Nacional
ESPOSA DEL EXGOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA DEVOLVERÍA 6.8 MDP AL ESTADO PARA EVITAR LA CÁRCEL

Baja California.- Brenda Ruacho de Vega, ex funcionaria pública en el DIF de Baja California, es perseguida por el presunto desvío de recursos que supuestamente sería destinado al CRIT de Tijuana, pero al parecer, habría llegado a un trato.
De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, la también esposa de Francisco “Kiko” Vega, exgobernador de Baja California, devolverá al gobierno 6.8 millones de pesos presuntamente “robados”.
Informó, además, que esto es parte de un acuerdo reparatorio solicitado por Ruacho al Ministerio Público; el dinero, dijo, “se lo robó antes de finalizar la administración de su esposo”.
Agregó que dicho acuerdo es para que no pise la cárcel la exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o tampoco el director general Alberto Vargas Beltrán ni María del Rosario Beltrán, funcionaria del DIF.
Por último, aseguró que fue instruido por Jaime Bonilla Valdez para que dicho acuerdo sea aceptado. Por su parte, Brenda Ruacho será citada ante el Ministerio Público para que pague el acuerdo.
Brenda Ruacho de Vega se le acusa por el posible desvío de recursos del Patronato del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, los cuales fueron obtenidos mediante donaciones.

La denuncia se presentó en marzo de 2020 a través de Amador Rodríguez Lazano, quien aseguró que, a través de la asociación civil Cree en Tus Sueños, Raucho obtuvo donaciones por siete millones de pesos, los cuales depositó en un fideicomiso a nombre de la familia Vega.
Además, informó que este dinero sería destinado a la construcción de unas villas para el centro CRIT-Tijuana, lugar donde se hospedarían los familiares de los pacientes.
Sin embargo, el dinero nunca fue entregado a la dependencia, pero la retención del dinero se reveló cuando Brenda Ruacho informó que parte del dinero estaba en un fideicomiso y le pertenecía.
Esta no es la primera ve que Ruacho de Vega intentó este recurso, pues en febrero de 2021 ya se había puesto la opción sobre la mesa, de acuerdo con el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Además, informó que la investigación continúa su rumbo y va viento en popa, pues “se le han encontrado cosas muy importantes” al exgobernador del Baja California.
En noviembre 2019, el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, presentó una denuncia contra “Kiko” y varios colaboradores por su presunta responsabilidad en un posible daño al erario de más de 1,200 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integra la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.
Otra denuncia la presentó la Auditoría Estatal en mayo de 2019 ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General, esta vez por 1,586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron.
Fue el 8 de mayo de 2020 cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearon una de las casas de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, exgobernador de la entidad (2013-2019), luego de varias denuncias penales por presuntos malos manejos de los recursos de la entidad.
Los agentes llegaron a la residencia ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana, pero al interior de la vivienda solo se encontraban tres empleados del exgobernador panista.
Fuente: Infobae

Nacional
IMPACTO DEL CICLÓN TROPICAL ‘ALVIN’ Y FRENTE FRÍO FUERA DE TEMPORADA: LLUVIAS INTENSAS Y RIESGOS PARA MÉXICO

México enfrenta condiciones climáticas extremas debido a la formación del Ciclón Tropical ‘Alvin’ en el Océano Pacífico y la presencia de un Frente Frío fuera de temporada, eventos que han generado fuertes lluvias, vientos intensos y posibles afectaciones en varias regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado sobre precipitaciones que podrían superar los 150 mm en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Además, se prevé un descenso abrupto de temperatura en el norte del país, con valores que podrían llegar a mínimas de 5°C en zonas altas.
Las autoridades han recomendado extremar precauciones ante el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas montañosas. Protección Civil ha activado protocolos de emergencia y habilitado refugios temporales para las comunidades más vulnerables, especialmente en la costa del Pacífico, donde ‘Alvin’ podría generar oleaje elevado y ráfagas de viento de hasta 80 km/h.
Meteorólogos han señalado que la combinación de un ciclón tropical con un frente frío es poco común en esta época del año, lo que resalta la importancia de mantener vigilancia constante. Expertos en clima advierten que estos eventos podrían estar relacionados con patrones climáticos globales y el impacto del cambio climático.
Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para minimizar riesgos. La Coordinación Nacional de Protección Civil ha pedido a los ciudadanos evitar zonas de riesgo y estar preparados para posibles evacuaciones en las áreas más afectadas.
El gobierno ha reforzado operativos de seguridad y asistencia para responder a emergencias derivadas de estas condiciones climáticas extremas. Se espera que en las próximas 48 horas se tenga un panorama más claro sobre la evolución de estos sistemas meteorológicos y sus impactos en el país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
SCJN deja vigente aumento de penas en delitos con IA

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes dejar vigente la agravante que aumenta hasta en una mitad las penas previstas para quien utilice la Inteligencia Artificial (IA) para cometer un delito.
Por mayoría de cinco votos contra cuatro, el Pleno del Alto Tribunal rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que proponía anular el artículo 20 Bis del Código Penal de Quintana Roo, el cual estableció dicho incremento de la pena mediante la reforma del 10 de abril de 2024.
La ministra buscaba dar la razón a la impugnación promovida por el Poder Ejecutivo Federal, que sostenía que la norma era contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad, pues la definición de inteligencia artificial no es clara ni precisa.
“El proyecto reconoce la importancia de regular la inteligencia artificial debido al impacto que tendrá en todos los ámbitos de la vida de las personas; sin embargo, dicha regulación debe cumplir con los requisitos mínimos necesarios que se imponen a cualquier legislación, particularmente en la materia penal, lo cual, en el caso, no acontece”, argumentó la ponente.
Además de establecer una agravante, el artículo del Código Penal de Quintana Roo definió que “se entenderá por inteligencia artificial la capacidad de los sistemas tecnológicos, informáticos, softwares o aplicaciones de una máquina para simular capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de planear y procesar datos para la realización de tareas específicas y autónomas”.
El proyecto generó una amplia discusión en los ministros. Alberto Pérez Dayán defendió que debía tomarse en cuenta que al momento no hay una definición universal sobre IA.
“No escapa a mi consideración el hecho de que las legislaturas siempre animadas a estar atentas a lo que las necesidades colectivas suponen, se dejen de algún modo seducir sobre la base de la inteligencia artificial, qué bueno que usaron la expresión ‘inteligencia artificial’, lo cierto es que el operador jurídico se ve en frecuentes dificultades para definir lo que hasta hoy no tiene un consenso. Por ello, programas y herramientas tecnológicas no da lugar a duda de nada y lo que se pretende sancionar bajo la figura y conceptos de inteligencia artificial también puede ser sancionado”, dijo.
En contra de la propuesta, la ministra Margarita Ríos Farjat opinó que la norma brinda suficiente claridad sobre sus alcances.
“Considero que aquí sí se brindan elementos para comprender los alcances de la inteligencia artificial como agravante en la comisión de delitos; por lo que considero que la norma impugnada no vulnera los principios de seguridad jurídica, ni de taxatividad, ni de legalidad sobre quién trata taxatividad y, por eso”, señaló.
Finalmente, a favor del proyecto votaron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán; en contra lo hicieron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Margarita Ríos Farjat y Norma Piña Hernández, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek.
Fuente: “La Jornada”

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