Chetumal ( Ericka Novelo / 5to Poder).- La Fiscalía General de la República inició una nueva investigación en contra del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, ahora por su presunta implicación en la llamada “Estafa Maestra”. Durante su administración no sólo intentó comprar una isla en el Caribe en 2 millones de dólares, sino que además desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”. Este diciembre se cumplirán tres años y seis meses de su detención.

Dicha investigación también implica a los ex mandatarios del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz; Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, todos señalados por Emilio Zebadúa González, Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la administración de Rosario Robles Berlanga, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la versión de Zebadúa González, tanto el ex presidente Peña Nieto como Robles Berlanga orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades en las que se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social.

Dichas instituciones recibieron los contratos de la llamada “Estafa Maestra”, recursos para las campañas priístas que se operaron durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones Rivera (20 de agosto de 2015 – 20 de junio de 2016) y Enrique Ochoa Reza (12 de junio de 2016 – 2 de mayo de 2018) en el PRI nacional.

En el caso de Quintana Roo, uno de los involucrados de manera directa, luego del ex gobernador Roberto Borge Angulo, es Jorge Eugenio Acevedo Marín, ex director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

Como se recordará, las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra de los ex funcionarios involucrados en la llamada “Estafa Maestra” sigue vigente, aunque quieta, por la falta de información pública, supuestamente nula para no entorpecer las pesquisas.

En su momento, fue confirmada la versión por la directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, quien fue la funcionaria del “Gobierno Cambio” que compareció ante los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado.

Dijo que no le han otorgado dato alguno sobre los implicados en la llamada “Estafa Maestra”, pero que continúan las investigaciones en contra de ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social quienes al parecer desaparecieron 800 millones de pesos.

Los involucrados e investigados son el ex director del Sistema, Jorge Eugenio Acevedo Martín; Gerardo Vázquez Handall, ex administrador; y también José Luis Pech Galera, hijo del senador José Luis Pech Várguez.

Como se recordará, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) estaba por congelar cuentas de implicados con la llamada “Estafa Maestra”, en donde están relacionados ex funcionarios quintanarroenses de la era “Borgista” y de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

De hecho, a la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) le fueron inhabilitadas sus cuentas bancarias porque dicha institución está relacionada con el enorme desvío de recursos realizado, sobre todo, desde las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las autoridades federales investigan a fondo la participación de Jorge Acevedo Marín, Gerardo Vázquez Handall y el entonces rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, José Luis Pech Galera, hijo del senador morenista José Luis Pech Várguez.

Los primeros dos ex funcionarios borgistas, quienes han sido declarados oficialmente prófugos de la justicia (aunque se les ha visto en el Estado como si nada pasara) podrían ser detenidos en breve y juzgados por el desvío de más de 800 millones de pesos.

El famoso tema de la “Estafa Maestra” realizado por la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y posteriormente, de la Sedatu, Rosario Robles Berlanda, podría tomar otros tintes en Quintana Roo y sentar frente a los jueces federales y estatales a ex funcionarios colaboradores del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

En su momento, el Poder Judicial de la Federación, a través del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, concluyera no amparar a Jorge Eugenio Acevedo Marín y Gerardo Vázquez Handall.

Debido a la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, luego de que la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) detectara un desfalco realizado en la administración de Jorge Eugenio Acevedo Marín, al frente del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCQS) por más de 800 millones de pesos.

Por ese hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación en contra de quien fuera también vocero del ex gobernador Félix Arturo González Canto, debido a que se le señala del desvío producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Por otra parte, y por separado, también se le investiga a José Luis Pech Galera hijo del senador morenista por Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, quien desde su llegada a la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) en 2013, operó diversos fraudes relacionados con la denominada “Estafa Maestra” encabezada por la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

En su momento se le observó con la adquisición de varios vehículos de lujo, entre ellos un SUV´s de la marca Mazda y un autobús, que hicieron sospechar por completo que se trataba de importantes desvíos.

La corrupción del ex gobernador Roberto Borge Angulo no tuvo límites. Durante su administración no sólo intentó comprar una isla en el Caribe en 2 millones de dólares, sino que además desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”.

Este mes de diciembre se cumplirán tres años y seis meses de la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo, el 4 de junio de 2017, y 2 años y 11 meses de su extradición, 4 de enero de 2018.