EN LA OPINIÓN DE:
LAS LOCURAS DEL SENADOR.
“Columna Invitada”
Por el Dip. Y Lic. Hugo Alday Nieto
La reforma constitucional y legal promovida por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 que comprende la elección para la nueva conformación del Poder Judicial Federal; incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 con un acortamiento del periodo de encargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de beneficios económicos que los más importantes juristas de México hasta ahora habían logrado para los representantes de la justicia federal.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la elección popular de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, buscando con ello crear una aparente legitimidad democrática en las decisiones de los ciudadanos electos, como si de una elección dependiera la capacidad de implementar una correcta hermenéutica jurídica al momento de impartir justicia.
Dicha reforma considera de igual manera la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo como objetivo mejorar la eficiencia de sus sentencias con un esquema de transparencia hacía el exterior del sistema judicial federal, lo que sin duda parece una falacia de inconsistencia, ya que como lo hemos presenciado, mientras se desaparecen organismos encargados de la transparencia y participación ciudadana, se sustenta una reforma constitucional en la falta de transparencia.
Sin embargo, era tal la necesidad de control de la elección de personas juzgadoras que de forma insólita se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que el numeral 3 del artículo 500 establece ahora que, los Comités de Evaluación coordinados por el Senado de la República serían los encargados de instrumentar el registro de las candidaturas, siendo que el único ente en México especializado en tal materia es el Instituto Nacional Electoral. Razón por la cual subsistieron una gran cantidad de inconsistencias que ahora el Senado busca resolver sin haberlas previsto en la reforma, por mera necedad y desconocimiento en la materia.
Para el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, en su obra “Los argumentos jurídicos y las falacias” editado por la UNAM en 2015, nos deja claro que la defensa heroica de esta reforma se ajusta a la falacia Ad verecundiam, que ocurre cuando se hace una apelación a personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia de discusión, como en este caso los famosos comités. Por eso, es importante determinar qué autoridad es razonable para dirimir un determinado asunto y cual se debe rechazar, y no llegar a estos bochornosos desatinos.
De la misma forma, en el numeral 6 del mismo artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador federal tuvo a bien establecer que: “Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo en cuestión y su competencia en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Pero paradójicamente, sucedió lo que tantas veces se advirtió desde las barras, los colegios de abogados y las universidades. Varios registros de candidatos avalados por los super comités de evaluación que a su vez eran vigilados por el super Senado, resultaron con sendos vínculos con la mafia del poder, cárteles y el crimen organizado.
Ante esto, ni tardo ni perezoso, el sociólogo de la UAM y líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amenazó ante todos los medios nacionales que impugnaría todas esas candidaturas por falta del requisito de idoneidad. Lamentablemente el derecho procesal no se le da mucho al senador de morena quien olvidó preguntarle a sus asesores si tales registros eran impugnables o no, ya que ni la Constitución General de la República, ni la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen este supuesto, por lo que, de hacerlo, los aspirantes pueden anular tales decisiones y el senador podría acarrearse alguna responsabilidad administrativa por pasar encima del principio de legalidad que constriñe a las autoridades a hacer solamente aquello que legalmente esta normado y permitido para hacer, lo que no se materializa en este tema, a menos que pretendiese invocar principios constitucionales derivados, pero dudo que entienda la teoría estándar de Robert Alexy.
Así las cosas, podemos afirmar que el presidente del Senado recurre a la falacia de suprimir la prueba que, en las teorías de la argumentación jurídica, se entiende como aquella en la que se presenta sólo una parte del conjunto de datos que apoyan la afirmación, ocultando partes que la contradicen o que le benefician al que la promueve. Nuevamente de acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, “Es una de las falacias más estudiadas en la filosofía y la lógica analítica (…). Consiste en pasar de lo fáctico a lo axiológico. Esto es, no se puede legítimamente pasar del ser al deber ser, y nunca un conjunto de premisas descriptivas, puede implicar una conclusión, prescriptiva o normativa”. Es decir, esgrimen la bandera de la justicia como premisa para eliminar candidaturas, pero oculta que, por un error propio, omitió agregar ese supuesto en la reforma.
Así pues, mientras los estudiosos del derecho se mofan ante el grado de desconocimiento de la norma y los consejeros del INE se truenan los dedos para ver de que manera van a fabricar un Acuerdo General que vuelva a enderezar el camino del Senado, la elección en palabras de Joaquín Sabina, sigue, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
(Licenciado en Derecho con Mención Honorífica. Maestro en Derecho Empresarial. Maestro en derecho de la propiedad industrial, intelectual y derecho de la competencia. Doctorante en Derecho).
EN LA OPINIÓN DE:
PROBLEMAS SOCIALES EN QUINTANA ROO
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Pareciera que toda la sociedad quintanarroense está inmersa en temas políticos, en la sucesión gubernamental para el 2027, las presidencias municipales y muy poco ánimo en cuanto a las diputaciones federales y locales; pero en realidad, es solo el 20 por ciento de la población la que, antes del proceso, está metida en esos asuntos políticos; ya para la elección, la participación ciudadana en las votaciones es del 52.8 por ciento.
Pero realmente, los problemas que preocupan a los quintanarroenses no son los políticos, son los económicos, la inseguridad y violencia, el crecimiento urbano desordenado, el medio ambiente y el sargazo, la falta de medicamento en los hospitales y el costo de la vida.
En los municipios, existe una percepción de inseguridad que supera el 80 por ciento; al que viene a sumarse la corrupción en algunos cuerpos policiacos, ya ni digamos los elementos de Tránsito; entre estos dos servidores públicos, la gente no sabe cómo defenderse, pues si por alguna razón te detienen y no traes efectivo, te acompañan al cajero de tu banco para que hagas el retiro correspondiente y puedas darles “la mordida”.
Por estar metidos en temas políticos, los medios de comunicación ya no hablan de los delitos de alto impacto, la extorsión y el narcomenudeo; pocos son los que evidencian la corrupción que existe al interior de las dependencias impartidoras de justicia; del “montaje” que realiza la Fiscalía General del Estado y la impunidad que existe en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Aparejado a la inseguridad y falta de justicia, zonas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum enfrentan asentamientos irregulares, carencia de servicios públicos básicos y falta de certeza jurídica sobre el patrimonio familiar para miles de habitantes. La autoridad solo se excusa que no puede invertir en lugares “irregulares” y casi la mitad de la población quintanarroense sobrevive en sitios infrahumanos.
Pero el problema que afecta y afectará la llegada de turismo, es la arribazón del sargazo a las costas quintanarroense, donde diversos sectores productivos ya levantaron la voz para declarar “zona de emergencia” a Quintana Roo por este fenómeno, porque no solo afecta a los prestadores de servicios turísticos, sino que también la economía de los pescadores y el propio ecosistema playero.
Los expertos coinciden que el medio ambiente es afectado con la descomposición del sargazo, la presencia de compuestos inorgánicos como los nitratos y fosfatos, así como la utilización de maquinaria y equipo no adecuados para remover el alga de la playa, provoca afectaciones a la biodiversidad marina, así como la alteración y desestabilización de los perfiles de playa, pérdida de sedimentos, compactación del suelo, eliminación periódica de residuos naturales acumulados, pérdida de vegetación y alteración del proceso de formación de dunas.
Además, a los quintanarroenses los afecta el alto costo de la vivienda y la inflación impactan directamente en el poder adquisitivo de las familias locales, cuyo sueldo en ocasiones no alcanza para cubrir la canasta básica. Solo basta hacer un comparativo del gasto para comprar la despensa familiar hace un año, con lo que se gasta actualmente, hablamos de alrededor de un 40 por ciento del aumento en los productos.
Por falta de especio, en otra entrega hablaré sobre la salud pública y los servicios que esta presta, pues existe una saturación y demanda en el sistema de salud pública, sumada a retos epidemiológicos y la necesidad de mejorar la cobertura médica en los municipios y especialmente en la zona maya. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, al solicitar Eugenio Segura Vázquez licencia como senador de la República, quien asumirá esa posición es el operador político de Morena, Francisco Alejandro Carrillo Flores (Paco Carrillo), quien desde el 2016 incursionó en la administración pública al desempeñarse como Secretario Municipal de Desarrollo Social y Económico de Benito Juárez (Cancún), invitado por el entonces presidente municipal Remberto Estrada Barba (2016-2018).
No es un improvisado, conoce el oficio y académicamente preparado con un título de Licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Esperemos que Quintana Roo siga bien representado en el Senado. Al tiempo…

EN LA OPINIÓN DE:
“LA MANO QUE MECE LA CUNA”
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
El proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para elegir a quien será su próximo candidato(a) a la gubernatura en 2027, está en marcha; sin embargo, hoy quiero enfocar mi análisis a “la mano que mece la cuna” en cada una de los cuatro finalistas visibles; las simpatías que tiene cada uno de los grupos políticos que están en Quintana Roo y en el país.
Para que no exista ninguna lectura equivocada, voy a nombrar a cada uno por orden alfabético, es decir, primereo voy a nombrar a Rafael Marín Mollinedo, luego a Ana Patricia Peralta de la Peña, seguida por Eugenio Segura Vázquez y al final por Freyda Marybel Villegas Canché.
Rafael Marín Mollindo llega respaldado por quien fuera el Secretario de Organización de Morena a nivel nacional, Andrés Manuel López Beltran; esto no quiere decir que esté apoyado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; quizá podría argumentarse que el expresidente López Obrador sí conoce el tema, pero tampoco puedo asegurar que tiene el respaldo.
El candidato de “Andy”, ha tenido varios cargos públicos en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, primero en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y después como Presidente de México. En la administración de Claudia Sheinbaum tuvo dos cargos: Aduanas y Delegado del Bienestar en Yucatán.
Ana Patricia Peralta de la Peña, es apoyada por el dirigente vitalicio y líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, con quien ha trabajado desde sus inicios en política. Por ejemplo, en labores partidistas, en 2011 fue consejera y delegada nacional y, consejera estatal; de 2014 a 2017 fue secretaria de la Juventud y en 2017 secretaría de la Mujer del comité estatal del PVEM en Quintana Roo.
La actual alcaldesa de Benito Juárez, tuvo su primer cargo público bajo la bandera del Verde, en el trienio de 2013 a 2016 como regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez; de 2016 a 2018 fue diputada a la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo por el distrito 5 con sede en Cancún. Sin embargo, en 2018, a pesar de haber llegado a la diputación Federal plurinominal por el PVEM, el 5 de septiembre de ese año se incorporó al grupo parlamentario de Morena, para luego volverse militante dentro de ese partido; es decir, este septiembre cumple ocho años como morenista.
En cuanto a Eugenio Segura Vázquez, puedo decir que es el perfil político más nuevo de los cuatro. A penas en 2018 saltó a un cargo público como tesorero del Ayuntamiento de Benito Juárez en la primera administración de Mara Lezama Espinosa (2018-2021); en 2029 fungió como Subsecretario de Servicios Administrativos en la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo (2019-2021) y luego como Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. En 2022 fue nombrado Secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo por la Gobernadora Mara Lezama.
Recuerdo, que desde la llegada de Mara Lezama como gobernadora, ésta en varias ocasiones manifestó su opinión que el próximo gobernador sería Eugenio Segura, al grado que después de ser secretario de Finanzas, fue propuesto como candidato a Senador por la Alianza Morena-PVEM-PT, con miras a crecer políticamente para disputar la candidatura a la gubernatura.
A Freyda Marybel Villegas Canché, la impulsa y apoya el actual diputado federal Ricardo Monreal Avila, con quien trabó amistad durante la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión, pues Monreal se desempeñó como coordinador de los senadores de Morena y Marybel Villegas como legisladora, formando parte de su grupo parlamentario y apoyando su liderazgo en la Cámara Alta.
De los cuatro, Marybel es la que tiene mayor trayectoria política, eso sí, siempre salpicada de la suspicacia por adaptar conveniencia política a sus intereses; solo por poner un ejemplo, del 2005 a 2008 fue diputada local por el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la XI legislatura del Congreso de Quintana Roo. En 2008 se afilió al Partido Acción Nacional (PAN). En 2009 fue candidata del PAN a diputada federal por el distrito 3 de Quintana Roo, sin embargo, el tribunal electoral anuló su candidatura por haber realizado actos de promoción política antes del inicio del periodo de campañas electorales. De 2013 a 2015 fue diputada local por el PRI en la XIV legislatura del Congreso del Estado. En el 2018 llegó a Morena.
Será pues el próximo viernes 26 de junio cuando estos cuatro personajes acudan a inscribirse al proceso interno de elección de Coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, aunque lo pueden hacer de manera virtual o quizá lleguen a consenso para un candidato de unidad. Ahí se las dejo…
SASCAB
Gobiernos van y gobierno vienen y la capital del Estado, Chetumal, continúa en el abandono en todos los sentidos. Al tiempo…

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