Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesia

Quintana Roo cuenta con una Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, que tiene como objeto, entre otras cosas, la de fomentar el reciclaje de basura, así como la disposición final de los residuos sólidos, pero que desde el 2015 es letra muerta. A ver qué nos dicen el 5 de junio que es el día internacional del Medio Ambiente.
Hay que reconocer que el gobierno reciclador de forma masiva fue el de Roberto Borge Angulo (2011-2016), con aquellas jornadas llamadas “Reciclando Basura por Alimentos”, aunque con tintes políticos-electorales, al menos, obligó a mucha gente a reciclar desechos como plástico, aluminio, cobre, cartón, papel, entre otros artículos electrodomésticos y de tecnología.

Tengo que decir, que aunque con otros nombres, algunos gobiernos municipales han querido contribuir con el medio ambiente y con el reciclaje, con programas parecidos, pero por la falta de recursos económicos, no logran concretar algo en firme y el reciclaje se queda a medias.
Volviendo al tema de la inaplicación de la “ley de reciclaje”, en su artículo 11 describe muy bien la responsabilidad que tienen los municipios en cuanto al tema, pero en el llamado “Plan de Desarrollo Urbano”, no hay indicios que los ayuntamientos planeen convencer a sus ciudadanos de empezar a separar la basura desde su domicilio, al menos en lo que significa orgánica e inorgánica; ya sería un logro que pudiésemos separar lo reciclable como el cartón (todos los envases de leche, jugo y conservas), latas (de metal y de aluminio), vidrio y plástico (PET, bolsas, envolturas, conos de huevo, envases varios).

Las fracciones V, VI y VII del artículo 11 de la citada ley, ordena a los municipios establecer programas graduales y diferenciados desde el generador, de separación de Residuos en Orgánicos e Inorgánicos o en otro subproducto que de acuerdo a las necesidades de cada Municipio sea factible su recolección selectiva dentro de los Residuos separados, y los mecanismos para promover su aprovechamiento.

Además, pide desarrollar de conformidad con las normas oficiales mexicanas que se establezcan para tal fin, los procedimientos y formas de manejo a los que deberán sujetarse los Residuos Peligrosos domésticos, en coordinación con la federación y; capacitar a los sectores de la población y al personal de la dependencia u organismo desconcentrado de limpia, sobre prevención de la generación, separación, reutilización, reciclaje, y manejo seguro y ambientalmente adecuado de los Residuos.

Pero para poder hacer eso, el concesionario de la basura o el Municipio, deberían tener camiones recolectores donde puedan también tener separadores, porque de nada sirve que los ciudadanos realicen esta separación si al final el recolector los revuelve con la basura orgánica. Ahí se las dejo…
SACAB
Por cierto, ayer la gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la reunión para la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, donde participaron los 11 presidentes municipales, así como autoridades militares y de las dependencias federales, con el fin de estar preparados para la temporada de huracanes en el Atlántico y el Caribe, que inició el 1 de junio pasado y concluye el 30 de noviembre próximo.

Lo interesante es que, el gerente de distribución de División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, explicó que de acuerdo al manual para atender este tipo de emergencias tienen 4 etapas: Acciones preventivas (antes); evaluación (durante); restablecimiento (después) y reconstrucción (después).

La CFE tiene más de 127 subestaciones, 697 circuitos, 89 mil transformadores de distribución en toda la Península de Yucatán y las tres islas: Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, que suma la importancia de cruzar personal antes de cerrar a la navegación. Además, de contar con recursos totales para la atención que incluye 616 electricistas, 187 grúas, 94 pick up, 22 plantas de emergencias y 20 torres de iluminación, sin faltar el equipamiento de comunicaciones.
Así que con esta información y con el trabajo del Consejo, estamos preparados para enfrentar cualquier fenómeno hidrometeorológico. Al tiempo…

“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

Hace más de 30 años, tuve la fortuna de aficionarme a los “Thundercats”, un grupo de felinos galácticos originarios de Thundera que llegaron a vivir a un planeta desconocido y donde edificaron su base conocida como Cubil Felino, siendo su líder el poderoso Leon-o quien tenía consigo una de las armas más poderosas de todo el universo conocido, la espada del augurio, que permitía al líder felino ver más allá de lo evidente.
Ese enorme poder pareciera que es el que más han desarrollado las personas juzgadoras en México, quienes desde hace ya varias décadas han pasado por alto una y otra vez de la norma jurídica y de la Constitución, para hacer prevalecer principios y valores tremendamente subjetivos, pero capaces de derrotar a las normas emanadas de poderes constituidos de forma democrática.
Pero vámonos por partes. ¿De dónde emanan las leyes? La norma fundante, es decir la Constitución, mandata que a través de un Poder Legislativo conformado por una camara de senadores, una de diputados federales y 32 cámaras de diputados locales, electos por los ciudadanos la mayoría de ellos en un sistema de representación política por estado, municipio y distrito; se establezcan las formalidades para iniciar, discutir y aprobar leyes de conformidad con su competencia, es decir, locales o federales. Mismas que pasarán la aduana del ejecutivo local o federal mediante la sanción o veto de la norma, o bien, su publicación para que esa norma sea vigente y obligatoria para todas y todos.
Después de ese filtro del ejecutivo, aún subsiste el de la constitucionalidad, en donde se puede impugnar esa norma recién publicada ante el Poder Judicial federal, para determinar si se trata de una Ley que se ajusta o que violenta la carta magna. Por ello, la creación de leyes y la reforma de estas es muy lenta, porque algunas de ellas no llegan a consenso dentro de los congresos y son desechadas; otras son aprobadas pero bloqueadas por el ejecutivo que no las publica y por lo tanto se quedan en el limbo de las leyes, y por último, existe la posibilidad que años mas tarde la Corte declare invalida esa Ley y se quede sin efectos. Así funciona el proceso para evitar que el estado de derecho se convierta en un circo.
Sin embargo, el Poder Judicial, encargado de resolver los conflictos entre particulares o entre estos y el Estado o entre partes del Estado y entre Estados; después de aplicar diversos métodos para ejercer su función jurisdiccional, es decir, de decir-el-derecho, está obligado a usar las fuentes primarias del derecho como la Ley, la Jurisprudencia, la Doctrina, la Costumbre y evidentemente el Derecho Internacional debidamente adoptado por el Estado Mexicano.
Lamentablemente, las personas legisladoras de hoy en día, bajo el esquema de la ponderación, han desarrollado una gran capacidad casi comparable con la que la espada del augurio le dotaba a León-o y actualmente, los juzgadores con esa posibilidad infinita de ver-más-allá-de-lo-evidente, han comenzado a saltarse la norma y hasta la propia constitución para interpretar – rellenar vacíos – crear principios derivados de otras normas, y aplicar principios del derecho internacional sobreponiéndolos al derecho positivo mexicano, generando un tremendo caos procesal y jurisdiccional, además de convertirse en un grupo de legisladores chamánicos que construyen el derecho desde una moral y valores inalcanzables que iluminan sus sentencias y desdeñan al derecho.
Todo ello aún y cuando los métodos más sencillos para resolver este tipo de conflictos de acuerdo a la doctrina son tres, el lingüístico, el sistémico y el funcional. El lingüístico que se rige por disposiciones de acuerdo con las reglas de lenguaje. El sistémico, derivado de qué las normas interpreten tomando en cuenta su relación con el resto de las normas del sistema jurídico. Y el funcional, que se realiza atendiendo a los fines para lo que fue creada esa Ley o esa norma. Pero siempre atendiendo al principio del derecho que reza: “UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI TACUIT NOLUIT” (El legislador ha dicho exactamente lo que pretendía decir, y en cuanto a lo que no ha dicho, no pretendía decirlo), o lo que en el más puro mexicanismo quiere decir que “no hay que andarle buscando chichis a las culebras”, refrán que sin duda pasan por alto las personas juzgadoras para sacar agua de las piedras o principios de las normas cuando es evidente que no los hay.
Sin duda, después de la jornada electoral y judicial a la vez, las nuevas personas juzgadoras tendrán no solo muchos expedientes para resolver conforme a derecho, sino diversos métodos de donde elegir para poder llegar a sentencias legales y convincentes que les permitan salir del tremendo agujero en el que los metieron y dejar de ser el peor enemigo del pueblo. Esperemos que sepan cual es el método menos violatorio del estado de derecho, porque el actual no es funcional a fin de que la justicia no siga como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.