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Opinión

… a los enemigos, la ley a secas

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Todavía resuena en mi cabeza el eslogan del gobierno del prófugo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a la hora de impartir justicia y es “el que la hace la paga”; así como la frase que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le atribuye a don Benito Juárez García, “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Si ambas frases fueran aplicadas de manera justa, considero que muchos estarían en la cárcel, o quizá no, por el hecho de obtener esa “gracia” de los gobernantes en turno, quienes prometieron una separación de poderes del Estado, en caso que el pueblo los beneficiara con el voto, pero todo parece quedó en una promesa.

Estoy convencido que a quien se le compruebe la acusación, no debe tener gracia, sino la ley; pero en Quintana Roo hay varios ejemplos de la parcialidad en la impartición de justicia, coincido con el diputado local Julián Ricalde Magaña al opinar sobre la detención del expresidente de Felipe Carrillo Puerto: La Fiscalía Anti Corrupción logra una detención a un ex presidente municipal por 2.6 millones de pesos en uso indebido de su facultades (según la acusación) La pregunta es si irán por quienes tienes decenas de millones en quebrantos, de lo contrario puede parecer sospechosamente “selectiva”.

Si el expresidente José “N” es culpable, que se le aplique todo el peso de la ley, por no usar de manera correcta los dineros del pueblo; pero no solo a él, sino también a otros expresidentes y funcionarios públicos que tienen acusaciones, con carpetas de investigación, pero que hay “sospechosismo” de estar congeladas.

Por ejemplo, el 21 de junio de 2023, la presidente Municipal Atenea Gómez Ricalde, urgió a la Fiscalía Anticorrupción y a la Auditoría Superior de Estado, dar celeridad a las denuncias interpuestas contra su antecesor, Juan Carrillo Soberanis, para que no queden impunes los delitos que se le imputan y regrese a la ínsula todo lo que se llevó, así como aplicar el castigo por las anomalías cometidas contra el municipio.

“Es tiempo de presionar a la Fiscalía Anticorrupción por una respuesta; no hemos visto resultados en la Auditoría Superior del Estado o en la Auditoría Superior de la Federación y queremos que no haya impunidad”, declaró en ese entonces.

Otro de los que goza de todas las libertades es el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, a tal grado que el dirigente del PRI en Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer dijo: “El presidente municipal acumula más denuncias que algunos jefes narcos de la localidad, incluso hay denuncias de su familia política y simplemente no contesta, pues recibe el manto de impunidad que le extiende la autoridad ministerial y no pasa nada”.

La lista podría ser grande, porque hay también diputados, secretarios de estado, magistrados y servidores públicos en general que deberían responder por el daño hecho a Quintana Roo, al pueblo, a la zona maya y a los ejidos; pero tienen el manto de impunidad de la autoridad en turno. El reciente caso es el del exsecretario de la Contraloría de Carlos Joaquín, Rafael del Pozo Delgar, quien según Rosaura Villanueva Arzápalo tiene hasta 14 carpetas de investigación por su negligencia en el desempeño.

¿Venganza Política? Les hago un recordatorio de los políticos que han estado ya en cárcel después de su desempeño en la administración pública: Arturo Contreras Castillo (1993), Mario Villanueva Madrid (2001), Rafael Lara, Ignacio García Zalvidea (2005), Gregorio Sánchez Martínez (2010), Roberto Borge Angulo (2017), Mauricio Góngora Escalante (2018), Gabriel Mendicuti Loría (2018), entre otros. Ahí se las dejo…

SASCAB
Me preguntan si las y los candidatos que aspiran a una presidencia municipal de las 11 que tiene Quintana Roo, son personas honorables y que respetan los principios de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Les digo que si les doy mi opinión no les va a gustar, así que mejor les comento lo que dice Juan César Hernández Cruz, consejero electoral: Los resultados publicados en la plataforma “3 de 3 por la integridad”, del observatorio electoral Quintana Roo 2022, mostraron, otra vez, que los partidos políticos y sus candidatos se mantienen en la opacidad.

“No comparten adecuadamente información sobre su patrimonio, sus impuestos, los conflictos de interés y sus compromisos contra la corrupción” indicó.
Más aquellos que quieren reelegirse, que con una mala calificación por parte de sus gobernados, son arropados por la marca ganadora. Al tiempo…

EL SHIS
Por cierto, el PRI encabezará la coalición en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Bacalar, Puerto Morelos y Felipe Carrillo Puerto. El PAN siglará en Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco. En José María Morelos, ambos partidos irán por separado.
El PRI, anunció que en Benito Juárez (Cancún) su candidato será Jorge Rodríguez Méndez; en Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis; en Bacalar, Tania Casa Madrid Alfaro; en Puerto Morelos será María Fernanda Alvear Palacios, y en Felipe Carrillo Puerto será el exdiputado José Ángel Chacón Arcos.

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Opinión

¿Faltó capacidad de comunicar en la XVII Legislatura?

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • La reforma a la Ley de movilidad ¿merecía Parlamento Abierto?
  • Si los taxis son de un solo color y llevan rotulada la placa atrás, adelante y en los costados ¿por qué no va a ser igual con los motociclistas?

Con la sobre representación de 30% que tiene la 4T en la saliente XVII legislatura (ganó 58% de votos y tiene 88% de diputaciones), el problema es que no saben comunicar sus iniciativas, como es el caso de la multi reformada Ley de Movilidad.

Se confían en la aplanadora, que puede aprobar todo intramuros del Congreso, sin importar la inconformidad social que pueda generar extramuros en la calle.

Técnicamente, la XVII Legislatura cometió el error de no saber comunicar a la sociedad la reforma a la Ley de Movilidad y, en lo interior, procesó la iniciativa presentada por la bancada morenista como si fuera de “obvia y urgente resolución”, sin tomar en cuenta la delicada dimensión social ni a sectores sociales con interés en el tema. Convocar a Parlamento Abierto, es mucho pedirle a la “histórica” XVII.

Políticamente, en la sesión plenaria, ninguno de los 22 de 25 diputadas y diputados que conforman la hegemónica 4T, hizo uso de la palabra para defender la iniciativa; es muy probable que ni la hayan leído, ya que se aprobó el mismo día, tres horas antes, en la Comisión de Movilidad que preside la diputada Karen Gabriela Secundino Vivas. La iniciativa ni siquiera se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

En cambio, sí hicieron uso de la palabra dos de las tres diputadas de oposición, Cinthia Millán Estrella y Candelaria Ayuso Achach, además del 4T crítico, tipo robalo, Julián Ricalde Magaña. Ante las críticas de éstas tres voces, los otros 21 legisladores 4T no dijeron ni media palabra, por lo que la iniciativa transitó lo más rápido posible, bien planchadita, pero el desenlace no se lo esperaban.

Lo que no se hizo antes, ahora será después, bajo la tutela de Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno.

Ya se abrieron mesas de diálogo tipo Parlamento Abierto, pero organizado a posteriori, por la apagafuegos en que se ha convertido la Segob y no por el Congreso del Estado, como debería ser.

PRIMERO EL REGLAMENTO Y DESPUÉS SE PUBLICARÁ LA NUEVA LEY
Por tanto, la nueva Ley de Movilidad aprobada no se publicará en el Periódico Oficial, hasta que se desahoguen las “Mesas de Trabajo” que servirán para desactivar la presión política y se limitarán a insertar algunas propuestas en el Reglamento de la Ley, porque la “n” reforma ya fue aprobada y sólo falta que se publique oficialmente para que empiece a surtir efecto.

PREGUNTAS OBLIGADAS
Ahora bien, Si los taxis son de un solo color y llevan rotulada la placa atrás, adelante y en los costados; ¿por qué no lo van a llevar los motociclistas?

¿Los motociclistas van a sustituir a las mafias en que se convirtieron los taxistas? ¿Habrá rectoría del Estado o se impondrán los intereses de los motociclistas por encima de la sociedad?

Lo que está en juego es el derecho a la movilidad de la ciudadanía, a tener buenos sistemas públicos de transporte y a vivir en seguridad. Usted tiene la última palabra.

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

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Opinión

Violación a los Derechos Humanos

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. González Iglesias

De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), en el primer semestre del 2024 han atendido a 1 mil 407 víctimas, de las cuales 671 son de enero, febrero y marzo, y 766 de abril, mayo y junio.
Pareciera que todo marcha bien en la sociedad quintanarroense, pero día a día observa cómo sus garantías individuales consagradas en la Constitución, son acotadas por el Poder el Estado en sus tres niveles de gobierno, aunado a los poderes fácticos, que en muchas ocasiones parecen tener más poder que el mismo Estado.

No hay que olvidar el párrafo primero del Artículo 1 de la Constitución Política, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Hay que distinguir entre los derechos humanos y las garantías individuales para su protección. El concepto de derechos humanos tiene carácter fundamentalmente sustantivo, y comprende los diversos derechos que la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte reconocen a las personas, en cuanto que son inherentes a su dignidad humana: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la protección de la honra y la dignidad, etcétera.

Si tomamos en cuenta el informe de la CEAVEQROO, hay un promedio de 234 personas que son atendidas debido a la violación de sus derechos humanos, en los que están incluidos casos de desaparición cometidas por particulares, violación sexual, homicidio calificado, despojos, abusos sexuales, feminicidios, lesiones y daños culposos, robos, trata de personas, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y violencia familiar.

En el primer trimestre los municipios con mayor incidencia son Othón P. Blanco (Chetumal), donde fueron atendidas 294 personas, de las cuales 214 son mujeres y 80 hombres; en Benito Juárez (Cancún), la atención fue para 178 mujeres y 68 hombres, hacen un total de 246 víctimas, y en Solidaridad (Playa del Carmen), fueron 101 personas atendidas por la CEAVEQROO, donde 46 son mujeres y 55 hombres.

Durante el segundo trimestre de 2024, la atención en Othón P. Blanco (Chetumal) fue de 277 mujeres y 108 hombres, con un total de víctimas de 385; en Benito Juárez (Cancún) fue de 237 personas atendidas, 185 mujeres y 52 hombres; en Solidaridad (Playa del Carmen) la atención fue para 144 personas, donde 80 son mujeres y 64 hombres.

Si el lector observa, es alarmante el crecimiento de atención a víctimas de derechos humanos en Othón P. Blanco (Chetumal), pues mientras Benito Juárez y Solidaridad fueron a la baja en el segundo trimestre, en el municipio capitalino de Quintana Roo aumentó un 30.95 por ciento, pues pasó de 294 a 385 víctimas atendidas, más la conocida “cifra negra” que son las violaciones a los Derechos que no se denuncian.

Algo sucede entre la sociedad quintanarroense y su gobierno, quizá fue que los votantes se crearon muchas expectativas en cuanto al cambio de estilo de gobernar; pero algunos piensan que saltaron de la sartén para caer directamente en el fuego. Ahí se las dejo…

SASCAB
El problema con la modificación a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, radica en que no hubo una socialización del tema, y si existió, los canales por los que se quiso hacer no fueron efectivos, pues muchos de éstos solo se dedican al “culto al poder”.

Algo tan benéfico como conservar la vida y contribuir a la seguridad pública, no es posible debido a la falta de tacto para presentarlo a la sociedad.

Debo recordar que este tema de los motociclistas que deben de usar casco y chaleco con su número de placas, fue una idea traída de Colombia, por el entonces Secretario de Infraestructura y Transporte, la desaparecida SINTRA, Alejandro Ramos Hernández, allá en el 2017, pero que los legisladores mandaron a la “congeladora”. Ahora pretenden retomarla, pero les faltó comunicar bien. Al tiempo…

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

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