EN LA OPINIÓN DE:
LAS LOCURAS DEL SENADOR.
“Columna Invitada”
Por el Dip. Y Lic. Hugo Alday Nieto
La reforma constitucional y legal promovida por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 que comprende la elección para la nueva conformación del Poder Judicial Federal; incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 con un acortamiento del periodo de encargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de beneficios económicos que los más importantes juristas de México hasta ahora habían logrado para los representantes de la justicia federal.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la elección popular de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, buscando con ello crear una aparente legitimidad democrática en las decisiones de los ciudadanos electos, como si de una elección dependiera la capacidad de implementar una correcta hermenéutica jurídica al momento de impartir justicia.
Dicha reforma considera de igual manera la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo como objetivo mejorar la eficiencia de sus sentencias con un esquema de transparencia hacía el exterior del sistema judicial federal, lo que sin duda parece una falacia de inconsistencia, ya que como lo hemos presenciado, mientras se desaparecen organismos encargados de la transparencia y participación ciudadana, se sustenta una reforma constitucional en la falta de transparencia.
Sin embargo, era tal la necesidad de control de la elección de personas juzgadoras que de forma insólita se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que el numeral 3 del artículo 500 establece ahora que, los Comités de Evaluación coordinados por el Senado de la República serían los encargados de instrumentar el registro de las candidaturas, siendo que el único ente en México especializado en tal materia es el Instituto Nacional Electoral. Razón por la cual subsistieron una gran cantidad de inconsistencias que ahora el Senado busca resolver sin haberlas previsto en la reforma, por mera necedad y desconocimiento en la materia.
Para el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, en su obra “Los argumentos jurídicos y las falacias” editado por la UNAM en 2015, nos deja claro que la defensa heroica de esta reforma se ajusta a la falacia Ad verecundiam, que ocurre cuando se hace una apelación a personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia de discusión, como en este caso los famosos comités. Por eso, es importante determinar qué autoridad es razonable para dirimir un determinado asunto y cual se debe rechazar, y no llegar a estos bochornosos desatinos.
De la misma forma, en el numeral 6 del mismo artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador federal tuvo a bien establecer que: “Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo en cuestión y su competencia en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Pero paradójicamente, sucedió lo que tantas veces se advirtió desde las barras, los colegios de abogados y las universidades. Varios registros de candidatos avalados por los super comités de evaluación que a su vez eran vigilados por el super Senado, resultaron con sendos vínculos con la mafia del poder, cárteles y el crimen organizado.
Ante esto, ni tardo ni perezoso, el sociólogo de la UAM y líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amenazó ante todos los medios nacionales que impugnaría todas esas candidaturas por falta del requisito de idoneidad. Lamentablemente el derecho procesal no se le da mucho al senador de morena quien olvidó preguntarle a sus asesores si tales registros eran impugnables o no, ya que ni la Constitución General de la República, ni la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen este supuesto, por lo que, de hacerlo, los aspirantes pueden anular tales decisiones y el senador podría acarrearse alguna responsabilidad administrativa por pasar encima del principio de legalidad que constriñe a las autoridades a hacer solamente aquello que legalmente esta normado y permitido para hacer, lo que no se materializa en este tema, a menos que pretendiese invocar principios constitucionales derivados, pero dudo que entienda la teoría estándar de Robert Alexy.
Así las cosas, podemos afirmar que el presidente del Senado recurre a la falacia de suprimir la prueba que, en las teorías de la argumentación jurídica, se entiende como aquella en la que se presenta sólo una parte del conjunto de datos que apoyan la afirmación, ocultando partes que la contradicen o que le benefician al que la promueve. Nuevamente de acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, “Es una de las falacias más estudiadas en la filosofía y la lógica analítica (…). Consiste en pasar de lo fáctico a lo axiológico. Esto es, no se puede legítimamente pasar del ser al deber ser, y nunca un conjunto de premisas descriptivas, puede implicar una conclusión, prescriptiva o normativa”. Es decir, esgrimen la bandera de la justicia como premisa para eliminar candidaturas, pero oculta que, por un error propio, omitió agregar ese supuesto en la reforma.
Así pues, mientras los estudiosos del derecho se mofan ante el grado de desconocimiento de la norma y los consejeros del INE se truenan los dedos para ver de que manera van a fabricar un Acuerdo General que vuelva a enderezar el camino del Senado, la elección en palabras de Joaquín Sabina, sigue, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
(Licenciado en Derecho con Mención Honorífica. Maestro en Derecho Empresarial. Maestro en derecho de la propiedad industrial, intelectual y derecho de la competencia. Doctorante en Derecho).
EN LA OPINIÓN DE:
El periodista no debe ser complaciente con el poder
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Tengo la fortuna de conocer casi todos los procesos del periodismo impreso, desde la recolección de la nota en la calle o la fuente, hasta esperar semana para entregar un reportaje para medio impreso; así como conocer los pasos de la producción, la distribución, la comercialización y hasta el control de los recursos humanos; en 28 años de ejercicio periodístico, he visto y vivido casi todo.
He sido soldado raso de la redacción, cabo de la edición y general de la información; trabajé bajo órdenes hasta mayo del 2017 y aprendí (buenas y malas cosas), con jefes(as) que me aportaron y otros con los que tenía que luchar todos los días debido a su ignorancia. Hasta ahora tengo tres modestas novelas y voy por “Sentimientos de Papel”.
Quizá, ese bagaje me da cierta autoridad para escribir hoy esta opinión sobre la situación que vive en periodismo en Quintana Roo, donde los políticos y empresarios juegan a ser periodistas y, los periodistas juegan a ser políticos y empresarios. Pido disculpas anticipadas por si mi redacción ofende a algunos, no es mi interés, es solo dar mi punto de vista sobre el ejercicio que hoy nos quieren hacer creer que está muy devaluado por la sociedad.
El periodismo quintanarroense debe dejar de ser un “artículo” de complacencia para los poderosos y ponerse del lado de la sociedad, de las causas justas, darle la voz a quienes por naturaleza no pueden tener acceso a un medio de comunicación, principalmente cuando este se cotiza en niveles publicitarios altos; ¿cuál es la consecuencia?, quizá quedarse sin recursos económicos por publicidad gubernamental, porque si algo no soporta el cliente institucional es que evidencies las fallas que tiene en la administración de los dineros del pueblo, o sea “no pago para que me pegues”.
Veo con preocupación el sesgo de quien recolecta la información (reportero-corresponsal), cuando ve afectados sus intereses económicos; el silencio cómplice, cuando el gobierno en turno le cumple con su “apoyo” por no darle voz a los quejosos. Me alarma, que podamos publicar información no verificada, emitamos comentarios personales a lo que estrictamente debe ser una nota informativa, violando con alevosía y ventaja los géneros periodísticos. Resulta difícil transitar en una fauna plagada por feroces perros que defienden “la chuleta”, aunque sus amos sean unos corruptos, insensibles, ignorantes y sin calidad moral para dirigir un ayuntamiento, un Congreso, un Estado, un país y hasta una institución pública.
Lamento que la mayoría de los medios de comunicación de esta época, no generen “opinión pública”, sino solo “opinión gubernamental”, porque sugestionado por “el castigo” económico de quien ostenta el poder, no se atreven a evidenciar lo que muchas veces es del dominio público, prefieren voltear a ver hacia otro lado y, sin que nadie se los pida, lanzarse contra los opositores.
El periodista no puede tomar partido a favor de los poderosos, pueden destacar sus obras, pero no hacer mancuerna para cuidar los intereses de un gobierno retorcido en todos los sentidos; la idea infundada por los últimos gobernantes sobre conservadores y liberales, de derecha o de izquierda, a favor o en contra, entre otros muchos adjetivos calificativos imputados al periodista y a los medios de comunicación, no tiene que ser considerado en serio por los que nos dedicamos a esta profesión periodística; nosotros solo contamos historias, exponemos hechos consumados, principalmente aquellos que nos quieren ocultar.
Es más, ya ni la burla perdonan, salen todos “uniformados”, con la misma redacción y hasta con las faltas de ortografía y errores de sintaxis que trae el boletín. La forma es fondo y el fondo es forma.
Concluyo al decir que con la consabida responsabilidad contestaré cualquier comentario que el lector o los actores del periodismo y de la política tengan referente a esta opinión. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, con 19 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México; el “Plan B” ya es constitucional.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adicionado el artículo 134 con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Kenia López Rabadán.
En los transitorios, indica que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al citado decreto.
Las legislaturas de las entidades federativas preverán los ajustes necesarios a sus presupuestos con el objeto de que las reducciones que en su caso se realicen en cumplimiento a lo previsto en al artículo 116 constitucional, surtan efectos a partir del inicio de la legislatura subsecuente en la entidad federativa que corresponda. Al tiempo…
EN LA OPINIÓN DE:
Choque de trenes o por el estilo
“El Minotauro”
Por Nicolás Durán de la Sierra
En el oficio periodístico el lograr un buen encabezado es meritorio. Llamar la atención sobre un tema sin dejarlo desnudo por completo, es un arte. El lector, el escucha, en su caso, debe ser atraído por el enunciado, pero no informado por completo. La teoría de Hmiguway dicen los gringos; oficio decimos nosotros, pero es lo mesmo, dicen en el rancho.
Todo esto viene a cuenta por el encabezado hace unos en los que se cuenta el disque enfrentamiento entre el senador Gino Segura y Rafaelm Marín, el candidato del Palacio Nacional por el gobierno de Quintana Roo por venir. “Choque de trenes” decía la cabeza. El problema es que es un choque imposible, pues sólo hay un tren, pies el proyecto verde no llega ni a armón de segunda.
Viene a mi memoria una tonadilla de finales de 1940, rescatada por Oscar Chaves, que cuenta un accidente entre un tren que iba pita, pita y caminando y un avión que andaba en el llano volando sin descansar. Huelga decir el resultado. El aeroplano es el Partido Verde con todo y su niño. Una cosa es el poder central y otra muy distinta el de una panda mafiosa avecindada en Tulum.
Esa mínima diferencia definirá el mapa político que nos gobernará dentro de poco, una puja que le abre la puerta a la diputada Marybel Villegas y saca del tablero a Jorge Sanen, alarde del analfabetismo funcional, y a otras tantas propuestas del gobierno en turno. No es que se busque para Cancún una lumbrera académica, ñero sí alguien con la instrucción básica terminada.
Desde luego la ruta aún es larga -y la maquina seguía pita y pita y caminando- y pueden ocurrir muchas cosas, pero es difícil que cambie el “no” a los verdes. Ya hicieron fortuna, ya que se vayan. Olvidan o quieren olvidar un principio político que dice que “el matancero de hoy, será la res de mañana” y que sus tropelías les regresaran. ¿Palabra de Dios? No, de Maquiavelo…
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