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Consecuencias para México, tras designar terroristas a 6 cárteles

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“Visión Periférica”

Por Cliserio Eleazar Cedillo Godínez*

Ya lo decíamos en la anterior visión periférica, cuando advertimos de la difícil encrucijada en la que se encontraba y se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del gobierno estadounidense que exige combatir a fondo al crimen organizados o dejar pasar (en su figura de colaboración) a los drones, como ahora lo acepta ella y que les seguirá, sin duda, la inteligencia anticrimen y cosas peores del vecino país del norte dentro de nuestras fronteras, para ayudarla en este combate contra lo que bien podría compararse a la mítica hidra, la serpiente gigante de muchas cabezas que volvían a crecer a medida que eran cortadas…

En efecto, la decisión del gobierno estadounidense de clasificar a seis cárteles mexicanos como terroristas internacionales, como a partir de este jueves son el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana generará paulatinamente consecuencias multidimensionales para México, según los expertos y documentos que respaldan esta decisión del gobierno estadounidense, al considerar que estos grupos delincuenciales representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y sus intereses económicos.

Según los estudiosos se prevé el incremento de las tensiones diplomáticas y de la Soberanía Nacional, ya que la medida es interpretada como una herramienta de presión para forzar una mayor colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico. Esto, bajo términos definidos por Estados Unidos. Ante ello, no se descarta que esa disposición podría justificar legalmente acciones militares estadounidenses sin autorización previa, bajo el argumento de “protección de la seguridad nacional”, aunque la Constitución mexicana prohíbe operaciones extranjeras en su territorio. En este renglón la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es de que no permitirá injerencias unilaterales, aunque “mantiene su disposición para una cooperación bilateral respetuosa”.

Esta medida, aseguran, traerá consecuencias económicas y financieras, como serían sanciones a algunas empresas, como instituciones financieras, agrícolas o logísticas que podrían enfrentar congelamiento de activos o restricciones si son vinculadas a estos cárteles, aun indirectamente, incluso sin pruebas contundentes. Hay un ejemplo conocido, como es el caso de Speed Joyeros, en Panamá, empresa sancionada por lavado de dinero vinculado a cárteles colombianos.

Se teme también la reducción de inversiones extranjeras. Según los expertos, la percepción de riesgo aumentaría, desincentivando a inversionistas internacionales y afectando sectores clave como energía y manufactura. Otra preocupación es el impacto en las remesas que representan el 4% del PIB mexicano, ya que la medida pronostica regulaciones más estrictas que podrían limitar su flujo, con efectos para millones de familias.

Otro punto a considerar son las implicaciones legales y sociales, como la posible criminalización de migrantes; en tanto que las comunidades mexicanas en Estados Unidos podrían sufrir estigmatización, asociándose erróneamente con el crimen organizado. La vulnerabilidad jurídica es otro punto preocupante que afectaría a empresas serias con transacciones comerciales en zonas controladas por alguno de los cárteles señalados, tan solo por el hecho de “pagar derecho de piso” para su funcionamiento, las que incluso podrán ser sancionadas sin el debido proceso.

De igual forma, el lavado de dinero como terrorismo significa que las actividades financieras ilícitas serán tratadas con leyes antiterroristas, ampliando el alcance de sanciones y congelamientos. Esa disposición de designar a los cárteles como terroristas internacionales implica también que México se vea forzado a aceptar estrategias de seguridad alineadas con intereses estadounidenses, como bloqueos marítimos o vigilancia cibernética avanzada

No se descarta que habrá mayor escalada de violencia, ya que la presión militar podría fragmentar a los cárteles, generando guerras internas por el control territorial, como ya ocurre en Sinaloa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

De igual forma, se considera que habrá un aumento en el intercambio de información entre agencias como la DEA y la Fiscalía mexicana, aunque con riesgos de filtración o uso político. Aunque, por el contrario, expertos como Mike Vigil, exagente de la DEA, señalan que esta medida no cambia estrategias ya implementadas y carece de impacto real, siendo más un “teatro político” para la base electoral de Trump.

La designación podría agravar la crisis de seguridad en regiones como Guerrero o Zacatecas, donde los cárteles ejercen control territorial; en tanto que se redefine la relación bilateral entre México y Estados Unidos, dando prioridad a la agenda de seguridad estadounidense sobre la soberanía mexicana.

Hay que decir que esta decisión de nombrar terroristas internacionales a los seis cárteles mexicanos, si bien ofrece herramientas legales para combatir al narcotráfico, también genera riesgos económicos, sociales y políticos que podrían profundizar las tensiones entre ambos países. México enfrenta el desafío de equilibrar la cooperación con la protección de sus intereses nacionales, evitando que esta medida derive en una crisis sin precedente. Es esa la gran encrucijada a la que se enfrenta Claudia Sheinbaum, como lo advertimos en la anterior Visión Periférica.

*Periodista con 49 años de experiencia en diarios nacionales y estatales, Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024, director general de 5to Poder Periodismo ConSentido.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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LA OMISION QUE MATA

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Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias

La omisión del Estado en cumplir con su responsabilidad constitucional se convierte en parte de la maquinaria de muerte que acechan a los ciudadanos; simular la impartición de justicia, contribuye con el engranaje de impunidad que campea en la mayoría de los estados y de los Municipios del país.
Es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula la seguridad pública, la investigación de delitos y la imposición de penas. Este artículo establece que la investigación y persecución de los delitos es responsabilidad del Ministerio Público, apoyado por una policía bajo su mando. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la autoridad administrativa se encarga de sanciones por infracciones a reglamentos y multas o arrestos.
Pero la reforma al artículo 21 de la Constitución, publicada el 31 de diciembre de 2024, establece las bases para que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realicen investigaciones de hechos delictivos; esto constituye una oportunidad para el Estado mexicano para luchar contra la impunidad. La modificación del texto constitucional supone un primer paso en la construcción de capacidades en los diversos cuerpos de seguridad existentes en el país.
La investigación de hechos delictivos se podrá realizar en la medida en que se cuente con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para dicha labor. Uno de los retos que se observa es el relativo a la implementación, tarea que deberá ser diligentemente impulsada y posteriormente evaluada con el objetivo de darle mejores oportunidades a la reforma constitucional.
El fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante la asignación de nuevas tareas y responsabilidades es una de las mejores apuestas que tenemos como Estado, para garantizar una tutela efectiva del derecho a la protección de la seguridad pública de los mexicanos.
Sin embargo, cuando los crímenes quedan sin investigación ni sanción, los perpetradores no tienen ningún temor a las consecuencias legales, lo que les permite seguir cometiendo delitos, incluyendo aquellos que resultan en la muerte de personas. Como sucede casi a diario en el Municipio Benito Juárez, donde la media oscila entre 2-3 muertes violentas.
Hay que sumarle a ello la falta de castigo (impunidad) y la perpetuación de la violencia letal, incluyendo homicidios, desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos. Donde las autoridades prefieren mirar hacia otro lado cuando un ciudadano es asesinado, prefiriendo actividades tan banales que sonrojan a cualquier cínico y sinvergüenza.
La impunidad es un elemento central para entender cómo operan las redes de macrocriminalidad y el crimen organizado, ya que les permite actuar sin consecuencias, intensificando la violencia a gran escala. Solo por poner un ejemplo, en los tres estados de la Península de Yucatán, mientras en Campeche y Yucatán están muy debajo de la media, Quintana Roo supera por miles este tipo de violencia a gran escala.
La omisión daña el tejido social, porque la percepción de que la justicia no opera genera frustración, temor, impotencia y desesperanza en la población, lo que afecta la salud mental y el bienestar de las comunidades y puede llevar a un aumento de la violencia social.
En Conclusión, la ausencia de justicia es un catalizador para más violencia y muerte; subraya la urgencia de fortalecer los sistemas judiciales para garantizar que todos los crímenes sean investigados, perseguidos y castigados. Dejar de mirar a otro lado cuando hay un crimen, pero también tomar la responsabilidad constitucional otorgada por los mexicanos. Ahí se las dejo…
SASCAB
El Secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, salió a aclarar que “la dieta de las diputadas y diputados que aparece en el PEF 2026 es exactamente la misma que se viene pagando en este año de 2025. No hay ni habrá incremento alguno en este rubro ni en ninguna prestación”, es decir, 79 mil pesos al mes.
El aguinaldo de fin de año seguirá en 40 días de la dieta bruta (105 mil 333.33 pesos), o parte proporcional con base al Decreto Anual y a los Acuerdos del Órgano de Gobierno competente, o Comité. Al tiempo…

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COMENTARIO A TIEMPO

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Por Teodoro Rentería Arróyave 

Ricardo Salinas Pliego, señalado como evasor fiscal multimillonario celebró su LXX aniversario con un pomposo espectáculo en la Arena México de la Colonia de los Doctores, a unos cuantos pasos de las instalaciones insignias de su más fuerte competidor: Televicentro, es decir Televisa.

Ya en anteriores ocasiones habíamos comentado que la conjugación más socorrida de algunos políticos, empresarios y demás personajes de la vida pública es del verbo recular y a esa práctica no es ajeno el autofestejado.

Es el caso que ante los más de 22 mil invitados, a los que calificó de “mis sobrinos”, entre los que se distinguían algunos “famosos”, políticos del Partido Acción Nacional, comentaristas y artistas, Salinas Pliego en su discurso de la fiestecita que se organizó, prometió pagar los multimillonarios impuestos que debe porque “ya estaba cansado de tantos litigios”, horas después reculó y en un comunicado dijo que siempre no y que inclusive recurriría a tribunales internacionales, eso sí, sin cambiar su decisión “de buscar contender por la Presidencia de México en el futuro cercano”. El futuro cercano son las elecciones de junio de 2030.

“Las famosas” y “los famosos” se despacharon con la cuchara grandes: la panista Lilly Téllez, a continuación de felicitar al empresario, pidió no tener miedo de “luchar contra los corruptos que están en el Gobierno”.

Luego agregó, encarrerada: “Fuera Morena, aquí hay pura gente buena, no tengan miedo en alzar la voz; hay que defender a México. Ya no queremos vivir con miedo y lo primero que hay que hacer es perder el miedo a los corruptos, perder el miedo al gobierno mafioso y vamos a echarlos”.

También acudieron Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc; Patricio Lozano, alcalde panista de Pesquería, Nuevo León; periodistas y columnistas, como Héctor de Mauleón, Mónica Garza y Lourdes Mendoza mismos que prefirieron abstenerse de declaraciones respecto al cumpleaños del dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra.

En las pantallas gigantes de la Arena México, pasaron videos con mensajes de conductores de TV Azteca y no podía faltar la del historiador Enrique Krauze, quien enalteció características empresariales del presidente de Grupo Salinas.

Vamos al grano de este Comentario, Ricardo Salinas afirmó textual: “Quiero decirle a la presidenta -Claudia Sheinbaum- que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para clientes y para garantizar la estabilidad económica de más de 200,000 familias del Grupo. Ya queremos terminar con esto. Queremos pagar”.

Por la tarde de ese sábado 26 de octubre, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que afirma que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la “sistemática persecución en su contra”.

A todo esto es de recordarse la carta del Grupo Salinas que envió a la presidenta, en octubre de 2024, para asegurarle que durante la gestión de su antecesor, sus empresas concertaron con Medina Padilla el pago de impuestos, pero posteriormente se desconoció este pacto.

De inmediato Arturo Medina Padilla, exprocurador Fiscal de la Federación, negó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuviera un acuerdo con Grupo Salinas para cubrir su deuda fiscal.

“Es falso -explicó- que la administración pasada haya llegado a un acuerdo con este Grupo -Salinas-. En relación a los adeudos que tiene con el fisco desde el año 2008 al 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución”, dijo el funcionario.

Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que si el empresario Ricardo Salinas Pliego en verdad quiere liquidar su deuda con el SAT -Servicio de Administración Tributaria-, en cualquier momento, no es neceasaría una reunión con las autoridades federales para liquidar su deuda fiscal.

“No se requiere ninguna reunión con el SAT. No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy puede pagar. Solicitar a su contador, a su representante que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar. No se necesita ningún acuerdo”. La deuda de Salinas Pliego hasta julio de 2025 asciende a 74 mil millones de pesos.

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANH

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