Por Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 17 DE FEBRERO.- Estima ambientalista que la construcción del Tren Maya termine en juicio, al considerar que atravesará 15 áreas naturales protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tendrá que evaluar y determinar si una obra de esa magnitud es viable en términos ambientales, difícilmente negará los permisos al presidente.

Así lo señaló Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien señaló lo oportuno de contar com mecanismos de evaluación ambiental distintos para garantizar independencia total del órgano evaluador, porque será el propio gobierno el que evalúe proyectos de la Presidencia, “y difícilmente se negarán los permisos al presidente. Falta un ente independiente, colegiado, que garantice certeza y que no haya conflicto de intereses”.

Además, apenas el martes la titular de la Semarnat,Josefa González-Blanco Ortiz Mena, declaró que las reservas de Calakmul y Sian Ka’an no se tocarán pese a reconocer que “en alguno de los trazos parece que entra, pero no lo hará. Hay mil sitios arqueológicos en el trazo, el tren no pasa, definitivamente no. No lo permitiría”.

Alanís Ortega refirió que al tratarse de un proyecto a iniciativa del Ejecutivo federal, se somete a una gran presión a la Semarnat; empero, el ferrocarril debe cumplir con una serie de pasos para poder llevarse a cabo: en primer lugar, los estudios de impacto ambiental que deben obtener un resolutivo favorable de la dependencia ambiental.

Además, “se debe consultar a los pueblos indígenas en términos de la ley, y en concordancia con el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblo Indígenas, además de respetar los usos de suelo existentes a lo largo del recorrido del tren, y cerciorarse que lo cambios de estatus sean apegados a derecho.

“Si no se hacen bien los estudios de impacto ambiental, en la consulta indígena los van a hacer pedazos; si no sale bien el resolutivo de Semarnat, se los van a recurrir; lo que estamos viendo es que hay mucha prisa por hacer las cosas, se están tropezando y al final el proyecto del Tren Maya podría terminar judicializado.”

La Península de Yucatán es una zona con gran riqueza natural, por lo que se requiere realizar la manifestación de impacto ambiental que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sin importar el derecho de vía en la infraestructura ferroviaria ya existente.

Gustavo Alanís detalló que ese tipo de estudios, por la magnitud del proyecto, se llevaría por lo menos un año, y si el resolutivo es favorable se establecen condiciones al promovente, una serie de lineamientos correctivos, medidas de mitigación y de compensación; eso, al día de hoy, no se ha hecho y se tiene que hacer.

Entre las zonas que tiene protección está la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche y los límites con el de Quintana Roo, que alberga 80 por ciento de las especies vegetales de toda la península, además de 350 especies de aves y casi 100 de mamíferos, además de ser hábitat de 40 especies en peligro de extinción.

“Esos proyectos no se pueden hacer porque a alguien se le ocurrió. Que se hagan, pero respetando la ley, el marco jurídico aplicable; de lo que se trata es que haya legalidad, Estado de derecho”, enfatizó.

Alanís Ortega recordó que en la región se han aprobado megaproyectos sin cumplir con esos requisitos de garantizar la protección del medio ambiente, lo que causa desconfianza de que el Tren Maya cumplirá con estándares internacionales de derechos humanos.

“Sobre todo en el Sureste, más que en cualquier otro punto de la geografía mexicana, hemos tenido muchas obras de infraestructura que se han hecho a costa de la selva, de los manglares, lo que conlleva no sólo a la pérdida de especies animales y vegetales, sino también a la diversidad cultural por las comunidades que ahí habitan.”