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La Comisión de Puntos Constitucionales define fechas para discutir y votar los proyectos de dictamen sobre iniciativas del Ejecutivo

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CDMX.- La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el acuerdo sobre las reuniones para discutir y votar los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, y por integrantes de la LXV Legislatura.

El acuerdo, aprobado por 12 votos a favor y tres abstenciones, argumenta que ante la importancia que representa para la vida social, política, económica y jurídica las iniciativas de modificación constitucional, se acordó hacer un plan de trabajo.

Refiere que el 1 de agosto iniciará la discusión y, en su caso, aprobación de nueve proyectos de dictamen sobre los siguientes artículos constitucionales:  

Artículo 123 en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores. Artículos 4° y 27 relativos a agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica y bienestar. Artículos 4° y 5° sobre protección a la salud y artículos 3°, 4° y 73 respecto a protección y cuidado animal.

Para el 2 de agosto se prevé discutir y, en su caso, aprobar dos proyectos de dictamen: el que modifica el artículo 28 en materia de vías y transporte ferroviario, y el que reforma diversos artículos de la Carta Magna sobre austeridad y percepciones de servidores públicos.

El 9 de agosto, el proyecto de dictamen que modifica el artículo 2° en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos.

Mientras que el 13 de agosto, el proyecto de dictamen que reforma el artículo 19 en materia prisión preventiva oficiosa. El 14, el de las modificaciones a diversos artículos de la Carta Magna sobre áreas y empresas estratégicas. 

El 15 de agosto se contempla el traslado del proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política en materia justicia, y la calendarización de las iniciativas relativas a la simplificación administrativa, electoral y de la Guardia Nacional.

Intervención de diputadas y diputados

El diputado Robledo Ruiz explicó que a partir del 1 de agosto y hasta el 23 de agosto se podrán discutir 14 iniciativas, y el 15 de agosto, después de recopilar las conclusiones de los Diálogos Nacionales sobre la reforma judicial, se logrará presentar un proyecto de dictamen, a fin de que el 22 de agosto se pueda discutir.

Detalló que en el proceso de debate de los dictámenes las y los integrantes de la Comisión emitirán su opinión en lo general y lo particular, mientras que las reservas se anexarán al dictamen y se pasarán a la Mesa Directiva para que continúe su proceso legal y constitucional. Agregó que de lo contrario las y los legisladores de la próxima Legislatura no tendrán la facultad de pronunciarse a favor o en contra.

Anunció que una vez concluida la reunión de este día se difundirán los proyectos de dictamen próximos a discutir, con la finalidad de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expresó que el acuerdo tiene falta de claridad en la calendarización para la discusión de estos temas, pues no se sabe qué día se va a discutir qué tema, “lo que es falta de transparencia y pareciera que se quiere hacer un albazo”. No hay conclusiones sobre diversos temas como la reforma al Poder Judicial, simplificación administrativa y desaparición de órganos, y existe una mordaza para no presentar reservas en la Comisión, dijo.

A su vez, el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) consideró que lo que se va a discutir, tanto el proyecto de acuerdo como los proyectos de dictamen, atienden las fuentes de legitimidad en cuanto a validez, justicia y eficacia; hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica, la reglamentación de la Cámara y las costumbres parlamentarias.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que el acuerdo no cumple en el fondo ni en la forma con el Reglamento de la Cámara y que, si bien hay temas que se ven con simpatía y se votarán a favor en el Pleno, como el salario mínimo, pueblos indígenas y afrodescendientes, protección animal, agua y medio ambientes, “vamos a votar en contra porque el PRI se opone a la llamada reforma judicial, que es un ataque a los principios que rigen la democracia”.

Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que no hay ningún intento de albazo porque en febrero se presentaron las iniciativas constitucionales. Planteó que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal. “No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”.

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) consideró que lo presentado es totalmente violatorio de los derechos de las y los legisladores en lo que respecta a presentación de reservas, lo cual está establecido en el Reglamento de la Cámara Diputados. Además, resaltó que discutir 18 iniciativas de relevancia, por tener un impacto en la Constitución Política, es un despropósito y un atropello al respeto de la soberanía.

La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, propuso que el 9 de agosto se vote la iniciativa de reforma constitucional al artículo 2°, toda vez que ese día se conmemora a los pueblos indígenas. Agregó que esta adecuación normativa es trascendental, pues el Estado mexicano saldará la deuda histórica que tiene con esa población.

Al respecto, el presidente de la Comisión propuso votar las iniciativas del Presidente y de las y los legisladoras en materia de indigenismo el 9 de agosto. Explicó que estas modificaciones son toda una Constitución indígena para los pueblos originarios y afromexicanos, al poner en orden muchos conceptos.

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) celebró la calendarización de los trabajos de la Comisión de puntos Constitucionales, ya que otorga orden a la discusión. Asimismo, solicitó permitir la presentación de reservas, pues es fundamental que queden registradas, toda vez que habrá cambio de Legislatura.

Iran Santiago Manuel, diputado de Morena, mencionó que estas reformas van a sentar las bases para continuar con la cuarta transformación y no hay ningún albazo legislativo dado que desde hace meses se viene discutiendo el tema. Agregó que ha sido práctica parlamentaria el que las reservas se vayan al Pleno. “Nosotros, como cuarta transformación, no estamos poniendo en peligro a la República, sino se está recuperando. Las reformas se van a aprobar”.

Por el mismo grupo parlamentario, la diputada Lidia García Anaya aplaudió que se esté buscando incluir el tema de las reservas en el proyecto de acuerdo; sin embargo, dijo, “la oposición lo votará en contra pese a que sea en beneficio de las y los ciudadanos. El pueblo de México está pendiente de lo que sucede y pasa en esta Cámara”.

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TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS

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El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.

De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.

El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.

Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.

La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS

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A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:

  1. SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
  2. EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
  3. EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
  4. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
    El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
    ¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
    Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
    UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.

Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.

Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.

Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.

Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.

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