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Dan luz verde a la reforma eléctrica; un tribunal revocó suspensiones

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Ciudad de México. – Con dos votos contra uno, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica resolvió que, por el momento, no proceden las suspensiones definitivas otorgadas por dos jueces federales contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

De esta forma, la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicada el 9 de marzo, tiene vía libre para entrar en vigor luego de que fue suspendida por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, quienes otorgaron suspensiones provisionales, y luego definitivas, a empresas que se ampararon.

Dicha legislación le otorga preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas particulares que invierten, o pretenden hacerlo, en la generación de este tipo de energía.

Esta prioridad implica que la empresa del Estado utilizará todas sus plantas generadoras, incluidas las que trabajan con combustóleo y carbón, lo que provocó recursos legales de las empresas que emplean energías renovables y no contaminantes.

En su resolución de ayer, los magistrados del tribunal colegiado determinaron que la entrada en vigor de la reforma eléctrica no causa ningún tipo de perjuicio o afectación al sector privado.

Argumentaron que la nueva ley estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que todavía no ocurre.

Tras esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) explicó que el destino de la LIE queda en manos de la Suprema Corte, ya que debe resolver dos recursos promovidos por senadores y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Dos magistrados especializados consideraron que la entrada en vigor de las disposiciones no causa ningún tipo de perjuicio o afectación al sector privado.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica resolvió ayer, con dos votos contra uno, que no proceden por el momento las suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Esta resolución se suma a la del pasado 1 de julio, en donde el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia resolvió que las suspensiones concedidas en contra de la LIE deben revocarse en su totalidad, sólo que en esta discusión la votación fue unánime de sus tres integrantes.

De esta forma, entraría en vigor la LIE que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se publicó el 9 de marzo de 2021, pero que de inmediato fue suspendida por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, quienes otorgaron suspensiones provisionales a particulares que se ampararon.

La legislación en materia de producción eléctrica le otorga preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sobre empresas particulares que están invirtiendo, o pretenden hacerlo, en la generación de este tipo de energía.

Esta preferencia la tendrá la empresa estatal, que utilizará todas sus plantas generadoras, incluidas las que utilizan combustóleo y carbón, lo que provocó protestas por las empresas que utilizan energías renovables y no contaminantes; así como de organizaciones.

Sin afectaciones
En su resolución, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica Eugenio Reyes y Gildardo Galinzoga determinaron que la entrada en vigor de la reforma en materia eléctrica no causa ningún tipo de perjuicio o afectación al sector privado.

Argumentaron que la reglamentación establece un plazo de 180 días para que se ajusten a las nuevas normas que se imponen al sector eléctrico, en el artículo tercer transitorio.

Los organismos encargados de realizar esas modificaciones, así como revisar los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás disposiciones que establezca la LIE, serán la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Se precisó que las empresas privadas podrán solicitar suspensiones sólo si detectan que las normas que elaboren esos organismos ya existan o cuando vayan a ser sujetas a procedimientos de revisión renegociación o revocación de permisos.

Corte tiene última palabra: Imco
Luego de que un Tribunal Federal Colegiado frenara la suspensión a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) explicó que el destino de la Ley de la Industria eléctrica queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que debe resolver dos recursos promovidos por senadores y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Por un lado, está la acción de inconstitucionalidad que han promovido los senadores de oposición y, por el otro, está la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica, por considerar que las reformas a la ley de la industria eléctrica usurpan sus facultades”, precisó en un video Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Imco, difundido en redes sociales anoche.

El especialista indicó que, con la determinación del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica sobre la revocación de las suspensiones definitivas a la reforma, dada a conocer ayer, suman dos tribunales que resuelven en el mismo sentido “lo que nos permite adelantar qué va a pasar con el resto de las suspensiones”.

Señaló que, sin embargo, los amparos siguen su curso, aunque estos no tienen un plazo para resolverse.

Ante ello, subrayó que la SCJN es la que determinará si la reforma, la cual “pretende reconcentrar las actividades de este sector en el antiguo monopolio del Estado, la Comisión Federal de Electricidad”, entra en vigor.

Detalló que para que cualquiera de los dos mecanismos pendientes proceda se requiere el voto de cuando menos ocho de los 11 ministros que conforman la Corte.

Fuente Excélsior

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Nacional

PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS

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Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.

Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.

La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Nacional

BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS

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México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.

Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.

Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.

La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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