CANCÚN, 21 DE ABRIL.- Mientras el municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, concentra la atención mediática en el tema de inseguridad, el verdadero foco rojo continúa en Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, donde este año se ha agravado la violencia y, al igual que en el país, reporta de enero a marzo el trimestre más violento de su historia.
De enero a marzo y según cifras del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se reportaron 55 homicidios dolosos en Solidaridad, frente a los 41 que se contabilizaron en el último trimestre de 2018.
Con base en estas cifras creció de 17.9 a 24.1 la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Solidaridad entre el último trimestre de 2018 y primero de 2019.
Esta tasa de 24.1 es más del doble de la que reporta este año Benito Juárez, de 11.3 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y la cual se sitúa cuatro puntos abajo de la que reportó en los últimos tres meses de 2018, de 15.7.
A nivel nacional se reproduce la situación que enfrenta el municipio de Solidaridad pues de enero a marzo se contabilizaron ocho mil 737 homicidios dolosos en el país; 8.9% más que en el mismo periodo del 2018, considerado el año más violento.
Según las estadísticas del SESNSP, actualizadas ayer sábado, en enero, dos mil 931 personas fueron asesinadas; en febrero, dos mil 875; y en marzo, dos mil 931. En el primer trimestre de 2018 se registraron siete mil 958 muertes violentas.
Guanajuato se mantiene como el estado más letal al sumar un total de 947 víctimas. En segundo lugar se ubica el Estado de México, con 769 homicidios dolosos en el primer trimestre. Le siguen Baja California, con 647; Jalisco, con 720; Chihuahua, con 568; y la Ciudad de México, con 447.
Los homicidios dolosos son perpetrados, en más del 90%, por ajustes de cuentas del narco que controla desde el tráfico de drogas, armas, personas, secuestro y cobro de piso y al que, según la estrategia de seguridad nacional, no se combatirá.
Quintana Roo no ha sido la excepción en la pugna que mantienen los grupos del narcotráfico por adueñarse de las plazas, principalmente en la zona norte de la entidad donde se ubican los principales destinos turísticos de México y donde hasta el momento se cuenta con el apoyo de 860 policías militares y 300 agentes federales para las tareas de seguridad en sus 11 municipios.

El gobierno federal se comprometió a que el estado vuelva a tener el apoyo de los 3.200 elementos de la Policía Militar y más de 1.000 de la Federal con que contaba antes de que, según el secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella fueran desplazados desde diciembre el 70% de estos elementos al centro del país para concentrarlos en el combate al huachicoleo.
En estos momentos, entonces, Quintana Roo cuenta solo con 860 policías militares y 300 agentes federales para las tareas de seguridad en sus 11 municipios de los cuales Benito Juárez y Solidaridad, con cabeceras en Cancún y Playa del Carmen, registran los índices más elevados de crímenes atribuidos al narco.
Tomando en cuenta una población estatal de un millón 600 mil habitantes, conforme a proyecciones del Conapo, serían 53 policías militares y 19 agentes federales por cada 100 mil habitantes de Quintana Roo.
El aumento en los índices de inseguridad en Quintana Roo, así como en varios estados del país, está relacionado con los homicidios dolosos o “ejecuciones”, el uso de armas de fuego, el tráfico de indocumentados, el narcotráfico y, en general, el crimen organizado.
Para combatir esos delitos el gobierno federal recibe el 92% del presupuesto destinado a las funciones de Seguridad Pública pero, en la práctica, continúa la porosidad en aduanas donde ingresan ilegalmente las armas con las que son cometidos el 90% de los crímenes violentos, principalmente del crimen organizado, y hay descontrol migratorio que permite extorsiones como las de los colombianos del Gota a Gota, además de deficiencias en el combate al lavado de dinero como principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos destinados para atender la seguridad pública en el país se distribuyen de la siguiente manera: el gobierno federal recibe 92%, los estados 4.6% y los municipios 2.5%.