Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder).- En los primeros tres años de Andrés Manuel López Obrador (diciembre 2018 a 2021) hubo 102 mil 872 homicidios dolosos, 81 por ciento más respecto al primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, Causa en Común denunció que siete de cada 10 fiscalías, casi 22 de las 32 o dos de cada tres del país han manipulado expedientes para ocultar o maquillar los delitos de homicidio doloso y culposo, lo que ocasiona un subregistro y que no se conozca con certeza el nivel de violencia por entidad.

En esta administración, los responsables de la seguridad pública y las fiscalías clasifican los delitos en otras categorías que no corresponden, se reveló durante la presentación del informe “Un país sin denuncia… y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”.

Las cifras serían mayores por subregistros que no contemplan las autoridades federales, advirtió la organización, que agregó que se detectaron fallas de origen en diferentes estados por parte de los agentes del Ministerio Público durante 2020, por medio de un estudio a nivel nacional.

Ese subregistro que se presenta en diferentes partes del país se podría deber a diferentes factores como falta de voluntad por parte de funcionarios, tecnología obsoleta en los MP, falta de capacitación y adiestramiento de los responsables de la impartición de justicia, de acuerdo con la oenegé.

“Las causas de la opacidad no solo tienen que ver con errores humanos o intereses políticos, también con la capacidad instalada para recolectar, procesar y validar la información criminal, por lo que es necesario fortalecer las bases de estadísticas”, dijo Magda Martínez Olalde, investigadora del México Evalúa.
Los estados con más anomalías en cifras sobre homicidios fueron Guanajuato, Tamaulipas y Tabasco. “Algunos números son tan extraños que no podemos dejar que a la cifra negra, por falta de denuncia, se sume una «mano negra». Debemos rescatar a las policías locales y a las fiscalías”, sostuvo.

El estudio también detectó diferentes “anomalías” en los registros delictivos por parte de las fiscalías estatales y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el primer trienio del gobierno actual; es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021.
El informe también detectó variantes que apuntan a que hubo ocultamiento de los delitos para alterar cifras, en tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2021) estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron durante 2020 fue de 93.3 por ciento.