Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 27 DE SEPTIEMBRE.- El mandatario estatal Carlos Joaquín González, destacó que se encuentra en diálogo cercano con los 11 alcaldes electos en materia de seguridad, previo a la toma de protesta el próximo 30 de septiembre.

El gobernador reconoció el interés de algunos presidentes municipales electos de coordinar esfuerzos para establecee un mando único “la idea es prolongar esa coordinación para poder buscar la posibilidad que permitirá tener mejores niveles de seguridad”.

Carlos Joaquín también habló del proyecto de recuperación de playas de la iniciativa privada que se realiza en la Riviera Maya, que “es bien interesante y que nos debe de servir de modelo para poder ver otros espacios donde es necesario”.

Añadió que el problema más importante sigue siendo el financiamiento, pero parece que ese esquema es el ideal porque es muy innovador: “Se están usando nuevos textiles, formas de arquitectura distintas, de una instalación o llegada de arena en muchos más importantes flujos; usan procesos que son mucho más amigables con el medioambiente”.

En cuanto a la construcción de un nuevo Centro de Readaptación Social (Cereso), comentó que hoy la forma en que se están construyendo es mediante las app (asociaciones público-privadas), donde la iniciativa privada construye y administra, y el estado otorga una concesión; se trata de “una posibilidad muy importante y real para Quintana Roo”.

Añadió que aún no se define el lugar donde se construiría el nuevo centro penitenciario de Quintana Roo, y que las opciones serían Puerto Morelos y Leona Vicario. El costo de la cárcel rondaría los dos mil millones de pesos.

Finalmente, en relación con el embargo a Aguakán dijo que ya se politizó y que hay que ver primero el lado administrativo, que es el importante y recordó que se viene trabajando en una auditoría que realizó la CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado) sobre el tema de la concesión otorgada a la concesionaria.

“Fue concluida hace unas semanas, inmediatamente se realizó un emplazamiento a la empresa para ponerse en orden, de acuerdo a los propios requisitos de la concesión; se está en ese proceso jurídico y vamos a llevarlo de esa manera. Todo lo demás que se diga me parece que es sólo política.

“Que puede ocurrir con ese proceso jurídico, puede llevar a que se vaya para atrás (revocar) la concesión, sí se podría llegar a eso y también la obligación de ponerse en orden en cuanto a las faltas que la propia concesión otorga, los requisitos que ésta tiene, las necesidades de obra, de infraestructura, de administración, de servicio, de saneamiento del agua, que en algunos casos no han sido cumplidas.”