Agencia.- Las autoridades estadounidenses pasaron años investigando las acusaciones de que los aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con los cárteles de la droga y recibieron millones de dólares de ellos después de que asumió el cargo, según registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto.

La investigación, que no había sido reportada previamente, descubrió información que apunta a posibles vínculos entre poderosos operadores del cártel y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras gobernó el país.

Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación. Llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco apetito por presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos, dijeron las tres personas familiarizadas con el caso, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

López Obrador calificó las acusaciones de “completamente falsas”, respondiendo a preguntas de The New York Times el jueves. Dijo que la noticia de la investigación no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero dijo que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

“¿Esto disminuye la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa regular, y agregó: “El tiempo lo dirá”.

Los cárteles de la droga se han infiltrado durante mucho tiempo en el Estado mexicano, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan a los alcaldes, cooptan a altos funcionarios y dominan amplias franjas del país.

Pero si bien los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los socios de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales.

}El presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano se abrazan mientras sonríen. Una bandera estadounidense está a la derecha de ellos.
Gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, a veces, terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente.

Por ejemplo, los registros muestran que un informante les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

Una fuente diferente les dijo que después de que el presidente fuera elegido, uno de los fundadores del notoriamente violento cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de ser liberado de prisión.

Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga, según muestran los registros.

Los agentes de la ley de Estados Unidos también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran agentes del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación.

Al menos uno de esos pagos, dijeron, se realizó casi al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo y que ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Hace más de una década, una investigación separada dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) descubrió acusaciones de que los traficantes habían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación, que fue detallada por tres medios de comunicación el mes pasado, se cerró sin que se presentaran cargos.

Para Estados Unidos, presentar cargos penales contra altos funcionarios extranjeros es una tarea rara y complicada. Construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente difícil. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, finalmente los retiró después de que su arresto causara una ruptura diplomática con México.

El gobierno de Biden tiene un enorme interés en manejar su relación con López Obrador, quien es visto como indispensable para contener un aumento en la migración que se ha convertido en uno de los temas más polémicos en la política estadounidense. Es una de las principales preocupaciones de los votantes en el período previo a las elecciones presidenciales de este otoño.

México también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos de Estados Unidos para evitar que las drogas ilícitas como el fentanilo crucen la frontera sur.

Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. tienen jurisdicción para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si pueden demostrar una conexión con los narcóticos que se mueven a través de la frontera hacia los Estados Unidos.

Si bien es poco común que los agentes estadounidenses persigan a altos funcionarios extranjeros, no es algo sin precedentes: el juicio por drogas de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, comenzó esta semana en la Corte Federal de Distrito en Manhattan.

Los fiscales federales en Nueva York también lograron una condena por corrupción el año pasado contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, persuadiendo a un jurado de que había recibido millones de dólares en sobornos de cárteles violentos a los que se suponía que debía perseguir.

Si bien los esfuerzos para escudriñar a los aliados de López Obrador ya no están activos, la revelación de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos estaban examinando discretamente las acusaciones de corrupción en su contra podría ser perjudicial en sí misma.

Los informes de los medios de comunicación del mes pasado, incluido uno de ProPublica, sobre una investigación de Estados Unidos sobre las donaciones de campaña de 2006 -para una elección que no ganó- desataron una tormenta en México.

López Obrador denunció públicamente las historias, insinuando que tenían como objetivo influir en las elecciones presidenciales del país en junio, en las que su protegida, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, lidera la carrera para reemplazarlo. Sugirió que los informes podrían complicar las conversaciones sobre migración y fentanilo con el gobierno de Estados Unidos, y dijo que consideró no recibir al asesor de seguridad nacional del presidente Biden para una reunión planificada en la capital mexicana.

“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando de la lucha contra las drogas si ellos, o una de sus instituciones, están filtrando información y dañándome?”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa regular días después de la publicación de las historias.

Después de que el presidente Biden llamara a López Obrador, calmando las tensiones, el canciller mexicano dijo que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos le dijo a México “que este es un tema cerrado para ellos”.

El gobierno de Biden ha manejado a López Obrador con mucho cuidado, evitando las críticas públicas en favor de enviar repetidamente a altos funcionarios a la Ciudad de México para reunirse con él y presionar por una aplicación sostenida de la ley migratoria en privado.

La decisión de dejar que la reciente investigación quedara inactiva, dijeron las personas familiarizadas con ella, fue causada en gran parte por el colapso de un caso de corrupción separado y altamente polémico. En los últimos meses de la administración Trump en 2020, funcionarios estadounidenses presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.

Los funcionarios estadounidenses también investigaron al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.
En una acusación federal, revelada en Nueva York después de una investigación de varios años llamada “Operación Padrino”, los fiscales acusaron al general Cienfuegos de usar los poderes de su cargo para ayudar a un grupo criminal violento llamado cártel H-2 a llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas.

Su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles provocó furor dentro del gobierno mexicano, particularmente entre los líderes de las fuerzas armadas del país, que han asumido mayores responsabilidades y poder bajo López Obrador.

El presidente dijo que los cargos fueron “fabricados” y su gobierno publicó más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que pretendían mostrar actividad criminal, pero que no fueron concluyentes.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que ya tenía una historia accidentada como protagonistas de una guerra contra las drogas vista como sangrienta e inútil, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.

Apenas unas semanas después de que se produjera el arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo una fuerte presión de López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación, enviando al general Cienfuegos de regreso a México.

El episodio no solo dañó los acuerdos de seguridad de larga data entre los dos países, sino que también dejó una profunda impresión en los agentes de la ley al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como una advertencia sobre emprender esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.

Fuente: Mas información (texto original New York Times)