CHETUMAL, 30 DE ABRIL. – Este Consejo Consultivo realiza el presente pronunciamiento en el marco del Día del Niño y la Niña en México, preocupados por la situación de los derechos humanos de la niñez en nuestro país y entidad.

No es ocioso mencionar que al concluir la Primera Guerra Mundial varios Estados se negaban a proteger a niñas y niños que se encontraban en abandono y que fueron víctimas de conflictos armados; de igual forma, la sociedad se negaba a protegerlos y ante esta actitud inhumana, mujeres y hombres deciden crear un documento estableciendo deberes y obligaciones para la protección de la niñez, mediante la Declaración de Ginebra de 1924.

Posteriormente surge la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su preámbulo señala que en todos los países hay niñas y niños que viven en condiciones difíciles, por lo que al Estado le confiere la obligación de velar por el derecho a la protección, provisión y la participación de la niñez.

Antonio Augusto Cançado Trindade, juez en la Corte Internacional de Justicia, en su análisis relativo a la condición jurídica de niñas y niños, expone “…un mundo que descuida de sus niños [niñas], que destruye el encanto de su infancia dentro de ellos [ellas], que pone un fin prematuro a su inocencia, y que les somete a toda suerte de privaciones y humillaciones, efectivamente no tiene futuro”.

Es por ello, que el Estado tiene la obligación, responsabilidad y deber de proveer y proteger a niñas y niños a través de mecanismos que le permitan desarrollarse y crecer en un ambiente seguro.

El Comité de los Derechos del Niño de las Organizaciones de las Naciones Unidas en las Observaciones que emitiera en el año dos mil quince, en el que expone que ante los niveles de inseguridad y por el contexto de violencia armada que se vive en el país, ha resultado en numerosos asesinatos de niñas y niños, y que continúa amenazando el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de este grupo de atención prioritaria.

En esta tesitura es preocupante la advertencia de reportes de organizaciones civiles -como el de REDIM de abril de este año- respecto a las ejecuciones de menores de 18 años en el país, siendo que en el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de cero a 17 años, es decir, 3.2 homicidios diarios a nivel nacional.

Esta situación ya se advierte en nuestra entidad, pues de acuerdo a medios de comunicación local, han sido 10 los casos en los que niñas, niños y adolescentes en la zona norte, han sido víctimas de homicidio ya sea como consecuencia de ataques directos o daños colaterales de la delincuencia.

Ante ello nos pronunciamos por condenar esta lamentable situación, y exigimos que a niñas y niños no se les limite el derecho a disfrutar de espacios libres, ante el temor de una tragedia que los prive de la vida.

La responsabilidad del Estado es insalvable, y tiene la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de prevenir a través del ejercicio de la autoridad, actos que pongan en riesgo la vida y la seguridad de todas las personas, primordialmente de las niñas y niños. Lo expuesto anteriormente es un problema social grave que requiere corresponsabilidad en forma contundente de las autoridades.

De igual manera nos pronunciamos en invitar a la comunidad jurídica, servidores públicos, y sociedad en su conjunto a informarse sobre el Interés Superior de la Niñez, para aplicarlo:

a) como principio interpretativo,
b) eje rector
c) y la consideración esencial en todo momento, de que niñas y niños son titulares de sus derechos, y que en consecuencia, deben ser consultados en cualquier situación jurídica y cualquier política pública que les afecte.

Marco Antonio Tóh Euán (Presidente)
Alejandro Baeza Ruiz
Israel Canto Viana
Edgar Ricardo Mora Ucán
Sheena Merle Ucán Yeh
Rafael Barragán Vázquez
Alma Rosa Soledad Freyre Reinhartd