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New York Times incomoda a AMLO y abre “la caja de pandora”

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Agencia.- Las autoridades estadounidenses pasaron años investigando las acusaciones de que los aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con los cárteles de la droga y recibieron millones de dólares de ellos después de que asumió el cargo, según registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto.

La investigación, que no había sido reportada previamente, descubrió información que apunta a posibles vínculos entre poderosos operadores del cártel y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras gobernó el país.

Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación. Llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco apetito por presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos, dijeron las tres personas familiarizadas con el caso, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

López Obrador calificó las acusaciones de “completamente falsas”, respondiendo a preguntas de The New York Times el jueves. Dijo que la noticia de la investigación no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero dijo que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

“¿Esto disminuye la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa regular, y agregó: “El tiempo lo dirá”.

Los cárteles de la droga se han infiltrado durante mucho tiempo en el Estado mexicano, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan a los alcaldes, cooptan a altos funcionarios y dominan amplias franjas del país.

Pero si bien los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los socios de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales.

}El presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano se abrazan mientras sonríen. Una bandera estadounidense está a la derecha de ellos.
Gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, a veces, terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente.

Por ejemplo, los registros muestran que un informante les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

Una fuente diferente les dijo que después de que el presidente fuera elegido, uno de los fundadores del notoriamente violento cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de ser liberado de prisión.

Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga, según muestran los registros.

Los agentes de la ley de Estados Unidos también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran agentes del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación.

Al menos uno de esos pagos, dijeron, se realizó casi al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo y que ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Hace más de una década, una investigación separada dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) descubrió acusaciones de que los traficantes habían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación, que fue detallada por tres medios de comunicación el mes pasado, se cerró sin que se presentaran cargos.

Para Estados Unidos, presentar cargos penales contra altos funcionarios extranjeros es una tarea rara y complicada. Construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente difícil. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, finalmente los retiró después de que su arresto causara una ruptura diplomática con México.

El gobierno de Biden tiene un enorme interés en manejar su relación con López Obrador, quien es visto como indispensable para contener un aumento en la migración que se ha convertido en uno de los temas más polémicos en la política estadounidense. Es una de las principales preocupaciones de los votantes en el período previo a las elecciones presidenciales de este otoño.

México también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos de Estados Unidos para evitar que las drogas ilícitas como el fentanilo crucen la frontera sur.

Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. tienen jurisdicción para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si pueden demostrar una conexión con los narcóticos que se mueven a través de la frontera hacia los Estados Unidos.

Si bien es poco común que los agentes estadounidenses persigan a altos funcionarios extranjeros, no es algo sin precedentes: el juicio por drogas de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, comenzó esta semana en la Corte Federal de Distrito en Manhattan.

Los fiscales federales en Nueva York también lograron una condena por corrupción el año pasado contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, persuadiendo a un jurado de que había recibido millones de dólares en sobornos de cárteles violentos a los que se suponía que debía perseguir.

Si bien los esfuerzos para escudriñar a los aliados de López Obrador ya no están activos, la revelación de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos estaban examinando discretamente las acusaciones de corrupción en su contra podría ser perjudicial en sí misma.

Los informes de los medios de comunicación del mes pasado, incluido uno de ProPublica, sobre una investigación de Estados Unidos sobre las donaciones de campaña de 2006 -para una elección que no ganó- desataron una tormenta en México.

López Obrador denunció públicamente las historias, insinuando que tenían como objetivo influir en las elecciones presidenciales del país en junio, en las que su protegida, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, lidera la carrera para reemplazarlo. Sugirió que los informes podrían complicar las conversaciones sobre migración y fentanilo con el gobierno de Estados Unidos, y dijo que consideró no recibir al asesor de seguridad nacional del presidente Biden para una reunión planificada en la capital mexicana.

“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando de la lucha contra las drogas si ellos, o una de sus instituciones, están filtrando información y dañándome?”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa regular días después de la publicación de las historias.

Después de que el presidente Biden llamara a López Obrador, calmando las tensiones, el canciller mexicano dijo que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos le dijo a México “que este es un tema cerrado para ellos”.

El gobierno de Biden ha manejado a López Obrador con mucho cuidado, evitando las críticas públicas en favor de enviar repetidamente a altos funcionarios a la Ciudad de México para reunirse con él y presionar por una aplicación sostenida de la ley migratoria en privado.

La decisión de dejar que la reciente investigación quedara inactiva, dijeron las personas familiarizadas con ella, fue causada en gran parte por el colapso de un caso de corrupción separado y altamente polémico. En los últimos meses de la administración Trump en 2020, funcionarios estadounidenses presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.

Los funcionarios estadounidenses también investigaron al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.
En una acusación federal, revelada en Nueva York después de una investigación de varios años llamada “Operación Padrino”, los fiscales acusaron al general Cienfuegos de usar los poderes de su cargo para ayudar a un grupo criminal violento llamado cártel H-2 a llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas.

Su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles provocó furor dentro del gobierno mexicano, particularmente entre los líderes de las fuerzas armadas del país, que han asumido mayores responsabilidades y poder bajo López Obrador.

El presidente dijo que los cargos fueron “fabricados” y su gobierno publicó más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que pretendían mostrar actividad criminal, pero que no fueron concluyentes.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que ya tenía una historia accidentada como protagonistas de una guerra contra las drogas vista como sangrienta e inútil, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.

Apenas unas semanas después de que se produjera el arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo una fuerte presión de López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación, enviando al general Cienfuegos de regreso a México.

El episodio no solo dañó los acuerdos de seguridad de larga data entre los dos países, sino que también dejó una profunda impresión en los agentes de la ley al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como una advertencia sobre emprender esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.

Fuente: Mas información (texto original New York Times)

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La Comisión de Puntos Constitucionales define fechas para discutir y votar los proyectos de dictamen sobre iniciativas del Ejecutivo

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CDMX.- La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el acuerdo sobre las reuniones para discutir y votar los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, y por integrantes de la LXV Legislatura.

El acuerdo, aprobado por 12 votos a favor y tres abstenciones, argumenta que ante la importancia que representa para la vida social, política, económica y jurídica las iniciativas de modificación constitucional, se acordó hacer un plan de trabajo.

Refiere que el 1 de agosto iniciará la discusión y, en su caso, aprobación de nueve proyectos de dictamen sobre los siguientes artículos constitucionales:  

Artículo 123 en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores. Artículos 4° y 27 relativos a agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica y bienestar. Artículos 4° y 5° sobre protección a la salud y artículos 3°, 4° y 73 respecto a protección y cuidado animal.

Para el 2 de agosto se prevé discutir y, en su caso, aprobar dos proyectos de dictamen: el que modifica el artículo 28 en materia de vías y transporte ferroviario, y el que reforma diversos artículos de la Carta Magna sobre austeridad y percepciones de servidores públicos.

El 9 de agosto, el proyecto de dictamen que modifica el artículo 2° en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos.

Mientras que el 13 de agosto, el proyecto de dictamen que reforma el artículo 19 en materia prisión preventiva oficiosa. El 14, el de las modificaciones a diversos artículos de la Carta Magna sobre áreas y empresas estratégicas. 

El 15 de agosto se contempla el traslado del proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política en materia justicia, y la calendarización de las iniciativas relativas a la simplificación administrativa, electoral y de la Guardia Nacional.

Intervención de diputadas y diputados

El diputado Robledo Ruiz explicó que a partir del 1 de agosto y hasta el 23 de agosto se podrán discutir 14 iniciativas, y el 15 de agosto, después de recopilar las conclusiones de los Diálogos Nacionales sobre la reforma judicial, se logrará presentar un proyecto de dictamen, a fin de que el 22 de agosto se pueda discutir.

Detalló que en el proceso de debate de los dictámenes las y los integrantes de la Comisión emitirán su opinión en lo general y lo particular, mientras que las reservas se anexarán al dictamen y se pasarán a la Mesa Directiva para que continúe su proceso legal y constitucional. Agregó que de lo contrario las y los legisladores de la próxima Legislatura no tendrán la facultad de pronunciarse a favor o en contra.

Anunció que una vez concluida la reunión de este día se difundirán los proyectos de dictamen próximos a discutir, con la finalidad de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expresó que el acuerdo tiene falta de claridad en la calendarización para la discusión de estos temas, pues no se sabe qué día se va a discutir qué tema, “lo que es falta de transparencia y pareciera que se quiere hacer un albazo”. No hay conclusiones sobre diversos temas como la reforma al Poder Judicial, simplificación administrativa y desaparición de órganos, y existe una mordaza para no presentar reservas en la Comisión, dijo.

A su vez, el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) consideró que lo que se va a discutir, tanto el proyecto de acuerdo como los proyectos de dictamen, atienden las fuentes de legitimidad en cuanto a validez, justicia y eficacia; hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica, la reglamentación de la Cámara y las costumbres parlamentarias.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que el acuerdo no cumple en el fondo ni en la forma con el Reglamento de la Cámara y que, si bien hay temas que se ven con simpatía y se votarán a favor en el Pleno, como el salario mínimo, pueblos indígenas y afrodescendientes, protección animal, agua y medio ambientes, “vamos a votar en contra porque el PRI se opone a la llamada reforma judicial, que es un ataque a los principios que rigen la democracia”.

Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que no hay ningún intento de albazo porque en febrero se presentaron las iniciativas constitucionales. Planteó que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal. “No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”.

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) consideró que lo presentado es totalmente violatorio de los derechos de las y los legisladores en lo que respecta a presentación de reservas, lo cual está establecido en el Reglamento de la Cámara Diputados. Además, resaltó que discutir 18 iniciativas de relevancia, por tener un impacto en la Constitución Política, es un despropósito y un atropello al respeto de la soberanía.

La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, propuso que el 9 de agosto se vote la iniciativa de reforma constitucional al artículo 2°, toda vez que ese día se conmemora a los pueblos indígenas. Agregó que esta adecuación normativa es trascendental, pues el Estado mexicano saldará la deuda histórica que tiene con esa población.

Al respecto, el presidente de la Comisión propuso votar las iniciativas del Presidente y de las y los legisladoras en materia de indigenismo el 9 de agosto. Explicó que estas modificaciones son toda una Constitución indígena para los pueblos originarios y afromexicanos, al poner en orden muchos conceptos.

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) celebró la calendarización de los trabajos de la Comisión de puntos Constitucionales, ya que otorga orden a la discusión. Asimismo, solicitó permitir la presentación de reservas, pues es fundamental que queden registradas, toda vez que habrá cambio de Legislatura.

Iran Santiago Manuel, diputado de Morena, mencionó que estas reformas van a sentar las bases para continuar con la cuarta transformación y no hay ningún albazo legislativo dado que desde hace meses se viene discutiendo el tema. Agregó que ha sido práctica parlamentaria el que las reservas se vayan al Pleno. “Nosotros, como cuarta transformación, no estamos poniendo en peligro a la República, sino se está recuperando. Las reformas se van a aprobar”.

Por el mismo grupo parlamentario, la diputada Lidia García Anaya aplaudió que se esté buscando incluir el tema de las reservas en el proyecto de acuerdo; sin embargo, dijo, “la oposición lo votará en contra pese a que sea en beneficio de las y los ciudadanos. El pueblo de México está pendiente de lo que sucede y pasa en esta Cámara”.

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Repite Zoé Robledo para el IMSS en el gabinete de Claudia Sheinbaum

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CDMX.- La virtual Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó desde su casa de transición a un integrante más de su gabinete ampliado. En esta ocasión refrendó en su puesto a Zoé Robledo, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otro lado, informó que Carlos Augusto Morales López, será su secretario particular.

El primer nombramiento de su gabinete ampliado fue Lázaro Cárdenas Batel, que será el jefe de Oficina de la Presidencia durante su mandato.

Aún faltan otros nombramientos relevantes como la dirección general de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), estas últimas serán nombrados en septiembre, según adelantó la próxima presidenta de México.

¿Quién es Zoé Robledo?
Es politólogo por el ITAM y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado Liderando el Crecimiento Económico de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University.

El 22 de mayo de 2019, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Director General del IMSS y actualmente es el encargado del programa de transformación del sistema de salud nacional IMSS-Bienestar, en el que es presidente de su junta de gobierno.

En julio de 2018 fue electo Diputado Federal por el Distrito VI del estado de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Solicitó licencia en noviembre de 2018 para ocupar la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del primero de diciembre de ese año a mayo de 2019.

Fue vicecoordinador parlamentario de Morena-PT.
De 2012 a 2015 presidió la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y posteriormente presidió la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía; también fue secretario de Estudios Legislativos, Primera; de Puntos Constitucionales; del Comité de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República.

Representó al Senado de la República en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y fue presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes de Parlamentos Centroamericanos (FOPREL). Asimismo, ocupó la segunda posición en el ranking de mejores senadores de México realizada por la plataforma Atlas Político en el 2015.

En 2014, fue el primer político mexicano en presentar su #3de3, iniciativa para que funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.
El 1 de julio de 2012 fue electo Senador de la República representando al estado de Chiapas.

¿Por qué se queda alfrente del IMSS?
La decisión de que Robledo Aburto continúe al frente del IMSS responde a varios motivos. Según Sheinbaum Pardo, ha desempeñado una gran función en su cargo y es vital para consolidar el IMSS-Bienestar. Este programa busca la federalización de la salud en los estados que han optado por este modelo, un proceso que Sheinbaum considera esencial no interrumpir.

“Tuvimos una reunión este lunes con el doctor (David) Kershenobich, que es el futuro secretario de Salud, y con Zoé y algunos otros compañeros y compañeras y ya estamos trabajando la consolidación del IMSS-Bienestar, el equipamiento de los centros de salud, un modelo también todavía de mayor cercanía con la ciudadanía para la atención a la salud del IMSS Bienestar, el programa de adultos mayores, de salud para los adultos mayores, donde va también a colaborar el Imss y el imss bienestar”, detalló.

Por otro lado, detalló que en las próximas semanas se llevará a cabo una reunión de planificación integral para delinear las acciones a implementar en los primeros 100 días de gobierno y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

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