Ciudad de México.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado de desvío de recursos y un desfalco que superaría los más de mil millones de pesos, según las investigaciones, está en la antesala de ser extraditado a México, donde se prevé que enfrente su proceso en libertad, como ha advertido el activista Jaime García Chávez y confirmado el propio abogado del exmandatario. 

Duarte Jáquez, quien fue detenido en Estados Unidos el 8 de julio de 2020, después de permanecer prófugo desde 2017, ha sido señalado como el autor y artífice de una red de corrupción que desfalcó al estado de Chihuahua. El exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra por desvío y malversación de recursos, entre las que destaca la llamada “Operación Safiro”, la trama de corrupción que involucra al menos a 12 empresas fantasma para desviar 650 millones de pesos de los gobiernos priistas de Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México y Sonora, así como del Congreso de Morelos y de la Alcaldía capitalina Milpa Alta, para presuntamente beneficiar campañas políticas del tricolor.

Sin embargo, al llegar a territorio mexicano, el exgobernador podría correr con la mejor de sus suertes debido a que por motivos del Tratado Internacional de Extradición sólo se le podría procesar por una de las 21 órdenes de aprehensión en su contra, lo cual, le abriría la puerta a no seguir su caso desde la cárcel, según advirtió el abogado y activista chihuahuense, Jaime García Chávez, quien fue uno de los primeros que denunció a César Duarte por corrupción política en el año 2014.

“Hay varias cosas que decir con mucha precisión: en primer lugar, estaría regresando a México con la carga de un delito que se llama peculado que alcanzaría una cifra de 96 millones de pesos. Es decir, estamos en presencia, de acuerdo a las leyes mexicanas, de un delito que no se considera grave y que no requiere prisión preventiva, lo que nos hace pensar que puede sortear con mucha facilidad el proceso en libertad”, expresó el activista.

García Chávez, además, acusó que en Chihuahua el grupo que apoya e impulsa a César Duarte ha tomado fuerza y ha estado preparando el terreno para que el exmandatario, además de ser liberado, también sea presentado casi como un “mártir”.

“El Gobierno de María Eugenia Campos y la red fundamental de los medios más influyentes que hay en Chihuahua han estado desde hace un mes y medio preparando el terreno para convertir a César Duarte en un mártir de una persecución política”, dijo en entrevista con este medio.

Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte, confirmó que la extradición del exmandatario está por realizarse y que la defensa solicitará que su proceso se realice en libertad, pues aseguró que sólo podrá ser regresado al país por una orden de aprehensión, la cual, tiene que ver con el delito de cohecho que no amerita prisión preventiva.

No obstante, el defensor del exmandatario dijo que no hay una fecha exacta para el arribo de Duarte Jáquez a Chihuahua.

“Las fechas para ser extraditado son inciertas. Hay muy poca claridad jurídica al respecto en respecto a los términos y los plazos para que se concrete”, dijo Juan Carlos Mendoza en entrevista con SinEmbargo.

En tanto, García Chávez consideró que el regreso del exgobernador al país posiblemente pueda ocurrir en el periodo de Semana Santa:

“Está pavimentada la carretera para que él venga con el mayor número de ventajas, lo que podría suceder es que, arbitrariamente se le brindara a él la posibilidad de que llegue en Semana Santa, con la desmovilización que ocasiona el periodo vacacional y que de eso depende que él llegue y solicite de inmediato su libertad para seguir el juicio libre o que incluso llegase a garantizar la cantidad que le están reclamando (96 millones de pesos), entonces, pues es muy fácil: él podría irse a descansar a su casa y que esto quede en una impunidad similar a la de Lozoya, pero con mayores ventajas”, afirmó García Chávez.

El noviembre del año pasado, la Juez Lauren Louis, Magistrada de la Corte de Miami, Florida, Estados Unidos determinó la extradición de César Duarte a México para hacer frente a los cargos que se le imputan.

La orden fue dictada nueve meses después de la audiencia del 26 de enero de 2021, en la cual la Jueza adelantó que se inclinaría por avalar la extradición, luego de manifestar su escepticismo sobre los alegatos de la defensa.

Jaime García Chávez explicó que una vez que el exgobernador perdió un hábeas corpus —un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias— contra la orden de extradición en Estados Unidos, ahora su defensa trata de presentar su extradición como si el exmandatario quisiera dar la cara, pero en realidad, dijo, regresará obligado por una resolución judicial.

El activista explicó que aunque Estados Unidos está obligado a entregar a César Duarte a México, debido al Tratado de Extradición y principio de especificidad, el exgobernador sólo podría ser encausado penalmente en Chihuahua por un sólo expediente y no por las 21 órdenes de aprehensión que existen en su contra.

La causa por la que será extraditado es el delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos, que no amerita prisión preventiva. Sin embargo, destacó que además de poder enfrentar el proceso en libertad condicional, quedará impune de los demás delitos que ha sido acusado.

“Eso quiere decir que otros delitos tan graves (que cometió) como el enriquecimiento ilícito, el tratar de crear un banco, violaciones a las leyes bancarias del país, así como el cúmulo de denuncias que presentó (el exgobernador) Javier Corral se van a ir ‘al caño y la basura’ y quedarán en la impunidad […] es decir, esas denuncias quedarían purificadas por un mecanismo de extradición que ha tolerado el Gobierno chihuahuense y que ha tolerado la Fiscalía de Gertz Manero y antes la PGR”, dijo.

García Chávez dijo que entre los delitos que pueden quedar impunes están la denuncia que realizó en septiembre de 2014, por el enriquecimiento ilícito por la cantidad de 65 millones de pesos que, se presume, fueron empleados para crear un banco del exgobernador, es decir el caso de banco Unión Progreso de Chihuahua.

El pasado 14 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, a pregunta expresa, que estaba de acuerdo con que César Duarte se pudiera adherir a un criterio de oportunidad siempre y cuando reconozca complicidades mayores con las que fueron cometidas los ilícitos y los bienes sean recuperados.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario informó que la extradición seguirá su curso y que espera que la Fiscalía General de la República lleve a cabo el trabajo que le corresponde.

“Nada más decir que nosotros vamos a continuar con todo el proceso de extradición, lo que corresponde a Relaciones Exteriores y la Fiscalía, que es autónoma, está haciendo también su trabajo. Cuando se solicita este recurso de actuar como testigo protegido, tiene otro nombre ‘criterio de oportunidad’, es el inculpado el que tiene que hacer la solicitud y la Fiscalía resuelve”, explicó López Obrador en aquel entonces.

Sin embargo, la causa penal en contra del mandatario en materia federal, que es la denuncia presentada por enriquecimiento ilícito y el banco Progreso no ha avanzado.

Al respecto, García Chávez recordó que en el último tramo del sexenio anterior, “Enrique Peña Nieto solicitó, a través de la PGR, que se decretara el no ejercicio penal contra Duarte , es decir, EPN quiso irse de la Presidencia dejando en libertad a su amigo César Duarte”, dijo el abogado.

No obstante, García Chávez tuvo que recurrir a dos amparos que finalmente obligaron a la ahora FGR a que justificara esa pretensión de la no acción penal, “cosa que no ha sucedido hasta ahora”, comentó.

El activista reiteró que la red de “duartistas” así como los cómplices y políticos relacionados con el exmandatario —que fueron acusados, detenidos y algunos sentenciados—, ya han sido liberados y en las últimas semanas se han dedicado a ofrecer ruedas de prensa en las que tratan de argumentar que todo lo que se ha realizado contra la corrupción de Duarte fue una patraña.

“Ya casi están las condiciones para que César Duarte regrese como un mártir al que hay que pedirle perdón y al que hay que regresarle su libertad completa y hasta los bienes de los cuales se hizo, siendo que él, antes de ser Gobernador, no era más que una persona ordinaria”, afirmó.
En cuanto a los bienes que el Gobierno de Chihuahua le decomisó al exmandatario el pasado 3 de diciembre, un Juez civil ordenó a la Fiscalía General de Chihuahua que le restituya la posesión de ocho propiedades, sin embargo, autoridades de Chihuahua respondieron que no es posible regresar los inmuebles, pues se encuentran en un proceso legal.

Las propiedades que deberían ser devueltas son seis ranchos ubicados en el municipio de Balleza: El Saucito, de 609 hectáreas; Mesa de las Ajuntas, de mil 095 hectáreas; El Taraiz, de mil 211 hectáreas; Rancho de En medio, de 551 hectáreas; Labor Muniseña, de 11 hectáreas y La Mesa, de 511 hectáreas. No obstante, la Fiscalía realizó acciones legales para mantener el aseguramiento.

Duarte Jáquez fue Diputado federal. Aspiró a ser dirigente nacional del PRI, y allí ocupó distintas carteras: presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Chihuahua; y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

Y luego fue Gobernador. Una vez allí, colocó a familiares y amigos en distintos puestos; endeudó a Chihuahua por todas las vías posibles, incluyendo bonos carreteros y contratando directamente créditos y créditos.

Se compró ranchos, robó ganado a pequeños productores, adquirió animales exóticos para que corrieran en sus llanuras y, en la retirada, se llevó hasta la Bandera con hilo de oro que estaba en el despacho de Gobernador, y que en algún momento ocupó un héroe cuyo nombre está escrito con letras de oro en la Cámara de Diputados de México: El General Francisco Villa.

Fuente Sin embargo