CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE JULIO.- Los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 pidieron este miércoles a la Suprema Corte de México respeto al debido proceso sobre la eventual creación de una comisión de la verdad y al presidente electo cumplir sus promesas de campaña para iniciar otra investigación.

“Le exijo a la Suprema Corte que haga bien su trabajo, que se apegue a lo que deben ser las leyes”, enfatizó en conferencia de prensa Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, un brillante estudiante que tenía 19 años cuando fue secuestrado y desaparecido.
Acompañada de padres y madres del resto de los jóvenes, Blanca acusó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (PRI), que termina su mandato el 30 de noviembre, de “ocultar la verdad”.

“Las madres estamos desesperadas, estamos hartas de tanta mentira por parte de este gobierno”, añadió casi gritando Blanca, que ha recorrido avenidas enteras de este y otros países suplicando apoyo para encontrar a su hijo, un joven que quería ser médico pero la pobreza se lo impidió.
Las conclusiones de la investigación oficial apuntan a que los estudiantes fueron atacados por policías corruptos y sicarios la noche del 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero (suroeste, sobre el Pacífico).

Al ser confundidos con integrantes de un cártel habrían sido entregados por los uniformados y los pistoleros a otra organización antagónica la cual los habría asesinado, para luego incinerar los cuerpos y arrojar los restos a un río.

Esta  versión ha sido rechazada por los familiares y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso tomó nuevos bríos cuando a principios de junio, un tribunal federal con sede en Tamaulipas (noreste) ordenó “reponer la investigación” en respuesta a amparos de revisión solicitados por los acusados del crimen por considerar que no fue “pronta, efectiva ni imparcial”.

Además, determinó “crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”  integrada por familiares de los desaparecidos, miembros de la oficina del ombudsman y el Ministerio Público.

El centro Prodh -que asesoró a las familias de los estudiantes desde el inicio- consideró la “sentencia con carácter histórico”.

Pero días atrás, un juez determinó “jurídicamente imposible” crear dicha comisión. Los padres de los 43 estudiantes protestarán jurídicamente próximamente, lo que abre camino para que el caso termine en la Suprema Corte de Justicia.

Los familiares pidieron al presidente electo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cumplir su promesa de campaña sobre abrir otra investigación.

El cruel crimen “ha sido clave en denunciar el ADN de impunidad y de corrupción de este gobierno federal y eso se tradujo en un voto ‘antipeña’ básicamente”, reclamó Mario Patrón, director del Centro Prodh.

Fuente Excélsior