La querella fue presentada este martes por procurador general de Texas, el republicano Ken Paxton, en una Corte Federal de Brownsville, Texas, junto con los procuradores estatales de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

Paxton venía amenazando desde hace meses con tomar medidas legales si el programa aún se mantenía vigente para junio, luego de que los fallos de las cortes federales bloquearon los esfuerzos de la administración de Donald Trump para finalizar el programa.

Sin embargo, una resolución judicial a favor de DACA la semana pasada parece haber acelerado los planes del procurador estatal de Texas.

El 24 de abril de este año, el juez federal John Bates de la Corte Federal en Washington DC, ordenó a la administración de Trump restablecer DACA, incluyendo a nuevos solicitantes, al considerar que su decisión de terminar el programa fue “ilegal”.

El juez dijo que el argumento del Departamento de Seguridad Nacional contra el plan era “arbitrario y caprichoso” y dio al gobierno 90 días para que presentara un nuevo planteamiento.

La decisión del juez constituyo el tercer revés y con mucho la más fuerte, a los esfuerzos de la administración Trump para rescindir el programa. Jueces en California y Nueva York habían ordenado previamente al gobierno que renovara los permisos de trabajo para los inmigrantes inscritos en el programa.

El programa DACA fue creado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama en noviembre de 2012, para permitir que quienes llegaron de niños de forma ilegal a Estados Unidos pudieran permanecer y obtener permisos de trabajo por dos años, renovables, si cumplían ciertos requisitos.

Al presentar la demanda este martes, el procurador Paxton reiteró que DACA “es un programa ilegal que pretendió conceder presencia legal y permisos de trabajo a casi un millón de extranjeros presentes ilícitamente sin autorización del congreso”.

“Nuestra coalición exhorta a la Corte Federal de Distrito para el Sureste de Texas que declare a DACA anticonstitucional y que el gobierno federal deje de emitir o renovar cualquier permiso de DACA en el futuro”, dijo Paxton.

“En septiembre pasado, el presidente Trump se apegó a derecho. Él aceptó eliminar gradualmente a DACA luego de que dirigí una coalición pidiendo que su administración lo hiciera o de lo contrario enfrentaría un desafío legal”, explicó.

“Desde entonces, tres jueces federales activistas han detenido al gobierno federal para que no cancele DACA. Esto significa que jueces federales no electos están obligando a la administración Trump a dejar activo un programa ilícito indefinidamente mientras que los desafíos legales siguen en trámite”, señaló.