Por Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 12 DE MARZO.- El empecinamiento de Miguel Ángel Lemus Mateos en declarar que aún hay posibilidades de desarrollar el lugar, es por desconocimiento de la ley, toda vez que la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito fue para todo el polígono de Malecón Tajamar, y no sólo para uno o dos lotes.

En junio de 2017, se emitió la resolución que impide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expedir nuevas autorizaciones para fraccionar el sitio, y le ordena la restauración de manglares; posteriormente, en marzo de 2018, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de 113 niños que alegaban su derecho a un medio ambiente sano.

Isabel Cecilia González Glennie, actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, y quien como activista promovió un amparo contra la urbanización y lotificación de Malecón Tajamar, lo que dio pie al fallo del tribunal, detalló a 5to. Poder Periodismo ConSentido que hace tiempo dejó el tema luego que ingresó a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

“Tengo entendido que la Suprema Corte se pronunció con respecto de que el expediente regresara al juzgado de distrito y que el juez le diera cabida a la demanda, y hasta ahí; después escuché que se pretendían desistir de esa demanda porque ya había quedado firme la sentencia del tribunal colegiado, en donde ya el tema Tajamar era un asunto cerrado.”

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Miguel Ángel Lemus Mateos, siempre ha opinado que la sentencia del Tercer Tribunal es ilegal porque no se llamó a los verdaderos propietarios de lotes para comparecer en juicio, violando la garantía de audiencia y, por tanto, de defensa, lo que es violatorio de la ley.“Creemos que todavía hay instancias legales que se pueden seguir, y Tajamar, para ciertos propietarios de predios, se va a seguir dando el litigio correspondiente para lograr la certeza jurídica de sus lotes. Hay algunos que ya dijeron a mí que me paguen, como (Francisco) Pancho Córdova (Lira), y está bien, están en su derecho.”

El empresario, vocero de la mayoría de dueños de predios, dijo hace días que se reunió con la titular de la Semarnat, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, a quien propuso hacer un acto de autoridad y modificar la Ley General de Vida Silvestre o Ley del Mangle a como estaba antes o cumplir la sentencia mediante compensación económica para los terrenos afectados porque, sostuvo, no fueron todos sino sólo tres o cuatro.

Al respecto, la magistrada sostuvo que la postura de Lemus Mateos es porque desconoce la ley porque las sentencias que emite un tribunal colegiado también son definitivas y sólo se pueden impugnar cuando se argumenta una cuestión de inconstitucionalidad; entonces, las conoce la Suprema Corte de Justicia.

“Por desconocimiento de la ley // los empresarios pretendieron promover varias revisiones para que las conociera la Corte y la Corte las desechó porque no hay una cuestión de inconstitucionalidad // entonces, tengo entendido // que ninguna de esas revisiones prosperó, sigue firme la sentencia del colegiado, se tiene que cumplir por parte de las autoridades.”

Incluso, la abogada recomendó recurrir al juicio de responsabilidad patrimonial del estado para agilizar el pago de indemnizaciones por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que oscilarían entre tres mil y cuatro mil millones de pesos, cantidad que incluso Miguel Ángel Lemus duda tenga el organismo, y respondió a la jurista.

“Es una mujer bastante preparada en la materia, lo cual yo no estoy; soy un empresario, un emprendedor que simplemente sigue la lógica y los consejos de sus abogados. Acepto, sin concederle totalmente la razón, que la sentencia tiene que ser ejecutada, y será ejecutada, pero no precisamente por ejecutarse esa sentencia no se va a hacer ya nada en Tajamar.”