Carlos Águila Arreola

CANCÚN 9 DE AGOSTO.- María Leonor Méndez Sosa pasó de víctima a victimaria después que un par de abogados, en contubernio con un supuesto “pájaro de cuentas”, la desalojaran-despojaran de un club de playa propiedad de su familia, orquestado por la Fiscalía General del Estado en presunto contubernio con la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien respaldó las acciones del ex director de la Policía Ministerial, José Cristóbal Mena Paullada, lo anterior de acuerdo con Raúl Fernández León, delegado estatal de la Comisión Nacional e Internacional de Derechos Humanos.

Los hechos iniciaron el pasado 24 de abril de 2017, cuando Mena Paullada, “a nombre del fiscal Miguel Ángel Pech Cen”, “invitó” (por la fuerza) a retirarse a la denunciante y su familia; tras los hechos, el esposo de María Leonor Méndez murió porque agentes policiacos –presuntamente escoltas del fiscal– lo torturaron cuando lo obligaron a retirarse del negocio.

La señora Méndez Sosa tiene en concesión el predio de mil 785.79 metros cuadrados al final de la primera rampa de acceso al mar, a un costado del hotel “Ojo de Agua”, en la zona de playas del municipio de Puerto Morelos.

Las denuncias por el despojo de un predio costero, en las que se acusa al fiscal general y su ex jefe de la Policía Ministerial, permanecen “congeladas”

La mujer perjudicada dijo que acudirá a la Procuraduría General de la República (PGR) luego que desde 2008 se le otorgó el título de concesión de una superficie de zona federal marítima terrestre (Zofemat) a su hijo; actualmente, funge como apoderada legal.

“En 2012 nos otorgan el cambio de uso de suelo y nos autorizan las instalaciones y se nos permite operar como club de playa.”

En cuanto a por qué Mena Paullada se presentó y cuál es el delito del que se le acusa, la imputada dijo ignorar los motivos, pero llegó a amedrentarla y decirle que cometía un delito que no alcanzaba fianza, y que acudió por órdenes del fiscal Pech Cen.

“Supuestamente cometí un despojo, pero es zona federal, ¿a quién despojé? A la única que podría despojar es a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no hay denuncia porque no la despojamos, nos dio el título de concesión DGZF 717/2008.”

La quejosa comentó que ya denunció ante el Ministerio Público al fiscal y a Mena Paullada (número único de caso FGE/QR/PM/04/119/2017, carpeta FGE/QR/PTM/JAT/04/83/2017), además de que ya solicitó un amparo ante el Tribunal Federal por los mismos hechos.

SIN JURISPRUDENCIA 

En tanto, el abogado Fernández León comentó que “no hay jurisprudencia ni jurisdicción”, pues Mena Paullada no debió presentarse a desalojar a los concesionarios, además de que se presentó, con más de una veintena de personas, entre escoltas y golpeadores, los que ocuparon el local tras sacar a la mujer y su familia, “sin orden judicial”.

“Mena Paullada se presentó junto con los escoltas de Pech Cen, y los licenciados Juan Alberto Bermejo Varela y Roberto Andrés Acero Gravito, apoderados legales de José Benjamín Navarro Áspero, quien se encarga de despojar a personas de sus propiedades en Quintana Roo y otros estados del país.”

Señaló que si se busca en línea el nombre de Navarro Áspero se encontrará que tiene denuncias en Puebla, Querétaro, y otras entidades del norte de la república; es decir, se trata de un presunto delincuente contumaz.

Como hay conflicto de intereses porque el fiscal no se investigará a sí mismo, Méndez Sosa decidió acudir para denunciar el caso a la PGR e instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Y es que en la delegación de la PGR, al acudir a solicitar la participación de la dependencia en el caso, le dijeron que como fue un despojo entre particulares, correspondía denunciar ante el fuero común; es decir, ante la Fiscalía de Quintana Roo.