CANCÚN, 30 DE ABRIL.- La federación tiene en vilo a la industria de mayor crecimiento y aportación real de divisas, la turística, y al principal destino del país, Quintana Roo, al desaparecer el Consejo de Promoción, retirar las fuerzas federales para concentrarlas en el huachicoleo y desatender la contingencia por sargazo ante la cual es la única instancia que por ley, constitución y normatividad, está facultada para intervenir.

Ni promoción turística ni seguridad ni protección del patrimonio natural es lo que, en la práctica, están recibiendo los destinos turísticos de Quintana Roo, el estado que aporta el 34% de las divisas al país generadas por turismo.

La lógica del gobierno federal es que para fomentar la llegada de visitantes lo más efectivo es reducir la pobreza con programas de apoyo y la violencia con la Guardia Nacional que, según la estrategia, tendrá como prioridad la seguridad pública de los ciudadanos y no el combate al narco.

No habrá entonces apoyo federal a la promoción turística, mermada por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y adosada a los gobiernos de los estados que se sostienen del turismo; mejor dicho, a esos ciudadanos que han salido de los márgenes de pobreza a través de los empleos y oportunidades de desarrollo que ofrece la industria del hospedaje.

Podríamos agregar entonces: ni promoción ni desarrollo de zonas marginadas ni seguridad.

El primer trimestre de 2019 fue registrado ya como el más violento con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, ha retirado las fuerzas federales de Quintana Roo desde diciembre pasado, para concentrarlas en el combate al huachicoleo.
Ahora anuncia que llegará, como prioridad, la Guardia Nacional a Cancún pero, en realidad, son los mismos dos mil elementos de la Policía Militar que habían llegado desde octubre del año pasado por gestiones del gobernador Carlos Joaquín y que fueron desplazados en diciembre al centro del país.

Lo mismo sucede con la contingencia por sargazo, cuya solución está en alta mar porque al llegar a la laguna arrecifal en esas dimensiones genera impactos ambientales y económicos degradando poco a poco la costa de Quintana Roo y al destino turístico.

A partir de estas cifras se concluye que no se está reduciendo ni conteniendo la incidencia de homicidios dolosos, lo cual ha sido identificado como objetivo prioritario de la estrategia de seguridad del gobierno federal y que en un 90% son perpetrados por ajustes de cuentas del narco que controla desde el tráfico de drogas, armas, personas, secuestros y cobro de piso y al que, según el mismo gobierno federal, no se combatirá.
Las disputas del narco son la causa principal de que se haya disparado la violencia en varios estados como Quintana Roo y es facultad del gobierno federal combatirlo.

Los esfuerzos de limpieza de la laguna arrecifal y playas atenúan los impactos pero no los evitan.
Desde 2015 existe el arribo masivo de sargazo y la federación no ha realizado ninguna acción para resolverlo; sólo ha dado apoyos para mitigar los impactos que son irremediables cuando la macroalga ha llegado a la costa.
La extracción del sargazo en alta mar, como única solución a la contingencia, involucra al Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) que otorga los permisos aunque para el caso, sin precedente, debe también gestionar cambios a la Norma Oficial.

Una vez que la macroalga arriba a las playas se expande en la Zona Federal Marítimo Terrestre, la franja de veinte metros desde el nivel de marea más alta hacia tierra adentro. Esta franja es administrada también por el gobierno federal, igual que las dunas, los humedales y otros ecosistemas son manejados y protegidos bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las costas de Quintana Roo afectadas por el sargazo se localizan dentro de varios polígonos de áreas protegidas que son competencia de la Conanp, como la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano -para la cual aún no se ha elaborado el respectivo plan de manejo-, Yum Balam, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, Arrecife de Puerto Morelos, Cozumel, Sian Ka´an y Xcalak.

Además, por la dimensión, complejidad del fenómeno que involucra a varios países de la región y sus potenciales impactos a la economía -entre ella la generación de divisas turísticas para el país-, a los ecosistemas y a la salud de la población, se requiere la intervención urgente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Marina, Secretaría de Turismo, de Gobernación, de Hacienda y de Salud, aparte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo presupuesto ha sido reducido en 61% perdiendo el soporte indispensable para atender estos efectos del cambio climático y contaminación de los océanos.

Los gobiernos municipales y el gobierno del estado no tienen ni los atributos ni tampoco los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos necesarios para resolver el problema y lograr el manejo integral y sustentable del sargazo. Deben colaborar, asumir compromisos y responsabilidades, pero no pueden intervenir, por legislación y Constitución, en la atención de un problema de índole federal.