaleza.
Fuente El Universal

Nacional
EXPLOSIÓN DE GAS EN PUENTE LA CONCORDIA DEJA 3 MUERTOS, 70 HERIDOS Y CAOS EN CDMX

Una potente explosión registrada en el Puente La Concordia, en la zona oriente de la Ciudad de México, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y al menos 70 heridas. El incidente ocurrió la tarde del 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP sufrió una volcadura y posterior estallido mientras circulaba por Calzada Ignacio Zaragoza.

El fuego alcanzó decenas de vehículos, provocando la destrucción total de al menos 28 automóviles, daños estructurales en el puente y afectaciones en viviendas cercanas. La columna de humo fue visible a varios kilómetros, generando alarma entre la población y obligando a evacuar la zona.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato, incluyendo ambulancias, bomberos y personal de protección civil. Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos, algunas en estado grave. Las autoridades confirmaron que la empresa responsable del transporte no contaba con seguro vigente, lo que complica la atención a víctimas y la reparación de daños.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Se estima que las pérdidas materiales superan los 20 millones de pesos. La circulación en la zona permanece cerrada y se mantiene vigilancia permanente.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
“Huachicol Fiscal: Altos Mandos y Empresarios en Red de Corrupción Multimillonaria”

En un operativo sin precedentes, autoridades federales desmantelaron una red dedicada al contrabando de combustible mediante documentación falsa y evasión fiscal. La acción conjunta de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad derivó en la detención de al menos 50 personas, entre ellas mandos militares y empresarios vinculados al sector energético.

Destacan las capturas del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar de un exsecretario de Marina, y de los presuntos líderes Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, y Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como “El Flaco de Oro”. Se aseguraron más de 10 millones de litros de diésel, vehículos, armas y documentación apócrifa en el puerto de Tampico.
Omar García Harfuch, titular de Seguridad, declaró que “no habrá impunidad” y que este golpe fortalece la credibilidad institucional. Subrayó que el operativo fue resultado de meses de inteligencia y coordinación.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “cuando hay evidencia de corrupción, se actúa sin distinción”. Reiteró su compromiso con la justicia y reconoció la labor de la Marina. También lamentó el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien estaba bajo investigación, aunque aclaró que no se ha confirmado su vínculo directo con la red.
Las investigaciones continúan y se prevén nuevas órdenes de aprehensión. El caso revela un esquema de corrupción que involucra permisos falsos, evasión de impuestos y comercialización ilegal de hidrocarburos, con pérdidas millonarias para el país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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