Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder). – El informe Contaminación del Acuífero Maya demanda que las autoridades hagan consultas en las comunidades indígenas potencialmente afectadas, antes de otorgar permisos a megaproyectos, que el Poder Judicial garantice acceso a la justicia ambiental y sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales, y acusa que el Estado se niega a reconocer las autoconsultas de los pueblos mayas.

El informe, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, busca determinar las responsabilidades de las autoridades, principalmente las que derivan del principio precautorio porque la mayor parte de los proyectos están en territorios indígenas que forman parte del llamado Acuífero Maya.

El acuífero de la península de Yucatán es uno de los más grandes y complejos del planeta; un laboratorio natural conector de ecosistemas delicados, una fuente vital para la gente de la zona y un preservador y contenedor de material arqueológico y paleontológico, además de poseer una belleza natural única en el mundo.

Se trata de una de las reservas de agua dulce más importantes del continente; sin embargo, debido al suelo kárstico es sumamente vulnerable a la contaminación, particularmente frente a los megaproyectos —como el Tren Maya— que afectan y ponen en peligro la reserva hídrica de la península del Sureste mexicano.

Frente al potencial de contaminación, el principio precautorio representa un eje rector para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano y al agua, que más allá de su relación o utilidad, debe entenderse como autónomo porque protege bosques, ríos y mares, en sí a la naturaleza y su relación con las especies no humanas.

En tanto, el agua es un derecho humano del que depende el acceso a otros derechos como la vida, la salud, la alimentación, el territorio y la cultura, entre otros. El principio precautorio, entonces, es una herramienta auxiliar para proteger al medio ambiente ante cualquier riesgo de contaminación.

Los autores del informe: Lourdes Medina Carrillo, Jorge Fernández Mendiburu y José Orvelín Montiel Cortés presentaron los objetivos y aportes en cuanto al principio precautorio y la protección al medio ambiente, dirigidos a salvaguardar el medio ambiente sano, entre las que hay seis principales.

El primero, que las autoridades hagan consultas en las comunidades indígenas potencialmente afectadas, antes de otorgar permisos a megaproyectos; realizar estudios y monitoreo para determinar potenciales riesgos de contaminación y, en su caso, adoptar las medidas necesarias.

El tercero es que las autoridades deberían elaborar un plan nacional de reducción y prohibición progresiva de plaguicidas, así como adoptar un modelo armónico con la naturaleza y acorde con los compromisos internacionales adquiridos para transitar hacia un modelo agroecológico, sustentable y saludable.

El quinto, que el Poder Judicial tiene que garantizar el acceso a la justicia ambiental, aplicando principios precautorios, y como sexto sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales por una general con bases sobre el acceso y uso de los recursos hídricos, anteponiendo los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

También estuvo presente Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien recalcó la obligación de las autoridades para proteger las fuentes de agua frente a la sobreexplotación y frente a diferentes proyectos como la agroindustria.

“Es necesario hacer investigaciones en México sobre el tema del agua y recalcar la obligación del Estado de garantizar los derechos de los pueblos indígenas como la consulta, sobre todo porque el Estado mexicano no reconoce las autoconsultas de las comunidades mayas”, añadió el funcionario extranjero.