Ciudad de México.- El fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargó, revelaron ayer a Excélsior fuentes del gobierno federal.

La dimisión de Gómez Trejo al cargo creado el 26 de junio de 2019, fue presentada en días pasados ante el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con las fuentes del gobierno federal que confirmaron la información, la renuncia de Gómez Trejo surte efecto a partir del próximo 30 de septiembre.

Ayer lunes 26 se cumplieron 8 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a manos de policías municipales, estatales, federales y presuntamente de elementos del Ejército entregados a delincuentes de la banda Guerrero Unidos.

Antes de llegar a la fiscalía del caso Ayotzinapa, Gómez Trejo fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independiente (GIEI), que desde su primer informe, del 15 de septiembre de 2015, 8 meses después de conocerse la llamada verdad histórica de la desaparecida Procuraduría General de la república (PGR), fue absolutamente crítica y puso marcó el papel del Ejército como uno de sus blancos. Igual que lo hizo Gómez Trejo.

En una conferencia de prensa, a los 7 años de la desaparición de los normalistas, Gómez Trejo se refirió a la verdad histórica así:

Nosotros ahora fiscales la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo a una manipulación de una investigación que es de un origen tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes; mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación porque fue una averiguación previa hecha a modo.”

El GIEI surgió, según información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los padres de los estudiantes desaparecidos y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 —en el gobierno de Enrique Peña Nieto—, con la finalidad de proporciona asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.

Como parte del GIEI, Gómez Trejo fue protagonista de primera fila de un hecho fundamental en lo que se fincó parte de la verdad histórica de la PGR: la incursión de Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),  al río San Juan, el 28 de octubre de 2014, cuando supuestamente se encontró una bolsa negra con restos humanos, que serían los restos calcinados de los estudiantes. Incluso Gómez Trejo se subió al mismo helicóptero en que viajó Zerón.

La renuncia de Omar Gómez Trejo se produce en el contexto de la acusación contra 20 elementos del Ejército mexicano de haber tenido algún gran de participación en los hechos de hace 8 años y a quien siempre se trató de involucrar.

El 19 de agosto pasado —un día después de que el subsecretario Alejandro Encinas presentara su informe preliminar como titular de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa—, la fiscalía del caso Ayotzinapa solicitó al juez segundo de Distrito Enrique Beltrán Santes 20 órdenes de aprehensión, contra el mismo número de militares.

Cuatro de ellos, el general José Rodríguez Pérez, que en 2014 era coronel responsable del Batallón 27 con sede en Iguala, Guerrero, a quien la Comisión de la Verdad acusó de haber mantenido con vida a 6 de los 43 estudiantes y luego mandar asesinarlos, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de primera de infantería Eduardo Mota Esquivel, se entregaron.

Omar Gómez Trejo se graduó como abogado y es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México.

El acuerdo por el cual fue creada la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación informa que esta instancia es la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Será de su competencia, abunda el acuerdo, que la Unidad tendrá a su cargo el conocimiento, trámite y resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con el caso.

 

Policías anularon las acciones de encapuchados.

“FUE EL EJÉRCITO”

Por Rodolfo Dorantes y Georgina Olson

Al conmemorarse 8 años de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, familiares de las víctimas y simpatizantes lanzaron un clamor generalizado donde exigieron a las autoridades que los delitos no queden impunes y que no se proteja a elementos del Ejército.

Emiliano Navarrete, padre de un desaparecido, dijo que el Presidente se comprometió a esclarecer el caso y que si bien ya había habido algunos avances, cuando se llegó al punto de tocar al Ejército, “todo se vino abajo”.

Exigimos que se investigue a los militares, que se les castigue, que no se les investigue sólo por delincuencia organizada”, dijo Blanca Nava, madre de uno de los desaparecidos.

La marcha en la CDMX, que arrancó al filo de las 16:20 horas en el Ángel de la Independencia y termino después de las 18:00 horas en el  Zócalo capitalino, fue en términos generales pacífica, salvo un contingente de 70 encapuchados que realizaron vandalismo en diferentes puntos.

Como en ninguna otra marcha, con cartulinas, pancartas, pintas y lonas los manifestantes acusaron al Ejército de ser el responsable de la desaparición de los estudiantes.

Con sentimientos de desencanto y enojo, Hilda Legideño, una de las mamás,  lamentó que se hable de la muerte de sus hijos pero no les muestren pruebas de sus dichos.

Durante el trayecto, madres, padres, colectivos y organizaciones hicieron alto para pasar lista en el antimonumento a los 43, ubicado en Paseo de la Reforma en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez. Posteriormente, tomaron Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresaron por 5 de Mayo a la Plaza de la Constitución, donde llevaron a cabo un mitin de forma ordenada y pacífica.

No obstante, a lo largo de la ruta fueron detectadas aproximadamente 70 personas con el rostro cubierto, que realizaron pintas, dañaron mobiliario urbano e intentaron saquear un negocio de artículos deportivos, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron acciones de contención para evitar el hecho delictivo.

Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, la SSC desplegó un dispositivo con 530 elementos, apoyados con 50 unidades, 13 motos, tres motoambulancias y tres ambulancias. Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes viales escalonados para beneficiar la movilidad de la zona, reportando saldo blanco.

EN LOS ESTADOS

En diferentes puntos del país hubo marchas de solidaridad en apoyo a los normalistas.

En Michocán los normalistas se manifestaron y vandalizaron distintos puntos de Morelia.

En Cuernavaca, el exprimer visitador de la CNDH, José Martínez Cruz, se unió a la marcha y dijo que hay más militares involucrados en los hechos.

Chiapas fue escenario de marchas, donde docentes de la CNTE las encabezaron, mientras en Oaxaca normalistas estuvieron al mando. También hubo movilizaciones en Guerrero, Hidalgo y Veracruz, entre otros puntos.