La Fiscalía General de Venezuela anunció el martes la apertura de una investigación judicial contra el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón masivo que se extendió por casi cinco días.

El jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab, dijo a la prensa que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia abrir un procedimiento de investigación contra Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.

Como parte de las pruebas Saab presentó un mensaje que Guaidó difundió en su cuenta de Twitter luego del inicio el 7 de marzo del apagón nacional, en el que expresó que “Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación”.

El fiscal general también responsabilizó al líder opositor de utilizar su cuenta en esa red social para incitar a la violencia.

A fines de enero la Fiscalía General había abierto una primera investigación contra el jefe de la Asamblea Nacional por supuestos hechos violentos, que no han sido precisados hasta la fecha.

Como parte de ese proceso el máximo tribunal, controlado por el gobierno, le prohibió la salida del país a Guaidó y congeló sus cuentas bancarias y activos.

La apertura del segundo proceso contra el dirigente se da en medio de una escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que convocó el martes a nuevas protestas callejeras para elevar las presiones contra el presidente Nicolás Maduro.

Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo que la víspera fue convocado a la cancillería el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James Story, para comunicarle que Venezuela decidió “no prorrogar” la presencia del personal diplomático de ese país.

El anuncio se dio un día después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicara que Estados Unidos retiraría al resto del personal de su embajada en Caracas debido al deterioro de la situación. A fines de enero Washington había retirado a una parte de su personal diplomático luego de que Maduro ordenó su expulsión y les dio 72 horas para abandonar el país, decisión de la que luego se retractó.

Al explicar las razones de la medida, Arreaza dijo que la medida fue tomada por el “riesgo que entraña para la paz nacional” la presencia de los diplomáticos estadounidenses.

Pese a la decisión Arreaza dijo que Venezuela está dispuesta a mantener canales de comunicación y diálogo con Estados Unidos. Desde 2010 ambos países están sin embajador.

Tras la decisión de Maduro del 23 de enero de expulsar al personal diplomático y romper relaciones con Estados Unidos, al que acusó de alentar un golpe de Estado en Venezuela, ambos países iniciaron conversaciones para establecer una oficina de intereses en Caracas y mantener los trámites consulares.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo el martes que se logró restablecer el servicio eléctrico en la mayor parte del país tras el apagón nacional de cuatro días y que en las próximas horas se espera recuperar el suministro de agua en la capital venezolana.

Guaidó llamó el martes a la población a tomar las calles. “El cese de la usurpación dependerá de nuestra movilización masiva y organizada en las calles”, dijo en Twitter el líder opositor de 35 años.

En medio del complejo contexto, una misión técnica preliminar de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició una visita al país y se reunió la víspera con Arreaza. Durante la jornada sostendrán un encuentro con representantes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

La misión visitará la capital y otras regiones del país entre el 11 y 22 de marzo para elaborar un informe que sirva de base para una posible visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien fue invitada por el gobierno venezolano.

Fuente Excélsior