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Consecuencias para México, tras designar terroristas a 6 cárteles

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“Visión Periférica”

Por Cliserio Eleazar Cedillo Godínez*

Ya lo decíamos en la anterior visión periférica, cuando advertimos de la difícil encrucijada en la que se encontraba y se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del gobierno estadounidense que exige combatir a fondo al crimen organizados o dejar pasar (en su figura de colaboración) a los drones, como ahora lo acepta ella y que les seguirá, sin duda, la inteligencia anticrimen y cosas peores del vecino país del norte dentro de nuestras fronteras, para ayudarla en este combate contra lo que bien podría compararse a la mítica hidra, la serpiente gigante de muchas cabezas que volvían a crecer a medida que eran cortadas…

En efecto, la decisión del gobierno estadounidense de clasificar a seis cárteles mexicanos como terroristas internacionales, como a partir de este jueves son el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana generará paulatinamente consecuencias multidimensionales para México, según los expertos y documentos que respaldan esta decisión del gobierno estadounidense, al considerar que estos grupos delincuenciales representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y sus intereses económicos.

Según los estudiosos se prevé el incremento de las tensiones diplomáticas y de la Soberanía Nacional, ya que la medida es interpretada como una herramienta de presión para forzar una mayor colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico. Esto, bajo términos definidos por Estados Unidos. Ante ello, no se descarta que esa disposición podría justificar legalmente acciones militares estadounidenses sin autorización previa, bajo el argumento de “protección de la seguridad nacional”, aunque la Constitución mexicana prohíbe operaciones extranjeras en su territorio. En este renglón la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es de que no permitirá injerencias unilaterales, aunque “mantiene su disposición para una cooperación bilateral respetuosa”.

Esta medida, aseguran, traerá consecuencias económicas y financieras, como serían sanciones a algunas empresas, como instituciones financieras, agrícolas o logísticas que podrían enfrentar congelamiento de activos o restricciones si son vinculadas a estos cárteles, aun indirectamente, incluso sin pruebas contundentes. Hay un ejemplo conocido, como es el caso de Speed Joyeros, en Panamá, empresa sancionada por lavado de dinero vinculado a cárteles colombianos.

Se teme también la reducción de inversiones extranjeras. Según los expertos, la percepción de riesgo aumentaría, desincentivando a inversionistas internacionales y afectando sectores clave como energía y manufactura. Otra preocupación es el impacto en las remesas que representan el 4% del PIB mexicano, ya que la medida pronostica regulaciones más estrictas que podrían limitar su flujo, con efectos para millones de familias.

Otro punto a considerar son las implicaciones legales y sociales, como la posible criminalización de migrantes; en tanto que las comunidades mexicanas en Estados Unidos podrían sufrir estigmatización, asociándose erróneamente con el crimen organizado. La vulnerabilidad jurídica es otro punto preocupante que afectaría a empresas serias con transacciones comerciales en zonas controladas por alguno de los cárteles señalados, tan solo por el hecho de “pagar derecho de piso” para su funcionamiento, las que incluso podrán ser sancionadas sin el debido proceso.

De igual forma, el lavado de dinero como terrorismo significa que las actividades financieras ilícitas serán tratadas con leyes antiterroristas, ampliando el alcance de sanciones y congelamientos. Esa disposición de designar a los cárteles como terroristas internacionales implica también que México se vea forzado a aceptar estrategias de seguridad alineadas con intereses estadounidenses, como bloqueos marítimos o vigilancia cibernética avanzada

No se descarta que habrá mayor escalada de violencia, ya que la presión militar podría fragmentar a los cárteles, generando guerras internas por el control territorial, como ya ocurre en Sinaloa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

De igual forma, se considera que habrá un aumento en el intercambio de información entre agencias como la DEA y la Fiscalía mexicana, aunque con riesgos de filtración o uso político. Aunque, por el contrario, expertos como Mike Vigil, exagente de la DEA, señalan que esta medida no cambia estrategias ya implementadas y carece de impacto real, siendo más un “teatro político” para la base electoral de Trump.

La designación podría agravar la crisis de seguridad en regiones como Guerrero o Zacatecas, donde los cárteles ejercen control territorial; en tanto que se redefine la relación bilateral entre México y Estados Unidos, dando prioridad a la agenda de seguridad estadounidense sobre la soberanía mexicana.

Hay que decir que esta decisión de nombrar terroristas internacionales a los seis cárteles mexicanos, si bien ofrece herramientas legales para combatir al narcotráfico, también genera riesgos económicos, sociales y políticos que podrían profundizar las tensiones entre ambos países. México enfrenta el desafío de equilibrar la cooperación con la protección de sus intereses nacionales, evitando que esta medida derive en una crisis sin precedente. Es esa la gran encrucijada a la que se enfrenta Claudia Sheinbaum, como lo advertimos en la anterior Visión Periférica.

*Periodista con 49 años de experiencia en diarios nacionales y estatales, Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024, director general de 5to Poder Periodismo ConSentido.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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EL DERECHO RESULTÓ COMPLEJO… 

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“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

Después de la primera semana de actividades del nuevo Poder Judicial y de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera un papelazo sin precedentes al manifestar una de las ministras que no se debería realizar el control constitucional y otro de ellos al pretender sobreseer dos artículos de una legislación local, éste máximo tribunal ha sido criticado por los grupos y asociaciones de abogados mexicanos. Esto no es casual ni producto de errores cualesquiera, sino el vivo ejemplo de que, una elección judicial no es un mecanismo eficaz para un poder cuya función debe ser técnica jurídica y no político-partidista como lo es hoy en día. 

Pero vamos por partes.  Para que podamos entender el porqué de la burla nacional de la que son objeto los nuevos ministros, es precisamente por que la ministra Estela Ríos (titulada en 1970 y con una maestría en derecho laboral en 2016, con sus dos cédulas profesionales registradas), se pronunció por respetar la función del legislador y no invalidar leyes emanadas de ese poder, cuando parte de la razón de existir de esa Suprema Corte es precisamente la de ser garante del control de la constitucionalidad, lo que prende los focos rojos de los conocedores del derecho, ya que la ministra debió al menos de conocer cuáles son las funciones de la Corte desde que se erigió como tribunal constitucional y saber que su competencia es precisamente esa, ya que, de proceder su razonamiento estaría violando la Constitución.  

Posteriormente, el ministro Giovanni Figueroa (titulado en el 2001, con maestría y doctorado en constitucional en 2009, con sus tres cédulas profesionales vigentes) con plena soltura en la sesión del Pleno de la Corte, tuvo a bien elaborar un discurso rimbombante para declararse en favor del sobreseimiento de dos artículos de una norma de Chihuahua, lo que, procesalmente es una aberración jurídica. Vaya, es imposible, ya que el sobreseimiento como tal es una resolución judicial que pone fin a un proceso legal de forma parcial o total, sin llegar a resolver el fondo del asunto. Por lo tanto, al tratarse de dos artículos vigentes de una ley de Chihuahua, estos no pueden ser sobreseídos, es absurdo, imposible y lamentable viniendo de un ministro. 

Ante tales descontroles producto del desconocimiento generalizado en los juzgadores electos de nuevo Poder Judicial, sin considerar la docena de videos que rondan por el entorno digital de jueces que no tienen idea de lo que deben hacer o decir en audiencias, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz (titulado en 2010 como abogado y con solo una cédula profesional registrada, sin maestría formalmente), se manifestó porque los jueces recién entrados en funciones aprovecharan a los juristas que aún se encuentran prestando sus servicios en los juzgados a efecto de que su conocimiento y experiencia sean de utilidad para el nuevo Poder Judicial. 

Finamente, y como dice el refrán, echando a perder se aprende, y los nuevos jueces, magistrados y ministros, han caído en cuenta que la función de la jurisdicción (juris- dictio = decir el derecho), es difícil y esto queda de manifiesto con la cantidad de personas juzgadoras que ya han renunciado a sus respectivos encargos en varias entidades federativas incluyendo a Quintana Roo donde una jueza penal especializada en justicia para adolescentes ya tiró la toalla.  

Por ende, es importante que, quienes sí saben derecho y como funciona un juzgado; es decir que, quienes han pasado gran parte de su vida estudiando derecho dentro del proceso de formación jurídica tan criticado por algunos senadores que no han podido encontrar la diferencia entre propiedad privada y propiedad comunal como Noroña, ahora resulta que son prioritarios para que los jueces de elección que merecen sus cargos a la diosa Fortuna, por no decir algo inapropiado, no sigan cometiendo errores tan graves que les puedan generar responsabilidades administrativas y penales. 

Así pues, la primera semana de los jueces electos en la que muchos de ellos parecieran nacidos para la materia, aunque muchos otros, siguen pensando que la campaña continúa y el trabajo puede esperar, y otra parte de ellos, aún sigue sin saber que es lo hace un juzgador.  

Por ello, quienes hemos pisado juzgados y tribunales a lo largo de nuestras vidas, desde tiempo antes y sin bolas de cristal de por medio, advertimos que esto pasaría afectando a personas, familias y empresas involucradas en litigios. Ahora solo nos resta esperar que los secretarios y proyectistas que aún prestan sus servicios en los juzgados sean verdaderamente valorados y reconocidos porque ellos, son los que van a sacar a los jueces electos de la barranca porque como dice uno de los principios clásicos del derecho “ius semper loquitur” pero para ello se necesita que el juez lo conozca.  

HAN 

(Licenciado en Derecho con mención honorífica. Maestro en derecho por la Universidad Anahuac del Mayab. Maestro en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Anahuac Cancún) 

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PAREJERAS EN LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

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“Comentario a tiempo”
Por Teodoro Rentería Arróyave

¡VIVA MÉXICO!

Así como en las carreras de caballos, estamos ante la presencia de las parejeras en la corrupción gubernamental, seguramente el juez supremo, el pueblo, cuando conozca más sobre los intríngulis de los escándalos dará su veredicto sobre cuál de los dos será el que se haga acreedor ​del ​’antipremio de la indignación nacional​’.

La plataforma sdpnoticias publicó el 16 de julio de 2025, que después de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la vinculación a proceso del ahora detenido en Paraguay, Hernán Bermúdez Requena, alias “el Comandante” o El Abuelo”, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, por ser señalado como fundador y cabecilla del grupo criminal de “La Barredora”.

Al respecto el diputado federal de Morena, Manuel Espino, expresó la misma frase que usó contra Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, respecto a su jefe el ex huésped de “Los Pinos”, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pero ahora hacia el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López; “o es pen… o cómplice”, nosotros agregamos al gobernador sustituto, Carlos Merino, porque sostuvo en el cargo al indiciado.

En dicho contexto, el diputado Manuel Espino, ahora convaleciente en un hospital, agregó no solapar a nadie y pidió una explicación a Adán Augusto López En esa relación de ideas, Manuel Espino revivió la frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “no solapar a nadie, así sea de mi propio partido, nadie por encima de la ley”.

Al respecto la presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición, de cualquier persona y, particularmente, del senador Adán Augusto”.

Desde luego la oposición reaccionó, y es su derecho, al exigir una explicación al expresidente López Obrador, sobre todo porque en su oportunidad para descalificar a Calderón afirmó que el Presidente de la República es la persona más informada del país. Toca al exmandatario aclarar tal situación.

La organización criminal conocida como “La Barredora” es un grupo delictivo, ligado al huachicoléo y tráfico de drogas, operaba en varios municipios de Tabasco y expandió sus actividades hacia Chiapas, donde fue denunciado por autoridades locales.

Como es de conocimiento público, la detención de Bermúdez, alias el “Abuelo”, ocurrió en Paraguay durante un operativo internacional en el que participaron el Centro Nacional de Inteligencia, CNI; la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF; la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA; Secretaría de Marina, SEMAR, Guardia Nacional y autoridades paraguayas. Según el gobierno federal, este golpe representa un avance en la política de Cero Tolerancia a la Corrupción impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Barredora” surgió tras la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y tuvo nexos con la facción de Édgar Valdez Villarreal, la “Barbie”. Desde 2009 se le vincula con hechos violentos en Tabasco, como el asesinato de familiares del marino Melquisedec Angulo.

Con el tiempo, la organización consolidó su presencia en municipios como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, donde se dedicó al robo de combustible, tráfico de migrantes, venta de metanfetaminas y cobro de piso.

De acuerdo con Willy Ochoa, exgobernador interino de Chiapas, este grupo criminal operó en la entidad entre 2019 y 2021. En un mensaje publicado en redes sociales, acusó al exgobernador Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami, de “entregar” el estado al crimen organizado.

Ochoa señaló que Cristóbal Silva, un huachicolero de la zona de Reforma, encabezó la operación local junto con al menos 10 ex militares chiapanecos, lo que mantuvo a varias comunidades en un clima de miedo e impunidad.

La captura de Bermúdez se realizó en una residencia boscosa de Paraguay, donde se encontraron joyas y grandes cantidades de dinero. La operación se logró gracias al rastreo financiero coordinado por la UIF y al intercambio de información permitido por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Estas son las PAREJERAS EN LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL, por ahora se hermanan, están en empate en la criminal deshonestidad pública.

Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com

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