Nacional
Jesús Murillo Karam a la cárcel; Rosario Robles libre
Ciudad de México.- Jesús Murillo Karam fue detenido un día después de que la Comisión de la Verdad del caso Iguala concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado y no hay indicios de que sigan vivos.
Sin oponer resistencia, el exprocurador se entregó afuera de su casa, en la CDMX, a agentes ministeriales que lo buscaban al contar con una orden de aprehensión por desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
La FGR informó que el exfuncionario es requerido por un juez con sede en el Reclusorio Norte, a donde se preveía su traslado.
Abogados consultados por Excélsior consideran “difícil” saber si los delitos por los que es acusado Murillo tienen sustento. La desaparición forzada, dijeron, será complicado probarla porque la desaparición de los estudiantes se dio antes de que la entonces PGR interviniera como responsable de las investigaciones. En ese sentido, opinan que podría haber un intento de imputarle el delito en alguna modalidad parecida al encubrimiento.
Anoche, la FGR informó que se libraron 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, entre ellas 20 contra mandos militares y soldados de batallones con sede en Iguala, así como 26 contra policías de Huitzuco.
Tras la detención del exprocurador, el PRI aseguró que se trata de un tema político y no de justicia. Vía Twitter, criticó que la captura no da respuesta a las familias de los 43 normalistas.
CASO AYOTZINAPA
Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue detenido afuera de su casa, ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, por la Policía Federal Ministerial, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Al cierre de esta edición, el exfuncionario seguía en las instalaciones de la dependencia y se esperaba que fuera llevado más tarde al Reclusorio Norte.
La FGR cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta institución y otorgada por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Abogados que han seguido de cerca desde el principio el caso consideran como “difícil” saber si los delitos por los que es acusado Murillo tienen sustento. Se presume que alguno o algunos excolaboradores del exprocurador lo acusan.
Contemplan los mismos abogados que en su posición de procurador, Murillo pudo haber incurrido en tortura y contra la administración de justicia durante las investigaciones de la desaparición de los normalistas, lo cual, dijeron, será difícil de probar.
En el caso de desaparición forzada, señalaron, es distinto y más difícil de probar, porque la desaparición de los estudiantes se dio antes de que la PGR interviniera como responsable de las investigaciones. Los normalistas desaparecieron el 26 de septiembre y la PGR tomó el caso varios días después.
En ese sentido, opina que podría haber un intento de imputarle a Murillo la desaparición forzada en alguna modalidad parecida a haber “encubierto” la desaparición de los jóvenes.
No descartan que el argumento ante el juez de la causa sea que el delito de desaparición puede darse por una acción u omisión que lleve al ocultamiento y alteración de los hechos, por lo que la desaparición forzada podrían estarla considerando como “extensiva”.
La diligencia de la captura de Murillo se llevó a cabo en el exterior del domicilio de Murillo Karam y la detención se realizó “sin ningún problema; ya que la misma (persona) colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”, agregó la dependencia en el parte informativo.
El detenido, de 74 años, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y enseguida fue puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada.
La FGR hizo un reconocimiento al apoyo logístico, “táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina” para el arresto del extitular de la Procuraduría General de la República.
La aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam se dio un día después de que se dio a conocer nueva información por parte de la Fiscalía sobre el caso Ayotzinapa, la cual arrojó que la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se trató de un crimen de Estado, de acuerdo con la FGR.
El exprocurador y exgobernador de Hidalgo, autor de la llamada verdad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes, tendrá que responder por presuntamente falsear la información de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
A Murillo Karam, uno de los más altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, se le atribuye el ocultamiento deliberado de la verdad del caso Ayotzinapa, el uso de la institución en actos delictivos, responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos y entorpecimiento de las investigaciones en beneficio de quienes desaparecieron a los 43 normalistas.
La FGR también investiga las cadenas de mando que actuaron antes, durante y después del gran operativo Ayotzinapa, que derivó en el crimen de estado.
Asimismo, la Fiscalía General revisa las responsabilidades de los exsecretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
También será determinada la responsabilidad del exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco.
El pasado jueves, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señaló, sin decir nombres, que las autoridades federales del más alto nivel en el sexenio anterior fueron “omisas y negligentes” al ocultar información del caso Ayotzinapa.
Murillo Karam fue quien encabezó las investigaciones sobre los hechos de La Noche de Iguala de 2014, y la versión oficial señalaba que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron secuestrados por la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula.
Durante una conferencia de prensa el 13 noviembre de 2014, un periodista le hizo una pregunta a Murillo Karam sobre la indagatoria del caso y la respuesta del entonces procurador fue: “Ya es suficiente. Ya me cansé”, frase que irritó a la opinión pública, estupefacta por la desaparición de los jóvenes.
Por su parte, los padres de los estudiantes desaparecidos, así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador, quien renunció a su cargo en febrero de 2015.
Además, el 25 de septiembre de 2015, diputados del PRD presentaron una demanda de juicio político contra el extitular de la PGR bajo los argumentos de violaciones graves a la ley durante la investigación del caso Ayotzinapa.
Pero el 30 de abril de 2019, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión desechó la solicitud.
Murillo Karam también se ha desempeñado como diputado federal, senador de la república y gobernador del estado de Hidalgo, de 1993 a 1998. De febrero de 2015 al 31 de agosto del mismo año, se desempeñó como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Tras la detención el exprocurador, la atención de la opinión pública está en otro de los artífices de la llamada verdad histórica: Tomás Zerón de Lucio, quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y principal asesor de Murillo Karam, por lo que es investigado por los mismos delitos.
Los últimos reportes indican que ahora Zerón se encuentra en Israel.
EL PROCURADOR QUE SE CANSÓ
Jesús Murillo Karam fue procurador general de la República en la administración de Enrique Peña Nieto y fue encargado de las investigaciones por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Estudió para abogado en la Universidad Autónoma de Hidalgo.
Desde el 4 de diciembre de 2012 fue el procurador general de la República, hasta que dejó el cargo en 2015.
Es un político del PRI.
En 2006 fue electo senador de la República por Hidalgo y fungió como presidente de la Comisión de Gobernación.
En 2007 se desempeñó como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en fórmula con Beatriz Paredes.
Con el PRI fue funcionario y delegado en Durango, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Además, fue responsable de la coordinación de las Asambleas Nacionales XVIII y XX de ese partido, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional en tres ocasiones, secretario técnico del Consejo Político Nacional y representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral, entre otros cargos.
En septiembre de 2012 fue diputado federal y fungió como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura.
En 2014, ante la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa por policías municipales relacionados con el crimen organizado y ante los cuestionamientos de la prensa, por la falta de avances, resultados comprobables y conclusiones ilógicas en las investigaciones, expresó: “Ya me cansé”, lo que desató la molestia de la sociedad.
Cuarenta y tres días después, la entonces PGR informó lo ocurrido a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El relato elaborado por Jesús Murillo Karam a partir de las declaraciones de tres miembros de los Guerreros Unidos sonaba verosímil; confirmaba lo que se daba por hecho. Los normalistas fueron secuestrados por policías municipales, entregados a la banda criminal, torturados y asesinados en el infierno del tiradero municipal de Cocula.
Eso informó en aquella ocasión.
Pese al esfuerzo narrativo sustentado en elementos sólidos, el titular de la PGR no convenció, por el contrario, ofreció un lema a la protesta. El #YaMeCansé, deslizado al final de la conferencia de prensa, en referencia a los intensos cuestionamientos de la prensa, fue interpretado como una falta de respeto a la tragedia.
En carteles y mantas, en las calles y redes sociales, el #YaMeCanse se hizo popular. Significaba hartazgo, encono y reclamo.
El 7 de septiembre de 2015, el entonces coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, comentó que la actuación de Murillo Karam en el caso Iguala había sido contraria a la administración de justicia.
El 25 de septiembre de 2015, diputados del PRD demandaron juicio político contra el extitular de la PGR bajo los argumentos de violaciones graves a la ley durante la investigación que encabezó por la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
El proceso que inició entonces, no se detuvo.
Ayer fue detenido por la FGR bajo los probables delitos de ocultamiento de la verdad del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, además del uso de la institución en actos delictivos, su responsabilidad en violaciones graves a derechos humanos, incluida tortura, y el entorpecimiento de las investigaciones.
LIBRAN 83 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Luego de la detención de Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, la FGR informó que son 83 las órdenes de captura por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”, detalló la dependencia federal.
ROSARIO ROBLES FUERA
Por otro lado, hace unas horas, en la noche, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu, logró salir de prisión donde estaba desde hace 3 años por el caso de la ‘Estafa Maestra’.
Mientras concluye su proceso penal por ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la Estafa Maestra, Robles Berlanga no podrá salir del país y deberá presentarse a firmar cada 15 días ante la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar su presencia.
Al salir de prisión, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) agradeció al ministro Arturo Zaldívar el apoyo que el Poder Judicial de la Federación está dando a las mujeres que permanecen internas en el penal de Santa Martha.
“Soy inocente y eso se va a comprobar”, dijo a medios de comunicación en una breve entrevista.
“Lo que quiero es descansar, estar en mi casa y evidentemente cuidar de mi salud (…) Me llegó esta causa como una más de las que he luchado en el país (…) Es momento de disfrutar la vida”, dijo al salir del penal, y añadió que tendrá la oportunidad de celebrar el cumpleaños de su hija, Mariana Moguel, el próximo domingo
Fuente Excelsior / Proceso
Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.
Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.
La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.
Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.
Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.
El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.
La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
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