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MARCHA ATRÁS A VERIFICENTROS

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La Última Palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Proyecto recaudatorio que comenzó Roberto Borge y no pudo; Carlos Joaquín lo intentó y dio marcha atrás; esta vez Cristina Torres también lo detiene.
• Una historia de trece años y tres sexenios.

Esta vez fue necesario convocar a una rueda de prensa para negar la implementación de verificentros de emisión contaminante de vehículos, similares a los que existen en la Ciudad de México, en donde sí hay los niveles de contaminación que los justifiquen. Generó mal humor en las redes al ser visto como intento recaudatorio. Hizo bien Cristina Torres.

Se trata de otro intento fallido de los verdes, en este caso a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema). Fue la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien tuvo que apagar el fuego que había generado la “encuesta” que emitió Sema a través de su portal digital, misma que fue bajada ante el descontento ciudadano convertido en tendencia.

Ese mal humor social que no fue atendido ante otras medidas recaudatorias similares, como la “ley chaleco” de la actual administración o la de parquímetros de 2019 en Playa del Carmen.

La ciudadanía expresó su rechazo ante el cobro por vehículo de 905 pesos cada seis meses, a cargo de las empresas concesionarias que ya habían realizado cuentas alegres para recaudar mil 921 millones de pesos cada año, que iba a salir del bolsillo de quienes poseen automóvil y motocicleta.

El titular de Sema, Oscar Rébora Aguilera, con cercanía a Pedro Haces, tendrá que esperarse a que bajen las aguas o de plano a la cancelación del proyecto, ante el próximo proceso electoral cada vez más cercano.

ROBERTO BORGE LO CREÓ
Lo mismo le pasó a Roberto Borge Angulo, quien hizo aprobar el proyecto original por el Congreso del Estado en 2012, pero no pudo implementarlo porque se le vinieron los tiempos políticos. En el caso de Borge, ya tenía lista a su “empresa carnala” Medios y Procedimientos Tecnológicos, SAdeCV, a cuyo socio, Marco Antonio Valenzuela Villalpando, como compensación, le regaló una Notaría, la número 100, de la calle Reno en Cancún, en la que hasta la fecha despacha, ante la cancelación del negocio recaudatorio.

CARLOS JOAQUÍN TAMBIÉN LO INTENTÓ
Y como el tema de los negocios no distingue colores, en el siguiente sexenio perredista-panista de Carlos Joaquín González, también dio marcha atrás en agosto de 2018, después que ya se había anunciado la implementación recaudatoria. Fue la entonces titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, quien tuvo que decir que siempre no a los verificentros y hoy forma parte del grupo verde que regentea Sema.

¡Ah que historia de los verificentros! Esta vez, para cumplir el requisito se sometió a consulta digital, creyendo que iba a pasar desapercibida, pero las benditas redes sociales jugaron su papel de rebelión y por lo pronto, los centros verificadores, que ya llevan 13 años y tres sexenios insistiendo en establecerse en Quintana Roo, tendrán que seguir esperando y la sociedad con el Jesús en la boca ante el próximo intento, cuando los tiempos electorales no se interpongan. Usted tiene la última palabra.

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FUTURISMOS POLITICOS POSTINFORMES

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Por no tener en Quintana Roo gobiernos emanados de otros partidos políticos que no sean de la alianza Morena-PVEM-PT, por ahora comentaré sobre el futurismo postinformes que podrían tener cada uno de los presidentes municipales, quienes iniciarán su rendición de cuentas a partir de mañana 11 de septiembre de acuerdo a la ley de los municipios del Estado.
Tengo que detallar que las candidaturas a repartir para la elección del 2027 son: una gubernatura, cuatro diputaciones federales, 11 presidencias municipales y 15 diputaciones locales; más las 10 diputaciones plurinominales. Así que corresponderá a cada partido designar quiénes son sus propuestas para enfrentar las elecciones de ese año; lógicamente, la oposición a esta alianza también hará lo propio.


Los tres partidos aliancistas, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), tienen diferentes “ofertas y demandas”, puesto que, al haber mayores números de aspirantes, las oportunidades para sus militantes se reducen; es decir, como Morena tiene los gobiernos de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Playa del Carmen, Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres; en caso de que se decida por alguno(a) de ellos para ser candidato(a) a diputado federal, serán sorteadas las cuatro posiciones; en cambio, tanto el PVEM como el PT tienen cuatro posicione para un solo aspirante.
La “guerra” por la candidatura a la gubernatura está en dos alcaldesas, Estefanía Mercado Asencio de Playa del Carmen y la presidenta de Benito Juárez; o si el género es hombre, la pelea está entre el senador Eugenio Segura Vázquez y el director de Aduanas Rafael Marín Mollinedo.


Ahora bien, dos morenistas tienen la posibilidad de reelegirse (aunque su partido ya no lo permitirá), José Luis Chacón Méndez, quien por cierto tuvo un tropiezo muy fuerte con el caso de la menor abusada sexualmente en Cozumel, que lo dejó casi en la lona de aprobación y, Estefanía Mercado Asencio, los otros siete ya no pueden reelegirse, pues están en su segundo periodo.


Los que están por quedarse en el basurero electoral son: Yensunni Martínez Hernández, José Alfredo Contreras Méndez y Erik Borges Yam, en caso de no ser rescatados por el Gobierno del Estado en algún cargo dentro de cualquier Secretaría. El que tiene futuro promisorio es Diego Castañón Trejo, pues se anotó un “10” con defender al pueblo para entrar gratuitamente al Área Natural Protegida del Parque del Jaguar. Atenea Gómez Ricalde y Mari Hernández Solís, todavía están en las negociaciones sobre una posible candidatura en la diputación local.
Quienes no tienen problemas para acceder a una candidatura en el 2027, son Blanca Merari Tziu Muñoz, pues es la alcaldesa del PVEM y un activo político dentro de su partido, sin problemas podría ser candidata a diputada local o federal; así como Nivardo Mena Villanueva del PT, quien va en solitario a una posible reelección o una diputación local o hasta federal. Ahí se las dejo…


SASCAB
Por cierto, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió con la ley al enviar la propuesta de Paquete Económico 2026 ayer martes, entregada por Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la que fue recibida por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez.
Además de la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el paquete incluye las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos, la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
El Gobierno considera que en 2026 la economía crecerá entre 1.8 y 2.8 con un punto medio en 2.3 por ciento, impulsado por la inversión privada, el consumo interno, el dinamismo exportador y un marco fiscal que da certeza y estabilidad. “Se prevén ingresos totales por 8.7 billones de pesos, con la recaudación tributaria como eje central, ello significa que el presupuesto se financiará, principalmente, a través de un sistema moderno y eficiente que amplía la base de contribuyentes y fortalece la capacidad recaudatoria”.
Édgar Amador agregó que se proyecta un crecimiento real de 5.7 por ciento en la recaudación respecto a 2025, lo que llevará a los ingresos tributarios con un máximo histórico de 15.1 por ciento del PIB.
Esperemos que los mexicanos generadores de impuestos podamos soportar la carga que se viene para el 2026. Al tiempo…

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EL GOBIERNO NO GENERA RIQUEZAS

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Los gobiernos, por medio de sus vocerías, tomaron una costumbre de titular sus comunicados como si el Ejecutivo (Federal, Estatal o Municipal) fuese quien construye, otorga, beneficia, agasaja o realiza cualquier obra con su dinero, al titular “Construye Fulano(a) de tal Hospital comunitario”, “Alimenta Mengana(o) a la población”, entre muchos otros llamados de que la o el funcionario es un héroe.
Pues bien, ningún gobierno genera riqueza, a diferencia de las empresas particulares, los gobiernos viven de los impuestos de todos los ciudadanos, solo son administradores de la hacienda pública, la nómina sale del bolsillo de los contribuyentes, así que menos podrían tener la capacidad de hacer “obras” si no fuese por la participación del ciudadano con sus contribuciones, pago de derechos o el aprovechamiento de los bienes públicos.
Mi tesis, está fundamentada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece que “es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como de Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
Esto quiere decir que para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus metas, proyectos, objetivos y finalidades de la justicia social y económica, es necesario que obtenga recursos suficientes y esto lo hace a través de la imposición obligatoria de contribuciones a cargo de los sujetos pasivos (gobernados).
Ahora bien, el dinero recaudado se destina a cubrir los gastos públicos y el presupuesto de la Federación, los Estados y los Municipios. Lo lamentable es que la mayoría de los gobiernos todavía siguen teniendo una nómina abultada, un gasto de representación y de operatividad muy elevado, que están establecidos como “capítulo 1000” y agrupa las prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social y de seguros de vida, contribuciones y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales, así como las previsiones para cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones económicas, creación de plazas, en su caso, y demás medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de cada Ente público.
El problema actual es el presupuesto público se maneja de manera discrecional, al arbitrio del Ejecutivo(a) y con la complacencia del Ente fiscalizador, bajo el escudo que fueron electos democráticamente y que son los representantes del pueblo, cuando la participación ciudadana no superó el 50 por ciento en el proceso electoral.
En este contexto, vienen los informes de gobierno de cada uno de los municipios de Quintana Roo, por ley, escucharemos “el estado que guarda la administración municipal”, o sea, las y los presidentes municipales nos informará en que se gastaron la millonada de pesos que les otorgamos los ciudadanos en este año, es decir, cuánto recaudaron, en qué se lo gastaron y a quién beneficiaron. Ahí se las dejo…
SASCAB
El viernes pasado, la Secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, fue la encargada de entregar al Poder Legislativo el 3er. Informe de Gobierno de Mara Lezama Espinosa. Después de la rebatingas de palabras que se lanzaron los representantes de los grupos legislativos desde la tribuna, ella con su discurso calmó las aguas al decir que el trabajo para tener un mejor Quintana Roo lo debemos realizar unidos, en la competencia de cada una de las responsabilidades que mandata la ley. Tiene toda la razón. Al tiempo…

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