Ciudad de México.– Gobernadores de los estados que renovarán gubernaturas han emitido declaraciones sobre candidatos y entregado apoyos de manera pública a sus gobernados durante el periodo de precampaña o campaña, como ha ocurrido en otros procesos electorales, pese a la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, el cual suscribieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los mandatarios de Baja California, Jaime Bonilla Valdés (Morena); Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (PRI); Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (PRI); Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (PRD) y Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez (PRI) han sido denunciados ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestamente interferir en las campañas con recursos públicos.

Además, los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis (PAN); San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López (PRI) y Chihuahua, Javier Corral Jurado (PAN) han sido señalados de intervencionismo.

La exconsejera electoral Pamela San Martín explicó en entrevista con SinEmbargo que durante el periodo electoral los funcionarios públicos pueden caer en una falta administrativa que debe notificarse al organismo electoral local para su sanción, y el delito electoral debe denunciarse ante la Fiscalía Electoral local para que concluya en encarcelamiento o sanción.

Pero, aclaró, la entrega de programas sociales durante las campañas electorales no está prohibido a nivel federal ni local.

 “La entrega en principio está permitido en cualquier momento porque atienden una necesidad de la población. Pero todos los programas deben ajustarse a sus propias reglas de operación sobre el padrón de beneficiarios, los momentos y montos de entrega para evitar que sean utilizados con fines electorales”, detalló.

Sobre las declaraciones de gobernadores entorno a los contendientes, San Martín aseguró que se trataría de una “conducta irregular” por lo que la queja debe presentarse ante los organismos electorales locales. 

Los gobernadores de los estados en elección históricamente han intervenido en el proceso electoral para favorecer a los candidatos de sus partidos, una práctica que en 2015 ocasionó que las autoridades anularan la elección en Colima por una intervención indebida del gobierno del entonces mandatario Mario Anguiano Moreno. No obstante, las denuncias por presunta intromisión de los mandatarios estatales ha sido una constante en las elecciones.

En ese contexto fue que el 23 marzo, los gobernadores de las 32 entidades firmaron en Palacio Nacional junto con el Presidente López Obrador un acuerdo de neutralidad y no intervención durante el histórico periodo electoral, para garantizar unas elecciones libres, limpias, así como respetuosas a la voluntad de la ciudadanía ahora que el delito electoral es considerado grave.

Fuente Sin Embargo