CANCÚN, 18 DE DICIEMBRE

Durante décadas en el municipio de Benito Juárez, ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia político-inmobiliaria. Y es que hace unos días en la visita del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Cancún, para la presentación de su libro “SIN FILIAS NI FOBIAS”, hizo mención del turismo electoral como fuente de muchos de los males que aquejan a esta ciudad.
Y no es para menos, ya que, haciendo un poco de memoria, los que aquí hemos vivido los últimos 20 años podemos recordar aún las campañas de invasión de terrenos con promesas falsas a cambio de la emisión de votos a favor de alcaldes, gobernadores y legisladores, principalmente del PRI , llamado el “Partidazo”, por el fallecido Eduardo del Río, RIUS.
Esta fatídica estrategia electorera, sin duda solo benefició a muy, pero muy pocos, ya que a la fecha son miles de personas y miles de metros cuadrados, los que forman una simbiosis propia de un filme de terror de Alfred Hitchcock , ya que por una parte no existe certeza jurídica en la propiedad del patrimonio de muchos adquirentes, no existe posibilidad de que la administración pública pueda invertir en servicios públicos municipales como alumbrado, drenaje y calles, dado que los particulares, en la mayoría de los casos ejidatarios, participaron en la cadena comercial y generaron a lo largo de décadas un modelo de negocio muy redituable sin la necesidad de trasladar el dominio de la tierra.
Ello ha generado una burbuja de ilegalidades tan evidente, que el Congreso el Estado, reformó en el mes de septiembre el Código Penal para el Estado de Quintana Roo en los siguientes términos:

1. ARTÍCULO 153.- Se impondrá las mismas penas previstas en el artículo anterior:
   XVI. Al que, por sí o por interpósita persona, sin contar con las licencias, constancias y/o permisos y /o autorizaciones y /o requisitos previstos por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Acciones Urbanística ambas del Estado de Quintana Roo, fraccione, subdivida, parcele o incorpore un terreno urbano o rústico, con o sin construcciones, propio o ajeo y transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre alguno de esos lotes.
2. ARTÍCULO 179-Quáter.- Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas.
   Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en una tercera parte, cuando la conducta se lleve a cabo en, o afecte cualquiera de los siguientes lugares:
   II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Estado y municipios aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
3. ARTÍCULO 268.- Comete el delito a que se refiere este título, la persona física o jurídica que
   I. Autorice, promueva, induzca, organice o aliente la formación o construcción de asentamientos irregulares por sí o por interpósita persona;
   VII. El que a sabiendas carece de todos los permisos, licencias y autorizaciones para construir y comercializar un bien inmueble, ordene cualquier tipo de publicidad, que tenga por efecto realizar una promesa de compraventa, de lotes, departamentos, o casas en un fraccionamiento no autorizado.
   Para los efectos del presente título, por fraccionar, debe entenderse cualquier terreno o parte de él, que se divida en 3 o más fracciones, ya sea para su venta en lotes, o bien para construcciones habitacionales, hoteleros, agropecuaria y demás aprovechamientos y usos.

En este sentido, es de celebrarse que por primera vez las autoridades estatales y municipales de manera conjunta, y en concordancia con el poder legislativo, realizan acciones para evitar que sigan creciendo los desarrollos irregulares.
Es así que, los impulsos para el próximo 2020, estarán enfocados en conjuntar esfuerzos con el gobierno federal para tratar de revertir en el poco tiempo de una administración municipal, la mayor parte del daño patrimonial, ecológico y urbano generado durante tantas décadas.
Solo queda esperar que los afectados por los distintos asentamientos y desarrollos irregulares, tomen nota y no se dejen engañar por los lideres de siempre y en su caso, los denuncien por el daño que les han ocasionado.