PLAYA DEL CARMEN, 19 DE JUNIO.- La Fiscalía General del Estado tiene a bien aclarar varios puntos en relación a la denuncia presentada el 28 de octubre del 2017, por el delito de peculado ante el fiscal del ministerio público adscrito a la agencia ministerial de Playa del Carmen y que se hace alusión durante una manifestación la mañana de este lunes.

• • Quien presentó la formal denuncia fue la ciudadana C.S.O. de identidad reservada, y no la representante de la asociación civil “Somos tus ojos Transparencia por Quintana Roo”.
• • La imputación se realizó directamente en contra de Ana María “N”, en la conducta que se le atribuye derivada de sus actividades como funcionaria pública
• • La denunciante C.S.O., nombró como asesora jurídica a la representante de la asociación civil “Somos tus ojos Transparencia por Quintana Roo” Fabiola Cortez Miranda.

• En la demanda inicial, manifiesta que en el último trimestre de septiembre a diciembre del 2016, se ejercitó un presupuesto de veintitrés millones, trescientos mil quinientos ochenta y tres pesos por conceptos de ayuda social, y no los 100 millones de pesos supuestamente asignados en dicho rubro, a los que se hace mención durante la manifestación de este lunes.

• En la denuncia se indica que de esa cantidad, un millón trescientos y ocho mil seiscientos setenta y cinco pesos fueron utilizados en los rubros de transportación, hospedaje y alimentos, refiriendo que “se puede presumir” que la imputada está haciendo uso de dichos recursos de manera indebida, distrayendo dichos recursos públicos utilizando los nombres de personas que se han “beneficiado” de tal ayuda, (entre ellas la querellante) sin embargo, ella en ningún momento ha solicitado alguna clase de apoyo económico ni lo ha recibido.

Ahora bien, en relación a la integración del expediente, el fiscal que tiene el caso si instruyó que se lleven a cabo diligencias de actos de investigación, sin embargo, remitió la carpeta de investigación por incompetencia a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción el pasado 06 de febrero del 2018.

Derivado del artículos transitorios del decreto 87, expedido por la XV legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio de 2017, en específico el cuarto transitorio de la Ley de la Fiscalía General, que establece 60 días para notificar a la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sobre el expediente de esta índole, por lo que se determinó devolver al Fiscal del Ministerio Público para que continúe recabando los datos de prueba correspondientes, por lo que en ningún momento se ha omitido o se ha beneficiado las denuncias contra cualquier persona, incluyendo las que se realizan en contra de funcionarios públicos, así que es importante destacar que la Vicefiscalía de Riviera Maya mantiene abierta dicha investigación

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