CHETUMAL, 21 DE DICIEMBRE.- En el estado de Quintana Roo hay conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y resarcimiento por impacto de obra en 25 núcleos agrarios que no tienen que ver con el proyecto para la construcción del Tren Maya, sino por obras realizadas años atrás, informó el procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.

El funcionario precisó que los conflictos están en el ejido de Cozumel, municipio del mismo nombre, donde se tiene en proceso un juicio de reversión de una expropiación que no cumplió con el objeto para el cual se llevó a cabo.

Otro foco se encuentra en el nuevo centro de población José María Pino Suárez, en las inmediaciones de Tulum, con un juicio agrario de nulidad de una asamblea en asignación de cambio de destino de tierras ejidales.

En el ejido Leona Vicario, Puerto Morelos, hay un juicio agrario de restitución y en el ejido José María Morelos y Pavón, del municipio del mismo nombre, hay un juicio de restitución.

Además, hay 21 núcleos agrarios que están en juicios de resarcimiento por impacto de obra.

El procurador mencionó que también están trabajando para el ordenamiento territorial en tres núcleos agrarios que han tenido problemas en la forma de destino de las tierras, que han generado conflictos internos.

“En este caso, parte de lo que se realiza es atención para que se realicen, de manera ordenadas, las asambleas, que son requisito de los procedimientos para regularizar la tenencia de la tierra. En este caso se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”, dijo Hernández Palacios.

El 23 de junio pasado, durante una gira de trabajo por Tulum, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al procurador agrario se trasladara a esa región del país a trabajar, el tiempo que fuera necesario, para solucionar los problemas relacionados con la tenencia de la tierra.

Ese día dijo: ”Hay que ordenar el territorio porque habido mucho desorden, mucha anarquía y abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso”.

El procurador explicó que, en atención a una instrucción, durante agosto, septiembre y octubre pasado, un grupo de funcionarios de la Procuraduría Agraria, encabezados por él, realizaron un recorrido por el estado para detectar los problemas de tenencia de la tierra que hubiera en cualquiera los 282 núcleos agrarios de Quintana Roo.

Ese ejercicio permitió detectar que existen tramos de carretera no pagados o bien donde los núcleos agrarios no reconocen el pago.

“Se hicieron los diagnósticos precisos con el fin de identificar en qué carretera, a qué altura y qué núcleos son los involucrados en ese tipo de problemática”, aseguró.

Informó que el reporte fue entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y están en espera de que esa dependencia dé respuesta en relación con la existencia o no de pagos a las personas que se dicen afectadas.

Dijo que esa secretaría ha manifestado su disposición de que lo que no se haya pagado, de inmediato se inicie el proceso de negociación para poder resolverlo.

Hernández Palacios Mirón destacó que esa problemática no está vinculada al proyecto para la construcción del Tren Maya.

Adeudos, desde el sexenio de Díaz Ordaz

De acuerdo con la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), habitantes de 11 ejidos de Quintana Roo demandan la indemnización por afectaciones a sus ejidos por la construcción de la carretera 307 que comunica a Cancún con Tulum, la cual fue iniciada en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

Concretamente se trata de un tramo de 253 kilómetros de la mencionada vía.

Según MCCI en febrero de 2015 el Tribunal Agrario dio la razón a los ejidatarios y ordenó a la SCT a ordenar el proceso de expropiación y realizar la indemnización correspondiente. Incluso, esa determinación fue confirmada por el Tribunal Superior Agrario el 6 de octubre de 2015.

Aunque no se ha elaborado todavía el plan maestro del Tren Maya y por lo tanto no se sabe aún qué tierras ejidales o comunales afectará la obra, según los planes del gobierno federal parte de los 1,525 kilómetros de ese proyecto pasarían por Quintana Roo, y en algunos tramos persisten litigios en demanda de indemnizaciones de obras que iniciaron desde el sexenio de Díaz Ordaz y posteriores.

La instrucción de López Obrador fue que se atendiera el problema, la Procuraduría Agraria acopió las demandas de los campesinos que se dicen afectados y los entregó a la SCT quien, en las próximas semanas deberá informar en qué caso sí procede y en qué casos considera que no.