CIUDAD DE MÉXICO.- Una lista de 36 nombres, cuya filtración no ha sido reivindicada, convirtió en un escándalo los recursos de publicidad oficial y “otros servicios”, por establecer los montos que presuntamente beneficiaron a periodistas y comunicadores con recursos públicos de manera personal. La lista generó todo un debate sobre la necesidad de hacer más transparente el gasto público en publicidad oficial y limitar los montos y porcentajes que el Gobierno puede pagar a un medio.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), negó haber difundido el listado como parte de la substanciación de un recurso de revisión interpuesto con motivo de una solicitud de información en la que se pidió, a la Oficina de la Presidencia de la República, la lista de comunicadores favorecidos el sexenio pasado, a quienes se han referido sin precisar nombres ni montos tanto el mandatario como su coordinador de Comunicación Social y Vocero, Jesús Ramírez Cuevas.

Por su parte el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, “en honor a la verdad”, que no fue su oficina la que difundió la lista que, hasta ahora no ha sido reivindicada por ninguna instancia oficial, pero cuyos datos si fueron aceptados por algunos de los aludidos.

Entre los mencionados destaca el columnista, conductor de radio y televisión, Joaquín López Dóriga, quien la noche del jueves negó haber recibido recursos del gobierno. El listado difundido, establece que habría obtenido 251 millones 482 mil pesos a través de cuatro razones sociales, identificadas como Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.

“Es muy fácil ver si la publicidad incide en líneas editoriales: basta revisar el comportamiento editorial de los medios y los periodistas” 

Raymundo Rivapalacio / periodista

Otro de los mencionados es el historiador Enrique Krauze que, con las razones sociales Editorial Clío y Editorial Vuelta, habría obtenido 144 millones 80 mil pesos. Krauze, a través de la edición digital de Letras Libres, escribió un artículo precisando el objeto de sus contratos con el gobierno peñanietista, entre estos, la publicidad, pero también la producción de documentales que se incluyeron en la sección “otros servicios”.

REGULACIÓN, DEMANDA PENDIENTE

La regulación de la publicidad oficial ha sido una vieja demanda, especialmente manifiesta en 2012, cuando el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, prometió una ley al respecto. Dicha ley se incluiría luego como objetivo del Pacto por México, pero jamás se concretó. 

Desde siempre, el uso del presupuesto para la difusión de obras y servicios del Estado, ha sido empleado como instrumento de control en los medios de comunicación que, en los hechos reclama injerencia en la línea editorial a cambio de presupuestos.

“Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos”

Andrés Manuel López Obrador / presidente

La frase de José López Portillo “no pago para que me peguen”, declarada al ser cuestionado sobre la suspensión de publicidad a Proceso, es la premisa fija en la relación de los medios de comunicación con el poder y en el caso del semanario se ha verbalizado de distinto modo para cerrar los recursos publicitarios o escamotearlos en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El estimado de 60 mil millones de pesos erogado durante la administración de Enrique Peña Nieto representa el mayor registro histórico de asignación a publicidad, pero también fue el más ineficaz. 

En su conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador abundó en el tema, sostuvo que no daría a conocer los nombres, pero que los había entregado al INAI para que resolviera si darlos a conocer o no.

El tema es más político que administrativo pues conforme a la ley no existe ninguna condición para reservar nombres de empresas y montos de contrataciones gubernamentales.

“¿Que trata de decir señor Presidente que quienes recibimos, según su oficina, millones de pesos somos hampones? Si es así, por mi parte proceda” 

Beatriz Pagés / periodista

DESMIENTEN

Las respuestas de los 34 mencionados insisten en la legalidad de sus contratos, en tanto, se sabe que a la oficina de la Presidencia de la República se han realizado alrededor de 50 solicitudes de información con el mismo motivo y que, la lista entregada al INAI no es pública hasta ahora, según expuso el vocero Ramírez Cuevas.

En tanto, el INAI precisó que no confirmará la veracidad del listado hasta en tanto no se dictamine el cumplimiento de la instrucción que devino de un recursos de revisión resuelto por el pleno el 8 de mayo, en el que instruyó a la Presidencia que transparentara el padrón de personas físicas y morales inmersas en el negocio de la publicidad oficial.

AMLO VS MEDIOS 

A través de su trayectoria, López Obrador ha mantenido una relación complicada con los medios de comunicación y, desde la campaña de 2018, suele desmentir, descalificar o imponer calificativos y sobrenombres a medios de comunicación, como parte de lo que él denomina su “derecho de réplica” al mismo tiempo de reivindicar respeto a la libertad de expresión.  

Expuso que los contratos de publicidad continuarán, pero se harán de manera transparente y se terminará con el abuso. Como se sabe, el nuevo gobierno redujo a la mitad el gasto publicitario ejercido el año pasado, para situarse en torno a los cinco mil millones de pesos programados para este 2019 como parte de su política de austeridad.

Al referirse a su respeto a la libertad de expresión, y su compromiso con no censurar a medios ni periodistas, López Obrador mencionó los casos de algunos comunicadores que aparecen en el listado difundido el jueves.