Ciudad de México.- Las organizaciones criminales han echado raíces en el entramado económico y social de México, al utilizar el dinero que obtienen a través de la venta de armas, drogas, tráfico de migrantes y trata de personas para adquirir empresas que después usan no sólo para lavar dinero, sino que les sirven para agilizar su logística. 

 Así lo afirma en entrevista Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia, especialista en estrategias antimafia. 

“Cuando la delincuencia ocupa el tejido económico y social, se transforma en la principal fuente de trabajo para la población local, que depende de estas redes criminales para subsistir”, alerta. 

Detalla que para cubrir sus necesidades de comida, transporte, hospedaje, almacenaje o de material para fabricar drogas, los traficantes obligan a los comerciantes a vender su negocio, a un precio que ellos imponen, y los obligan a continuar al frente de éste. 

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En ciertas zonas del país son los principales empleadores de la población y compran pequeños negocios, no sólo para lavar dinero, sino como estrategia de su logística criminal, aseguró el investigador Edgardo Buscaglia.

En México, las organizaciones criminales ya son parte del entramado económico, político y social; en ciertas zonas del país son los principales empleadores de la población y están “comprando” pequeños negocios, ya no como mecanismo para lavar dinero, sino para agilizar su logística delictiva, aseguró el doctor Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia. 

En entrevista con Excélsior, Buscaglia afirmó que “cuando la delincuencia ocupa el tejido económico y social se transforma en la principal fuente de trabajo para la población local; la población local depende de estas redes criminales para subsistir”. Y subrayó: 

 “Por otro lado (la delincuencia) utiliza el dinero que generan a través de la venta de armas, drogas, tráfico de migrantes, trata de personas, para adquirir empresas que después le sirven a ellos para agilizar su logística. Estas redes criminales son grandes ejércitos, necesitan comer, trasportarse, hospedarse, dormir en diferentes lugares del país, necesitan una infraestructura logística-operativa para operar el tráfico de diferentes bienes y servicios con los que trafican, entonces, tiene que comprar hoteles, almacenes, farmacéuticas para abastecerse de insumos y producir fentanilo”. 

 Para contextualizar lo que familias viven en distintas poblaciones del país sirve un ejemplo que se repite frecuentemente. Sucede cuando algún personaje de un grupo criminal se acerca a un comerciante y lo obliga a “venderle” su negocio al precio que el “comprador” quiere y además le informa que seguirá al frente del negocio, Buscaglia recordó sus recorridos en los límites entre Jalisco y Colima. 

 “Recuerdo que lo primero que veía en pequeñas poblaciones era que el Cártel Jalisco Nueva Generación compraba pequeñas unidades comerciales, tiendas, almacenes, negocios como ferreterías, pescaderías… compraba pequeños lugares y forzaba muchas veces a la trasferencia o les cobraban tasas impositivas extorsivas a los propietarios de esas pequeñas empresas”. 

 El especialista en estrategias antimafia señaló que “el problema que ahora tiene el gobierno de México es que, como no reconoce el tamaño del cáncer que ya hizo metástasis en la vida política, en la vida social, económica y en el sistema legal, tampoco reconoce la impunidad que existe hoy en México; y estos grupos criminales gobiernan cada vez más a sectores más amplios del territorio mexicano, lo gobiernan de facto, por supuesto, y lo gobiernan a través de los políticos que han colocado desde asambleas municipales, esto provoca que la situación vaya de mal en peor. 

 “La delincuencia organizada adquiere estas estructuras empresariales no solamente para lavar dinero, como es la vieja caricatura, sino las adquiere para obtener la logística, la infraestructura de producción, de trasporte, de distribución de sus propios bienes; necesitan como le dije, comprar hoteles, no solamente para lavar dinero, sino para la trata de personas, de migrantes, para hospedarse ellos mismos. Todos esos galpones de almacenamiento no se están tocando el gobierno, no son investigados”, dijo. 

El experto comentó que en la evaluación que le hizo a la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (en los tiempos de Santiago Nieto), fue que la UIF hacia su trabajo descriptivamente y mandaba sus reportes a la FGR. 

 “En la medida que no se tenga a los eslabones, tocando como una orquesta de cámara, tocando al mismo tiempo y la misma composición, no se va poder tener avances para limitar la capacidad que tiene estas redes criminales, respecto del manejo del dinero”, señaló. 

Buscaglia se refirió al episodio de cuando investigó la pesca ilegal en Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos, “entraba mucho pescado ilegal a Estados Unidos procesado por empresas de los cárteles, principalmente del Pacífico y el de Jalisco Nueva Generación; adquieren los barcos a gran escala para una pesca a gran escala, también las empresas para procesar el pescado, distribuido y venderlo, toda la cadena de producción y distribución; destruyendo así el patrimonio que tiene para las próximas generaciones”. 

Ante la imposibilidad de dar pormenores de la investigación, por un asunto de confidencialidad, Buscaglia remitió a la consulta de textos hechos públicos por InSight Crime, donde se retoma un reporte de la investigadora del Instituto Brookings, Vanda Felbab-Brown, que tituló La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados a China en México. 

 En el texto, publicado en marzo de 2022 señala: “Los grupos de crimen organizado en todo México, en especial el Cártel de Sinaloa (Pacífico), buscan monopolizar empresas pesqueras legales e ilegales a lo largo de toda la cadena de suministro vertical. Más allá de solo exigir una parte de las ganancias, dictan a las pesqueras legales e ilegales cuánto pueden pescar, insistiendo en que vendan lo capturado sólo a los grupos delictivos y en que los restaurantes, incluidos aquellos que atienden a turistas internacionales, compren pescado sólo de los grupos delictivos. 

 “Los grupos de crimen organizado mexicano fijan los precios para la compensación de los pescadores y el pago a los restaurantes, por los productos marinos de los cárteles. Los grupos delictivos también obligan a las plantas de procesamiento a procesar los peces que los grupos delictivos traen. Y cobran tarifas por extorsión a los exportadores de mariscos. El control de las pesqueras de parte de grupos delictivos mexicanos facilita el contacto directo de los comerciantes chinos con ellos y altera los patrones de relación…” 

En la entrevista, Buscaglia aseguró que empresas como las dedicadas a la explotación, producción y distribución del pescado “terminan financiando campañas políticas, y los políticos termina diciendo aquí no pasa nada”. 

El investigador señaló que “no es solamente es un problema de lavado de dinero el que se enfrenta en México, sino de corrupción política generalizada en los procesos electorales, en las contrataciones de obras públicas y ante todo en el sector legal, porque cuando el cártel de Sinaloa adquiere la capacidad de procesar el pesado, distribuir y vender el pescado ilegal, toda esa capacidad empresarial, de producción y distribución se convierte en legal; son empresas legalmente constituidas, entonces, si no se desmantela todo eso, el fenómeno seguirá aumentando”.

Fuente Excelsior