CHETUMAL, 9 DE MARZO.- Lo que comenzó como una investigación de un crédito menor durante la administración de Roberto Borge, terminó develando el que quizá es, por montos, el mayor desfalco del borgismo.

La Auditoria Superior de Federación (ASF) detectó que un crédito de corto plazo de 110 millones de pesos obtenido de Lumo Financiera en 2016, había generado un comportamiento irregular en SEFIPLAN.

No se pagaba la deuda y se generaban intereses moratorios indebidos. Hasta ahí la primera irregularidad.

Sin embargo, la ASF siguió la ruta de ese dinero, así como el de otro crédito de corto plazo con Interacciones, ambos adquiridos en 2016, por un total de 506.7 millones. La sorpresa fue mayúscula.

Se encontró con que 12 funcionarios de diversos niveles de dos secretarias de estado participaron de un desvío, durante el sexenio, de 5276.7 millones de pesos, por medio de falsos apoyos a productores de campo, que debían pasar por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru).

LAS CUENTAS Y LAS PRIMERAS SEÑALES

Lo primero que detectó la ASF es que el dinero que ingresaba por créditos, se dispersaba en varias cuentas diferentes. El objetivo era que se perdiera el rastro de ese dinero.

En el caso del crédito de Lumo, el dinero se dispersó en 21 cuentas diferentes, y luego, desde allí, fue a otras 7 cuentas. En el caso de Interacciones, los recursos se fraccionaron en 16 movimientos bancarios.

“Se presume que el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó esta práctica para que no fuera claro ni evidente el origen y el destino de los recursos de los créditos”, concluyó la ASF en su informe de Auditoría.

 

EL DESTINO DEL DINERO

Los recursos tampoco se utilizaron como se debía. 153.6 millones se utilizaron para pagar capital de deuda a corto plazo.

Los 352.7 restantes se utilizaron “para pagar insuficiencias de liquidez temporal (gasto corriente) y a otros fines no señalados en los contratos de crédito”.

Allí, entre ese monto, se detectó un “Presunto desvío de los recursos”, que es el que destapó la Caja de Pandora.

La ASF detectó que el Tesorero general del estado y el Director General de Egresos emitieron 39 cheques nominativos a favor de dos funcionarios públicos, por 106.5 millones de pesos.

Como no encontraron comprobantes ni razones para esas operaciones, empezaron a investigar, a seguir la huella del dinero, y encontraron el desfalco, que iba mucho más allá de los 506 MDP en créditos de 2016, sino que involucraba cientos de millones de pesos de otros recursos.

Detectaron que uno solo de esos funcionarios, al que denominaron “servidor público 5”, recibió en total, en diversas entregas, 574.9 millones de pesos, en “gastos por comprobar”.

EL FRAUDE DE SEDARU

Ese fue el apenas el inicio. A la larga, investigando diversas dependencias, lo que se descubrió es que de ese modo se desviaron, tan sólo en 2016, 2,428.4 millones de pesos.

El mecanismo era así. Lo ponemos en números para que se entienda mejor, tomando como referencia una sola operación que muestra la ASF. El importe total es, como ya se dijo, mayor.

En un momento de 2016, el Gobierno le entregó al servidor público 5, 122 millones de pesos, los cuales eran supuestamente para gastos que él luego debía comprobar. El funcionario no firmaba comprobantes ni había una explicación del destino de ese recurso.

Luego, un denominado servidor público 4 recibía, por otra parte, dinero para apoyo a los agricultores. La cantidad de dinero que recibía este servidor público 4, era exactamente la que había recibido el servidor público 5. O sea, 122 millones.

El servidor público 4 falsificaba listas de raya de productores del campo, y allí justificaba la supuesta entrega de esos 122 millones, que en realidad se los quedaba él.

Así lo dice la ASF en su informe:

“Se verificó que el servidor público 4 comprobó los recursos entregados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo para apoyo a los agricultores mediante listas de raya firmadas por supuestos productores de agricultura.

De la revisión a las listas de raya, se presume que son apócrifas, por la información inconsistente identificada en algunos casos y las irregularidades siguientes:

a. Los datos de los agricultores no coinciden en la firma y en el número de identificación.

b. Las firmas y el número de identificación son iguales para dos agricultores distintos.

c. La forma de las firmas y el estilo de escritura que se utilizó para el llenado de los datos de identificación de los agricultores son similares.

Por lo anterior, existen elementos para suponer que las listas de raya fueron prefabricadas para presentarlas como comprobaciones de gasto de los recursos entregados a los agricultores”.

Sin embargo, ese dinero (los 122 millones) se lo daba al servidor público 5 para que éste devolviera el dinero que le habían dado para gastos. O sea, este último funcionario recibía dinero para gastos, pero no comprobaba gastos, sino que devolvía el dinero.

Así lo explica la Auditoria:

“Se destaca que en las comprobaciones, en ningún caso el servidor público 5 entregó documentación que acreditara el gasto de dichos recursos, en razón de que la disminución del saldo a su cargo de gastos a comprobar, la realizó con depósitos en ventanilla de cheques y dinero en efectivo por la totalidad de los recursos que le fueron entregados.

A manera de ejemplo, se destaca que al 10 de mayo de 2016, el servidor público 5 tuvo un saldo a su cargo de gastos a comprobar hasta por 495.6 mdp, importe que disminuyó en 306.0 mdp con depósitos realizados en ventanilla bancaria en cuatro días”.

Como se ve, salieron 122 millones de una dependencia, y 122 millones de otra. Uno de esos montos servía para justificar el otro, y entonces quedaban 122 millones pesos “lavados” en manos de los funcionarios.

En el cuadro que se presenta abajo, se muestra cómo el dinero que comprobaba el servidor público número 5, era exactamente el mismo monto que el servidor público 4 recibía para darle a los productores del campo:

TODA LA RED

La investigación reveló que en ocasiones, se utilizaron más servidores públicos para recibir y triangular recursos, con el objetivo de que el dinero diera más vueltas y fuera más difícil de rastrear.

Al fin, esa era la razón de todo el proceso. No se trataba simplemente de sacar el dinero, sino de crear una red compleja de operaciones financieras para tapar el rastro.

La revisión de las Cuentas Publicas anteriores del gobierno de Roberto Borge, demostró que el tamaño de esa operación era mayor al esperado. Dice la ASF:

“Con una similar estructura y administración a la descrita anteriormente, se observó que el mecanismo establecido por los servidores públicos 4 y 5 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se implementó desde 2011, en razón de que se identificaron en los auxiliares contables de los gastos a comprobar y la información que los servidores públicos entregaron a la Dependencia 1 para comprobar el gasto de los recursos, que en un lapso de cinco años el Gobierno del Estado de Quintana Roo entregó al servidor público 5 recursos por 2,242.7 mdp y al servidor público 4 recursos por 3,034.0 mdp, como se muestra a continuación:

Ese es el verdadero tamaño del desfalco cometido. Por números, se trata quizá del acto de corrupción más grande realizado durante el Gobierno anterior.

Las autoridades estatales y de la Federación ya investigan las denuncias sobre el tema, que seguramente llevarán a varios ex funcionarios tras las rejas.

Fuente: Laopinionqr

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