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Opinión

Mara Lezama, un gobierno Solidario

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“El Minotauro”

Nicolás Durán de la Sierra

Si hubiese que calificar la gestión de Mara Lezama con una palabra, esta sería la de solidario. Su gobierno ha mostrado, en más de un sentido, su vocación por servir, por unirse a la causa de los demás y en especial de los más desprotegidos. Esto tiene especial relevancia en un Estado en el que casi la mitad de su población enfrenta la pobreza y una parte de ella está en la miseria.

Los datos de la Secretaria del Bienestar no dejan duda: su meta es atender a los más de 800 mil habitantes por debajo de la pobreza media nacional –al menos 170 mil en situación extrema- y a ello se aplica con diversos programas, sí, pero también de manera presencial y ello da la impronta de su gobierno. Está a ras de calle, entre la gente y sus problemas.

Mucho se ha dicho sobre sus programas de apoyo a la mujer y su impacto familiar, de su combate al hambre sobre todo en el área rural, pero de entre ellos destacan dos proyectos: el de las brigadas “Salud para Todos”, que ha ido por todo el Estado y prestado casi 150 mil servicios, medicamentos incluidos, y ahora los de “Impulso” y “Unidos para Transformar”.

Estos nuevos programas tienen estrecha relación con la lucha contra la pobreza y sus secuelas en áreas críticas pues apoya, con dinero, proyectos de empleo, cursos y talleres que hacen frente a patologías como la violencia contra la mujer, y en síntesis fomentan la regeneración del tejido social y, por ende, van por la paz social tan ajena a veces en las ciudades del norte estatal.

Mas el sello de su gobierno, se dijo, es el que da con su cercanía a la gente, en especial en áreas críticas. Con facilidad va de la recepción del crucero más grande del mundo en Cozumel a las calles anegadas de Holbox tras el frente frío de hace unos días y ello le da peso político y, claro, peso electoral a la 4T pero sobre todo le da peso moral a ella como gobernante.

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Opinión

Nadie quiere agarrar ‘el toro por los cuernos’

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Hay dos temas torales que deben de tocar los candidatos a un cargo de elección popular en el ámbito federal (Senador y Diputado), el primero tiene que ver con la percepción de inseguridad, el segundo con el tema de la salud (luego hablamos de este), con todas las variantes que trae cada uno de ellos; eso sí, quienes aspiren a gobernar un municipio como Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, deben tener bien en claro que su prioridad es la prevención del delito, así como la atención de la salud en el sistema básico.
Vayamos por el primer tema, que las y los candidatos deben de agarrar por los cuernos.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Quintana Roo los delitos del fuero común van en aumento, por ejemplo las víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal pararon de 832 en enero a 998 en marzo, con un aumento del 19.95 por ciento; en una media del primer trimestre de este año, fueron cometidos 846 delitos mensuales, lo que representa 28.5 delitos diarios en todo el territorio; lógicamente, los municipios con mayor incidencia delictiva son Benito Juárez y Solidaridad, seguido de Tulum y Cozumel.

Un poco más profundo, porque las matemáticas no fallan, es que la sumatoria de delitos del primer trimestre 2024, es de 2 mil 537; que comparados con el primer trimestre del 2023 (2 mil 382 delitos), el incremento fue de 155 eventos, o sea un 6 por ciento más en relación con el mismo trimestre del año pasado.

¿Qué pasa con la seguridad? Que ninguna autoridad se quiere hacer responsable, hacen pasar los eventos como “hechos aislados”, cuando casi de manera diaria hay muertos por causa del crimen organizado. Además, hace falta recursos humanos capacitados para cubrir las plazas en la Policía Preventiva, ya ni hablemos que la Marina y el Ejército, que ahora están ocupados en sus empresas de aeropuertos, aerolíneas, navieras, de transporte ferroviario y de la construcción; la seguridad dejó de ser una prioridad para ellos.

Lo cierto es que por cualquier circunstancia o método de seguridad pública que falle, quien paga los ‘platos rotos’ es la sociedad en su conjunto. Hablo de ese empresario que está con la zozobra que le lleguen a cobrar el llamado ‘derecho de piso’; hablo de los jóvenes (hombres y mujeres) que son desaparecidos porque al lugar que fueron a divertirse manda tal o cual grupo; hablo de ese trabajador del volante que es obligado a aceptar las reglas del crimen organizado para poder operar; entre muchos más como los llamados ‘daños colaterales’.

Urge que las políticas públicas y las propuestas de campaña giren en torno a estos temas, porque sin salud no puedes hacer nada; y sin trabajo por la inseguridad, pues no puedes tener los recursos necesarios para llevar una calidad de vida. Ahí se las dejo…

SASCAB
A una semana de haber iniciado las campañas locales, para presidentes municipales y diputaciones locales, el panorama se aclara para algunos, sin embargo, otros ven su cruda realidad en cuanto a sus anhelos de reelegirse.

Aunque algunos auguran el famoso “carro completo” para la alianza de Morena-PVEM-PT, otros más avezados dicen que no es así, porque los municipios y distritos que están en riesgo son más de dos. Por ejemplo, en José María Morelos, no la tiene fácil el candidato de Morena a reelegirse en el cargo, Erik Borges Yam, porque frente al él hay al menos dos toros que andan con todo para tratar de ganar votos y quedarse con el triunfo de la Presidencia Municipal; hablo de Luis Carrillo Góngora, quien está apoyado por la cúpula del Partido Verde, y del conocido “Xiximac” (Francisco Puc Cen), quien con la bandera de Movimiento Ciudadano (MC) trata de capitalizar el descontento que hay en la zona maya por la dudosa administración de Borges Yam.

Donde limaron asperezas que les provocó la selección de la candidatura, fue en Lázaro Cárdenas, pues los empresarios navieros Josué Nivardo Mena Villanueva, sumó a su equipo de campaña a Ismael Moguel Canto, conocido como “Mayito”; todo por el “bien de los lazarocardenses y el desarrollo del municipio”.

Ayer tuvieron su evento en Holbox, la tierra que los vio nacer, y quizá estos dos empresarios navieros, son un referente del liderazgo político que tienen en la zona; nada que hacer tienen los otros candidatos(as) ante una dupla que ha sido triunfadora de manera individual; ahora imagínese usted qué no harán como equipo. Al tiempo…

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Opinión

El derecho como solución del todo

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Por: Hugo Alday Nieto

En el marco de los 54 años de Cancún, ya es posible cotejar un antes y un después en la tenencia de la tierra de una de las zonas de mayor plusvalía de México, como es la joya de la corona del Caribe Mexicano: Cancún.

Y es que esta ciudad durante casi 50 años fue administrada por gobiernos que lejos depugnar por una adecuada urbanización y una legal tenencia de la tierra, se convirtieron en meros beneficiarios de la gestoría ilegal de terrenos ejidales con el otorgamiento de autorizaciones y permisos, o bien de la inaplicación de la Ley, en tratándose de la construcción de obras o apertura de todo tipo de negocios e incluso de fraccionamientos sin permiso alguno dentro del ámbito de protección del Plan de Desarrollo Urbano del municipio.

En este orden de ideas, de acuerdo con el plan maestro de 1982, citado por la maestra Christine McCoy en la obra “Quien responde por los invisibles en una ciudad?” editada por la Universidad del Caribe, hoy el desarrollo urbano y turístico de Cancún en un crecimiento ordenado y planeado, debería de contar con 305,894 habitantes. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del INEGI 2020, esta ciudad cuenta con cerca de un millón de habitantes, lo que nos deja claro que las administraciones de Benito Juárez fueron incapaces de sostener un crecimiento urbano ordenado y dentro del marco de la legalidad.

Sin embargo, desde el inicio de la administración 2018-2021 y la subsecuente en Benito Juárez, se comenzó con un intenso trabajo documental de zonas irregulares en los distintos ejidos que rodean a la ciudad turística más impórtate de México. Y es que hoy, tan solo en Benito Juárez, existen 60,000 familias en la irregularidad, que representa a unas 240,000 personas, es decir cerca del 30% de la población de Cancún se encuentra viviendo en zonas no regularizadas. Es decir que 3 de cada 10 personas en el municipio turístico más importante de México y de los más importantes del mundo, viven en un asentamiento irregular de acuerdo con los datos que la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez aportó a la Sedetus entre 2019 y 2020.

Con dicha información, se comenzaron a realizar diversas acciones coordinadas en dos vertientes, por un lado el combatir la proliferación de “Desarrollos Irregulares” definidos en la obra antes mencionada como aquellos que tienen la particularidad que se encuentran en zonas determinadas como reservas de crecimiento o conservación ambiental, y su común denominador es la falta de servicios y la entrega de vialidades, áreas de donación o equipamiento al municipio, pero en dichos desarrollos es la especulación del suelo lo impulsa. Es decir, son meros activos de especulación comercial que dañan el medio ambiente y que genera un esquema de fraude o de delitos en contra del desarrollo urbano.

Siguiendo con la autora, los “Asentamientos Irregulares” son núcleos de población ubicados en áreas o predios ocupados, fraccionados, lotificados, subdivididos o construidos sin contar con las autorizaciones urbanísticas correspondientes, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra; cuando teniendo todas las autorizaciones, las obras ejecutadas no concuerdan con las mismas, y generalmente son invasiones que carecen de todo tipo de servicio. A diferencia de los anteriores cuyo motivo es la especulación comercial, en los asentamientos se trata de núcleos generados por la necesidad.

Siguiendo con la obra editada por la Universidad del Caribe, nos dice que, en un municipio como Benito Juárez, el porcentaje de tierra ejidal equivale al 66.5% y de zona urbana únicamente el 7.6%. En este sentido, más del 43% del territorio ocupado de Cancún es propiedad ejidal, en donde se encuentran habitadas de forma irregular casi 5000 hectáreas de suelo en el ejido Alfredo V. Bonfil, hectáreas que mediante juicio agrario se intentaron revertir los títulos por parte del un grupo ejidal con la finalidad de volver a parcelar lo ya vendido y desarrollado.

Para ello, las administraciones municipales de 2018-2021 y 2021-2024, realizaron diversas acciones de contención de la especulación comercial a clausurar mas de 14,800 lotes sin drenaje ni permiso en 11 desarrollos irregulares; y a la par, mediante procedimientos municipales encabezados desde el Cabildo y otros procesos de forma paralela en participación con el INSUS, se comenzó la regularización de lotes, con la finalidad de poder otorgarles a los habitantes certeza jurídica de su patrimonio y la posibilidad de contar con agua, drenaje y electricidad con la municipalización de sus calles.

El derecho siempre es la respuesta para sentar las bases de un mejor futuro, incluso ante la mala administración que por décadas hubiese tenido un municipio como el nuestro que alberga al destino turístico más importante de México.

Sin duda la obra literaria editada por la Universidad del Caribe de la autoría de Christine McCoy es un refrescante instrumento con datos e imágenes, que deberán actualizarse tal vez en una segunda obra del daño ecológico y de la afectación al agua que por mera especulación comercial se generó desde el poder.

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