“Comentario a tiempo”
Por Teodoro Rentería Arróyave

PRIMERA PARTE

Como les consta a nuestros amables seguidores de estas entregas periodísticas, en la víspera terminamos la serie titulada: “SI LA JUSTICIA NO ES IGUALITARIA NO ES JUSTICIA”, referente a la liberación del coacusado Israel Vallarta Cisneros, tras 20 años de prisión sin condena, decidida en derecho por la jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés.

Siete años antes con motivo del amparo que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a la coacusada de pertenecer a una supuesta organización criminal denominada la “Banda del Zodiaco, inventada por el que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, la ciudadana francesa Florence Cassez, ella si sentenciada a 60 años, fue liberada tras ocho en prisión, y ese mismo aparato de seudo justicia mantuvo a Israel 13 años más en cárcel, para completar 20.

Como es obligación de todo colega, nos unimos al trabajo de periodismo de investigación del Ricardo Raphael, amigo de mis hijos periodistas, Teodoro Raúl y Gustavo, y el autor gran amigo de su padre del mismo nombre, a quien siempre recordaré con especial cariño.

Ricardo en sus artículos periodísticos y luego en su libro de gran éxito, “Fabricación”, denuncia “la historia de un duelo fabricado que se convirtió en un descarado circo mediático; el mito de una madre que, bajo la fachada de una mujer devastada, torció los hechos para ganar notoriedad e influencia, mientras destruía la vida de muchas personas inocentes”.

Pues es el caso que Juana Hilda González, una de las coacusadas del supuesto secuestro, recuperó su libertad, también tras casi 20 años en prisión por el escandaloso “Caso Wallace”. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, le otorgó un amparo definitivo. El alto tribunal determinó que la condena de 78 años se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y otras irregularidades procesales.

La información es de la prestigiada colega, Estrella Pedroza, reportera de IRRADIA NOTICIAS MORELOS y corresponsal de “Proceso”, “La Silla Rota” y otros medios; quien nos relata: Juana Hilda González Lomelí salió libre la noche del 11 de junio del Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO, número 16, en Coatlán del Río, Morelos, tras permanecer más de 19 años encarcelada por el caso Wallace.

A las 23:00 horas, Juana Hilda abandonó el penal con ropa deportiva. Antes de salir, recibió la lectura de documentos oficiales por parte de un custodio. Afuera la esperaban abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP, quienes la tutelaron durante todo el proceso.

Juana Hilda, exbailarina del grupo Clímax, era pareja de César Freyre, ex agente de la Policía Judicial de Morelos, señalado como líder del grupo que supuestamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace, y quien ya fue sentenciado por ese caso, el 27 de octubre de 2011, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal lo condenó a 78 años y 9 meses de prisión, además del pago por la reparación del daño a los padres de la víctima y a su hija, quien en ese entonces era menor de edad.

Después de su liberación, Juana Hilda se trasladó a la Ciudad de México, donde tenía previsto reencontrarse con su familia. El caso se remonta a diciembre de 2009, cuando un juzgado federal sentenció a 28 años de prisión a varias personas, incluida González Lomelí, por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005. La pena fue posteriormente aumentada hasta 78 años y 9 meses. En 2021, Juana Hilda presentó un amparo directo que fue atraído por la SCJN para su análisis.

La Primera Sala de la Suprema Corte otorgó por unanimidad el amparo directo 26/2022, ordenando a la autoridad penitenciaria la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda, quien estuvo privada de su libertad desde 2006.

La resolución, presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluye que durante el proceso penal se cometieron violaciones graves a derechos humanos, entre ellas la falta de un juicio justo, la utilización de pruebas ilícitas, la violación de la presunción de inocencia y la tortura.

La Corte determinó que las confesiones obtenidas durante su arraigo en febrero de 2006 no son válidas, ya que no se demostró que fueron libres de tortura. Esto llevó a invalidar otras pruebas derivadas, como los cateos realizados en su domicilio y en el de otra persona vinculada al caso.

Además, los testimonios proporcionados por familiares y amigos de la víctima no son suficientes para sostener una condena por secuestro, aunque sí señalan la obligación del Estado de investigar posibles actos de tortura.

En cuanto a la acusación de delincuencia organizada, la Corte concluyó que al no acreditarse la participación en el secuestro, tampoco se puede confirmar su pertenencia a dicho grupo. Respecto a la posesión de armas, no existen pruebas que acrediten que las armas aseguradas fueran suyas, dado que la detención ocurrió antes de los cateos.

Con esta decisión, la Suprema Corte reafirma la centralidad de los derechos humanos en los procesos penales y la obligación del Estado de garantizar juicios imparciales y libres de pruebas obtenidas bajo coacción.

Además de Juana Hilda González, sus coacusados son: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz.

Según la versión prefabricada de la Wallace, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares. Entre marzo y junio de 2006, fueron detenidos Tony y Alberto Castillo, César Freyre Morales y Juana Hilda González, quienes denunciaron haber confesado bajo tortura su participación en el caso. En noviembre de 2007, fue detenida en Estados Unidos, Brenda Quevedo, quien dos años después fue extraditada a México. En diciembre de 2010, fue arrestado Jacobo Tagle Dobin, en el Estado de México.

Brenda Quevedo también fue liberada. Dos de los detenidos no han sido sentenciados. De los seis presuntos implicados, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle son los únicos que no han sido sentenciados por el caso Wallace.

En octubre de 2020, un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, de la Orgamnización de las Naciones Unidas, ONU, pidió al gobierno de México la liberación de Brenda Quevedo por considerar que fue víctima de tortura y detención arbitraria.

Isabel Miranda de Wallace, supuestamente fallecida al igual que su hijo Hugo Alberto, según Ricardo Rafhael, ha sostenido que los detenidos son culpables del secuestro de su hijo y rechaza que sean liberados.

Brenda Quevedo obtuvo arraigo domiciliario tras 15 años de prisión preventiva, luego de permanecer 15 años en prisión preventiva.

Por ahora, en un simple análisis de congruencia, es de preguntarse: ¿qué pasa con las otras cuatro víctimas encarceladas del “Caso Wallace” dos sentenciados a las largas condenas y las otras dos sin sentencias, nuevamente en este caso se viola el principio que hemos expuesto de la siguiente manera: SI LA JUSTICIA NO ES IGUALITARIA NO ES JUSTICIA”. LA LIBERTAD DE DOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA WALLACE OBLIGA LA EXCARCELACIÓN DE LAS OTRAS CUATRO.

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y Director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com

“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La declaración de un exfuncionario público de primer nivel en Quintana Roo, como Gabriel Mendicuti Loría, en contra del exgobernador Carlos Manuel Joaquín González, no puede quedar en una declaración, ni para los involucrados ni para las autoridades.
Como ya es un tema ventilado ampliamente en los medios de comunicación, el siguiente paso que debe dar quien dijo que el ahora embajador de México en Canadá “trajo (a Quintana Roo) a un grupo del Crimen Organizado (CO)”, es acudir a las autoridades correspondientes a demostrar sus dichos; como también al inculpado a exigir que les sean comprobadas las imputaciones.
Aunque muchos comunicadores aprovecharon la declaración para “hacer arder el Estado”, fue una llamarada de petate, pero la opinión pública no nos merecemos ese tipo de declaraciones sin llegar hasta las últimas consecuencias, no solo por haber una acusación implícita de trabajar con el CO, sino porque hay muchos inocentes exigiendo justicia de ese sexenio (2016-2022).
Con razón, la intención de implementar un mando único bajo la batuta del entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, fue aprobada por el propio gobernador Carlos Joaquín González, quien hizo todo lo posible para que la iniciativa pasara el tamiz del Congreso del Estado, al final, el tiempo dio la razón de que ese método no era funcional porque el CO siguió su avance y tomando plazas en los municipios turísticos de Quintana Roo y creando nuevas rutas para lo que hiciera falta.
El llamado “superpolicía”, fue acusado en múltiples ocasiones de traer su equipo operativo para las extorsiones, quiso tener una lista completa del empresariado “con pelos y señales” que no logró porque la Coparmex y otras organizaciones se opusieron. Además, los rumores de permitir que un nuevo grupo delincuencial, “los rojos”, entrara al Estado.
Desde esta perspectiva, las autoridades correspondientes deben de citar al exfuncionario Mendicuti para que pruebe sus dichos; así como pedirle al exgobernador Carlos Joaquín González que comparezca voluntariamente para que se le investigue, porque el que nada debe, nada teme
Como parte de la opinión pública, ya basta que los políticos opositores se acusen de tal o cual cosa sin probarlo; suficiente ha sido con la campaña negra que emprenden algunos contra este gobierno en turno, “que la DEA investiga a Fulano o Fulana, que el FBI ya viene por Mengana o Sotana”, etc. Pero también es necesario que los comunicadores se presten para tomar al aire “declaracionitis”, que no tienen ningún sustento jurídico, ni periodísticos. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, mientras otras figuras políticas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se desgastan por el ejercicio mismo de sus cargos, la presidenta de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, proyecta la formación de nuevos cuadros de liderazgos sociales y políticos, para fortalecer el cambio verdadero que necesita el Municipio.
Reproduzco aquí su declaración: Gobernar bien no solo significa dar resultados. Significa formar personas, abrir espacios para quienes nunca han tenido oportunidad e, invertir tiempo y paciencia en construir nuevos liderazgos con valores sólidos, sentido de confianza y generosidad en el corazón… El cambio verdadero no se hereda, se construye. Y en eso estamos todos los días”. Al tiempo…