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Tren Maya repite “vicios” que AMLO criticó en el aeropuerto de Texcoco: experto

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE NOVIEMBRE.- Uno de los argumentos del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo para rechazar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue ecologista, por los daños “irreversibles al medio ambiente” que traería su construcción.

Esos son los mismos argumentos y advertencias que ahora se desoyen para considerar la construcción del Tren Maya, que hoy y mañana será sometido a consulta pública junto con otros nueve proyectos y programas sociales.

El criterio ecologista para la construcción del Tren Maya no ha sido una razón de peso para el próximo Presidente, a pesar de que un grupo de más de 150 científicos, escritores y especialistas le pidieron que no hiciera la consulta y desista en su proyecto, pues pone en riesgo la biodiversidad de la selva.

Al mismo tiempo, los expertos le ofrecieron su apoyo para que se haga un proyecto con el menor impacto ecológico: “Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza”, señalaron.

Entre los firmantes destacan Patricia Ornelas, del Instituto de Biología UNAM, y Alfredo López Austin, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma universidad, organizaciones de Derechos Humanos y Greenpeace.

En el tema económico, los costos proyectados de las dos obras son similares. Para elNAICM se contempló un gasto de 185 mil millones de pesos, mientras que para el Tren Maya la inversión, sin estudios, sería de 150 mil millones de pesos.

También proponen el mismo tipo de inversión mixta con recursos públicos y privados, un esquema que López Obrador, en el caso del NAICM, criticó porque supuestamente propiciaba la corrupción.

Gran parte de los recursos públicos para el Tren Maya saldrán del impuesto turístico (que suman cerca de ocho mil millones de pesos y actualmente se utilizan para la promoción del país), y para el aeropuerto se iba a utilizar la Tarifa de Uso Aeroportuario para ayudar a financiar la obra.

“El NAICM, planteado por (Enrique) Peña Nieto, tampoco tenía los estudios requeridos para realizarlo; es decir, no a la profundidad que se requería. Por eso se saltó en la inversión hasta 260 mil millones… y va a pasar lo mismo con esta obra”.

En el caso del NAICM se vendieron bonos para asegurar recursos para la construcción, mientras que para el Tren Maya se propone convertir en socios a los propietarios de las tierras en donde se tendría que adquirir el derecho de vía.

Finalmente, cuando llegó la consulta para el aeropuerto capitalino se contaba con los estudios necesarios, aunque no con la profundidad requerida, mientras que para el Tren Maya no se han realizado estudios que lo respalden y que exige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Comunidades indigenas rechazan las obras

En un documento firmado por distintos grupos de representación indígena de la Península de Yucatán se asegura que “no es permisible que nadie pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones”. Considera que “todo se ha llevado a sus espaldas”.

Por falta de estudios, podrían crecer costos

Uno de los grandes proyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador será el llamado “Tren Maya”, que entre hoy y mañana será puesto a consulta. Y más allá de los misterios que encierran la selva y la cultura Maya, esta propuesta tiene sus propias incógnitas, pues hasta ahora no se han publicado estudios que respalden su viabilidad, costos o derrama económica.

El economista y consultor de evaluación social de proyectos del ITAM, Efraín Gala, explicó que debido a que no se cuenta con los estudios necesarios para realizar la obra, su costo se dispararía una vez que ésta inicie.

“El NAICM, planteado por (Enrique) Peña Nieto, tampoco tenía los estudios requeridos para realizarlo; es decir, no a la profundidad que se requería. Por eso se saltó en la inversión hasta 260 mil millones… y va a pasar lo mismo con esta obra”.

Agregó que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se debe realizar un estudio de evaluación socioeconómica que a su vez necesita cinco estudios adicionales: “El técnico, el de mercado, el legal, administrativo, el de impacto ambiental y el estudio financiero; con esos se hace lo que llamamos flujo de costos y beneficios sociales, para determinar si le conviene o no al país”.

Según su experiencia, los estudios para tomar una buena decisión de inversión demoran al menos un año, “pero son muy costosos al nivel que se requiere”. Además, aseguró que los 150 mil millones de pesos proyectados para la obra están “subestimados”.

Según lo que plantea la ley, el Presidente electo estaría incumpliendo con lo que se pide antes de hacer cualquier obra de infraestructura en caso de iniciarla el 16 de diciembre, como él mismo lo anunció.

“Es como querer hacer una casa y se empieza a construir sobre un terreno que aún no compra. Lo que debemos hacer es no pedirle nada al Presidente, sino exigirle que cumpla la ley. Antes de iniciar la obra, de licitarla, tienen que estar hechos los estudios. Una consulta no sirve para nada, porque las personas que van y votan no saben los beneficios y los costos del tema”.

El megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador enfrenta distintos retos; entre ellos está conseguir todos los derechos de vía necesarios, incluyendo los que se encuentran en predios privados o los que están en asentamientos irregulares.

Como solución a este problema, su equipo se ha propuesto convertir a los dueños en “socios” del desarrollo local para que éstos reciban ingresos por su patrimonio a través de un fideicomiso, aunque esta propuesta no garantiza su participación.

En ese sentido, Efraín Gala plantea una pregunta: “¿De dónde van a salir las ganancias? Para que la gente opte por utilizar el tren en lugar del autobús o el auto van a tener que dar un precio muy barato. Para eso van a tener que subsidiarlo y no habrá ganancias”.

Voz del experto

De acuerdo con el experto Alfredo Martín Ochoa, cualquier obra que genere desarrollo en el país debe ejecutarse, pero siempre con respeto a los recursos naturales y los ecosistemas.

Y para garantizarlo hay que someterlos a una evaluación de impacto ambiental, en este caso federal, “o al menos describir estos trabajos, para que sea la Semarnat la que determine si es o no necesario la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para darle certeza a la obra y a los ciudadanos y al ecosistema”.

Según el cronograma presentado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, el próximo 16 de diciembre arrancarán los trabajos preliminares para rehabilitar las vías existentes. La consulta que inicia hoy y termina mañana es sólo un protocolo para algo que ya está en planes.

En ese sentido, Ochoa señala que “para cualquier obra de rehabilitación sobre autorizaciones ya otorgadas se debe dar aviso a la autoridad, justificando que no se vayan a generar más impactos. En este caso, tiene la facultad de decir si necesitan una nueva MIA o más estudios”.

El proyecto

  • Turismo: El Tren Maya busca promover un esquema turístico en el que los visitantes recorran las comunidades de la región, evitando la concentración turística en un solo punto. Tendría la capacidad de llevar pasajeros y también utilizarse como tren de carga.
  • Extensión: Se plantea que el recorrido tenga una extensión de mil 500 kilómetros y 15 estaciones, en una ruta que conectará a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Dimensiones Se dividirá en tres tramos: el Golfo, con 653 kilómetros; el Caribe, con 446 y Selva, con 426.
  • Inversión: La inversión estimada será de 120 a 150 mil millones de pesos, que se obtendrán a través de un esquema de inversión mixta en donde se ha planteado que, para mitigar la afectación al medio ambiente, se buscarán los derechos de vía que ya existen.

Fuente Informador MX

 

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PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS

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Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.

Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.

La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS

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México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.

Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.

Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.

La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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