CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE JULIO.- Por cometer delitos como agresión, contra la salud, migratorios, sexuales, homicidio, robo, secuestro y trata de personas, entre otros, mil 163 mexicanos están presos en el extranjero, según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entre los connacionales detenidos, 71 están condenados a muerte en Estados Unidos, de acuerdo con la dependencia, con corte a diciembre de 2017.

Al cierre del año pasado también se tenían documentados 25 mil 95 casos de protección y/o asistencia en el ámbito penal a connacionales, mediante la Red Diplomática y Consular de México en EU.

Esos mexicanos estaban involucrados en delitos como los mencionados, pero también en fraude, portación indebida de armas, robo de identidad, tráfico de indocumentados y violencia doméstica.

Las estadísticas no precisan si todos los mexicanos que recibieron asistencia estaban en libertad o se encontraban presos.

SALVADOS DE MORIR

Desde 2000, el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos ha logrado que mil 14 de mil 150 mexicanos condenados fueran librados de la pena capital en prisiones estadunidenses.

Según la SRE, dicho programa “ha dado resultados alentadores en defensa de nuestros connacionales”.

En septiembre de 2000, la Cancillería creó el programa con el objetivo de atender a los ciudadanos de origen mexicano que enfrentan la pena de muerte en la Unión Americana, así como para mejorar la calidad de su defensa desde su detención hasta los procesos posteriores a la sentencia, tanto en aquellos estados que autorizan este castigo como en la jurisdicción federal.

A partir de 2001, el programa incluyó también casos de connacionales no sólo sentenciados a muerte, sino también de aquellos que enfrentan procesos judiciales que podrían culminar con la imposición de la pena capital.

Relaciones Exteriores afirma que ha logrado revertir la pena de muerte en 98% de los casos en los que el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos ha llevado la defensa de los inculpados desde el inicio de su proceso legal hasta su conclusión.

México no sólo cuenta con el Programa de Asistencia Jurídica, también trabaja de forma permanente con el Poder Legislativo de Estados Unidos para que se aplique de manera generalizada en su territorio la notificación y acceso consular previstos en la Convención de Viena.

Uno de los casos más recientes de mexicanos presos en otro país es el de Diego, quien desde abril de 2017 se encuentra en una cárcel de China acusado de agredir a un hombre de la tercera edad.

Su familia, con la intermediación de la SRE, debió pagar 500 mil yuanes, alrededor de 1.5 mdp, como reparación del daño; el proceso penal aún continúa.

El último mexicano ejecutado por el sistema judicial de Estados Unidos fue Rubén Cárdenas Ramírez, de 47 años, quien el 8 de noviembre de 2017 recibió una inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas.

Cárdenas fue declarado culpable de los delitos de secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, de 16 años, en McAllen.

Los hermanos José Regino, Luis y Simón González Villarreal, originarios de Culiacán, Sinaloa, se encuentran presos desde el 4 de marzo de 2008 y condenados a la horca desde 2012 en Malasia, por producción y tráfico de drogas, delitos severamente castigados en ese país asiático.

La Cancillería los ha asistido en todo el proceso y se prevé que presente una petición de clemencia ante el Sultán de Malasia, al agotarse las instancias judiciales que hubieran podido dejarlos en libertad.

FUE LIBERADO LUEGO DE 26 AÑOS EN PRISIÓN

En abril pasado, San Gabriel, Jalisco, pueblo natal de Vicente Benavides, estaba pegado a las redes sociales para ver el momento en que después de 26 años de cárcel y de estar en el corredor de la muerte, respiraba al fin en plena libertad.

Vicente se fundió en abrazos con sus familiares. “Qué gusto de verte”, les decía entre lágrimas.  “Ahorita no sé para dónde voy”, afirmaba, mientras bebía agua embotellada. “Se tardaron muchísimo ahí, para mi salida, que los papeles, pero bendito sea Dios”, añadía.

En San Gabriel observaban en tiempo real cómo Vicente, con pelo cano y todavía vistiendo un uniforme de prisionero, caminaba con paso firme para abandonar la prisión donde estuvo acusado de asesinar a una niña.

Era un Vicente diferente al que ingresó. Su cabello pasó de oscuro a blanco. Las arrugas de su rostro evidenciaban el sufrimiento. Su estado anímico también era otro, sonreía. “¿Les gusta mi ropa?”, preguntaba en  broma y carcajeaba. Aunque primero se dijo que iría a cambiarse a un restaurante, prefirió subirse al auto y abandonar la cárcel para ser apapachado por su familia californiana. José Luis Figueroa transmitía en vivo esa anhelada liberación.

Por la tarde-noche comenzó la fiesta en casa con música de mariachi. Las lágrimas reaparecieron. “Estoy feliz, mija, no llores”, decía a su familia.

CASO DIEGO, SIN AVANCES

Diego Fernández Quintero continúa preso en China porque el adulto mayor que lo acusó de lesiones no le otorgó el perdón, pese a que el acusado le garantizó el pago de los 500 mil yuanes que le exigió la parte acusadora a cambio del mismo, informó Angélica Cantú, amiga de la familia del joven mexicano.

Reveló que el 11 de julio pasado se realizó una audiencia en el juzgado chino que conoce la causa, a la que asistieron Diego, acompañado por su hermano Alejandro, su abogado y el Cónsul de México en China, por una parte; y por la otra, el adulto mayor de nacionalidad china, asistido por su familia.

El objetivo de la audiencia fue cerrar de manera legal un acuerdo que se suponía preestablecido entre las partes y que consistía en que Diego pagaría al adulto mayor 500 mil yuanes, equivalentes a casi 1.5 millones de pesos, para que le otorgara el perdón.

Sin embargo, la vícitma y su familia se retractaron del acuerdo preestablecido de manera verbal y se negaron a firmar el documento que lo formalizaría de manera legal.

Ante esa situación, el juez recomendó a la defensa no entregar el dinero y acordó citar a otra audiencia en fecha que no ha sido establecida aún, con la intención de que las partes firmen el acuerdo mediante el que el acusado, Diego, pagaría 500 mil yuanes a la parte acusadora, para que ésta le otorgue el perdón y obtenga su libertad.

Si el ofendido no otorga el perdón a Diego, este podría ser condenado a nueve años de prisión.

18 PRESOS

En China hay 18 detenidos de origen mexicano, 16 de ellos presos por la comisión de delitos contra la salud pública, según datos de la embajada de México en ese país.

En Hong Kong, una de las regiones administrativas especiales del territorio chino, están presos nueve mexicanos por narcotráfico. Al sur, en la provincia de Cantón, están otros siete mexicanos por delitos contra la salud pública. En Shanghái hay un mexicano que cumple cadena perpetua acusado de homicidio. En Pekín, el único detenido es Diego, desde noviembre de 2017.