CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE ABRIL.- La candidatura conjunta que México, Estados Unidos y Canadá presentaron para albergar el Mundial de Futbol 2026 está en riesgo por casos de violencia, discriminación y de violación de los derechos humanos.

Ninguno de los tres países se salva: en México están documentadas las agresiones contra las mujeres, los actos de discriminación contra la comunidad homosexual y los homicidios de periodistas, entre otros ataques a la libertad de expresión.

Estados Unidos también enfrenta casos contra la comunidad homosexual; violencia asociada al tráfico de drogas desde México y contra indocumentados; restricciones temporales de ingreso de ciudadanos de ciertas naciones, y controles migratorios, como la elaboración de perfiles de turistas, que “puede considerarse discriminatoria”.

Además, en algunas partes del territorio estadunidense y del mexicano se ha denunciado a las autoridades locales por tener un comportamiento inadecuado y discriminatorio contra integrantes de la sociedad.

En Canadá la preocupación no es menor; también ahí hay denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“En cada uno de los tres países hay una variedad de formas en que pueden surgir desafíos legales en respuesta a violaciones de las normas de derechos humanos, así como litigios constitucionales”, expone la consultora británica Ergon en su investigación Informe independiente, realizada a petición de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), para conocer la situación de los tres países que desean organizar la Copa del Mundo 2026.

En la radiografía solicitada por la máxima autoridad del futbol mundial, Ergon alerta que la seguridad será “un desafío particular para los organizadores de la Copa del Mundo, donde sea que tenga lugar”.

De acuerdo con especialistas en derecho deportivo internacional, si la FIFA es estricta con su reglamento, el análisis de Ergon es lo suficientemente determinante como para no darle la sede a los tres países miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Nuevos lineamientos

Desde 2016, el respeto a las garantías individuales y la protección al medio ambiente son unos de los requisitos indispensables que debe cumplir el país o los países que buscan organizar un Mundial, de acuerdo con la FIFA. Sin embargo, México está mal parado en ambos temas (Proceso 2064).

Ese par de nuevos lineamientos fue anunciado por el organismo rector de futbol el 10 de mayo de 2016, días antes de que realizara un congreso en la Ciudad de México.

A raíz del mayor caso de corrupción que ha sacudido a la FIFA, en el que están implicados sobornos, lavado de dinero y las cuestionadas votaciones para designar los torneos de Rusia 2018 y Qatar 2022, que derivó en el encarcelamiento de varios de sus dirigentes y en la dimisión de su entonces presidente Joseph Blatter, en 2015, los asuntos relacionados con los derechos humanos han merecido una atención especial en la federación.

Poco antes de dejar su puesto por el escándalo, Blatter encargó un estudio en materia de derechos humanos a John Ruggie, catedrático de la Universidad de Harvard y asesor de la Organización de las Naciones Unidas.

En el reporte For the Game. Fort he World: FIFA & Human Rights, Ruggie expuso a la FIFA una serie de recomendaciones, entre las que destaca “adoptar una política de derechos humanos clara y contundente”.

Oficialmente, los estatutos de la ­federación internacional de futbol fueron reformados el 26 de febrero de 2016 en el contexto de la elección de Gianni Infantino como su nuevo presidente.

En las recientes disposiciones, que entraron en vigor el 26 de abril de ese año, está el artículo 3 que establece que “la FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y de esforzarse por garantizar el respeto de esos derechos”.

De acuerdo con Ergon y los ­requisitos de la FIFA, en cada candidatura se debe tomar en cuenta la legislación nacional y si su práctica legal está en concordancia con los derechos humanos reconocidos internacionalmente, si existen lagunas entre la legislación nacional y la práctica legal y los derechos humanos, y si la legislación nacional y la práctica legal contradicen los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Los trabajos para designar la sede mundialista de 2026 comenzaron en mayo de 2016 y finalizarán el 13 de junio de 2018 (un día antes del arranque del Mundial de Rusia 2018) con el anuncio del organizador del evento que contará, por primera vez, con 48 selecciones nacionales; sólo Marruecos compite contra la candidatura tripartita de la Concacaf.

Como parte del proceso para la elección de sede, la FIFA envió al Grupo de Trabajo de Evaluación de la Candidatura del Mundial 2026 a la Ciudad de México. Los integrantes de esa comitiva sólo estuvieron dos días en la capital del país (el lunes 9 y el martes 10) y únicamente visitaron el Estadio Azteca, el Centro de Alto Rendimiento de la ­Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y el Zócalo capitalino. Esta última parada la hicieron con la idea de ­inspeccionar el sitio donde se instalaría una de las llamadas zonas Fan Fest del torneo.

El equipo de trabajo de la FIFA no tomó en cuenta los otros escenarios propuestos por la Femexfut para el Mundial: el estadio de Monterrey y el Akron, casa de las Chivas, propiedad de Jorge Vergara.

En Canadá, las ciudades sedes del torneo serían Edmonton, Montreal y Toronto. Al igual que México, sólo albergaría 10 encuentros. Los 60 partidos restantes del Mundial se realizarían en Estados Unidos, distribuidos en las siguientes plazas: ­Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, New York, New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle y Washington DC.

Tras su paso por México, el grupo de visores de la FIFA estará en Estados Unidos, luego viajará a Canadá y después irá a Marruecos.

Problemas para México

Quizá el riesgo más grave para la candidatura tripartita lo representa México. En 155 cuartillas, la investigación de Ergon expone una serie de problemas que aquejan a nuestro país, como los casos de violencia sexual que son una amenaza para la seguridad de las asistentes a los partidos.

El análisis también advierte sobre “muestras significativas de amenazas verbales, físicas y violentas, incluyendo el asesinato. Este riesgo sólo será amplificado en el contexto de una Copa del Mundo de la FIFA”.

La advertencia del estudio británico no parece exagerada si se toman en cuenta las propias cifras mexicanas. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en el primer mes de 2018 ocurrió, en promedio, un homicidio cada 17 minutos en el país. En 71% de esos casos fueron utilizadas armas de fuego. Un dato más: 14.98% de las víctimas murió en lugares en los que ya habían ocurrido asesinatos.

Ergon, especializada en negocios, derechos humanos y laborales, fue fundada en Londres en 2005. Entre sus clientes destacan la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Trabajo y Apple.

El estudio de la empresa británica refiere que “una encuesta de la ONU indica que la mayoría de las mujeres en la Ciudad de México han experimentado algún tipo de violencia sexual (incluido acoso verbal y contacto físico no deseado) en sus viajes diarios, lo que plantea problemas para la seguridad de trabajadoras, espectadoras y aficionadas”.

El documento también identifica que la discriminación es una importante cuestión de riesgo para un evento como la Copa del Mundo de la FIFA, debido a que muchos de los empleos temporales, y poco calificados, suelen ser ocupados por trabajadores que “pueden estar en peligro de discriminación, como las mujeres, las minorías étnicas y/o migrantes.

“Esos trabajadores pueden enfrentar un mayor riesgo de discriminación en relación con la contratación, salarios, promoción y hostigamiento (incluyendo acoso sexual), entre otras condiciones de empleo. Se trata de riesgos que ocurren en muchas partes del mundo, no sólo en los tres países cubiertos por este informe”, indica.

Lagunas y bajos salarios

En materia laboral, Ergon sí detectó la existencia de “disposiciones básicas vigentes en los tres países respecto de la libertad sindical y de la negociación colectiva, pero también hay lagunas en los estándares internacionales que se han identificado en relación con México, especialmente en la formación de sindicatos dominados por el empleador.

“También hay disposiciones contenciosas en algunas leyes de Estados Unidos sobre el llamado ‘trabajo correcto’, que actualmente se están resolviendo ante tribunales de ese país.”

El reporte explica que el nivel de los salarios mínimos y su aplicación son variables en los tres países como dentro de ellos. El establecimiento del salario mínimo a menudo se lleva a cabo a niveles estatal o federal. “Hay algunos casos en los que no se establece una tasa o, posiblemente, es demasiado baja para permitir un nivel de vida decente…”.

Las tres naciones, indica la investigación, tienen una legislación sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres, pero hay brechas potenciales en Canadá y México en relación a si éste cubre sólo el trabajo igual o de igual valor. Los tres países cuentan con legislación en vigor relativa al acoso en el trabajo, de conformidad con las normas internacionales.

“Pese a estos instrumentos de protección, la discriminación sigue siendo un riesgo clave en la práctica entre los tres países. El desafío en México está en el cumplimiento de la legislación sobre discriminación. En Estados Unidos, sobre la aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.”

Por lo tanto, se expone en el Informe independiente, los organizadores de la competencia deberían garantizar que todas las normas de empleo y códigos de origen, relacionados con el Mundial, requieren una cobertura completa de las normas internacionales sobre la discriminación relacionada con empleos.

Ataques a la prensa

La empresa británica reportó a la FIFA que es preocupante la situación de los derechos de la libertad de prensa y expresión en México, a causa de la violencia, particularmente sobre los periodistas.

Datos del Comité para la Protección de Periodistas dan cuenta que desde el año 2000 han sido asesinados 80 integrantes de medios de comunicación (se reportan 42 asesinatos desde 2006), convirtiéndose en una profesión tan peligrosa en México como en Afganistán, país que está en guerra.

Juego de las vencidas

Además de superar la investigación de Ergon, que juega contra la candidatura compartida, México, Estados Unidos y Canadá deberán convencer a las federaciones que tampoco simpatizan con el proyecto.

El jueves 5, la Federación Francesa de Futbol anunció que apoyará a Marruecos como organizador de la Copa del Mundo 2026.

“No me veo apoyando a un país próximo a nosotros. África sólo ha tenido un Mundial en su historia (Sudáfrica 2010), no es mucho. Marruecos está preparado, aunque no tenga los mismos medios que sus adversarios. Francia sólo tiene un voto, pero quizás dará un impulso a Europa para que elija a Marruecos”, explicó su presidente, Noël Le Graët, en una entrevista para el diario deportivo L’Equipe.

El viernes 6, la ministra de Relaciones Exteriores de Dominica, Francine Baron, adelantó que la federación de futbol de la isla caribeña también votará en favor del país africano.

El propio rey de Marruecos, ­Mohammed VI, se involucró en la candidatura de su país, celebrando los apoyos recibidos. También expresó que espera el voto de España porque, “en el fondo, la FIFA no confía mucho en la capacidad organizativa de Marruecos para un Mundial”.

Incluso, el polémico expresidente de la FIFA Joseph Blatter se pronunció en favor de un Mundial en África. En febrero último, escribió en su cuenta de Twitter sobre la Copa del Mundo 2026: “Las candidaturas compartidas son rechazadas por la FIFA desde 2002.  ¡Marruecos sería el anfitrión lógico!, ¡Es hora de volver a África!”.

Entre las organizaciones que apoyan el proyecto compartido destaca la poderosa Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), la más antigua del mundo y que agrupa a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Fuente Proceso

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