CANCÚN, 5 DE MARZO.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su informe anual sobre la “Situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2017”, en el que sostuvo que la violencia aumentó entre julio de 2016 y diciembre de 2017, cuando se registraron 88 casos.

De acuerdo con el documento, “preocupa particularmente el incremento en el número de homicidios, que en este lapso llegó a 29 personas asesinadas en los ataques registrados, en comparación con el periodo anterior, donde sólo se registró uno. Es importante precisar que un ataque puede comprender varias agresiones a una persona, organización o comunidad”.

Según el informe, “sigue sin existir una protección integral y preventiva efectiva por parte del Estado mexicano, al que se ha señalado como el principal actor generador de ataques contra los defensores. De 2010 a 2017 se han documentado 391 casos, y la entidad federativa que tiene los números más altos es el Estado de México”.

En tanto, de acuerdo al más reciente reporte de Front Line Defenders, publicado a inicios de enero pasado, 312 defensores de derechos humanos y ambientales fueron asesinados durante 2017 en 27 países, y México se ubicó como el tercer país más peligroso para los defensores de la Tierra.

Más de dos tercios de las víctimas defendían los derechos territoriales, medioambientales y autóctonos, casi siempre en el contexto de megaproyectos de industrias extractivas y grandes empresas, y 80 por ciento de asesinatos han tenido lugar en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.

Durante 2017 se registraron 15 asesinatos de defensores de la Tierra en el país, según el nuevo informe de Global Witness, que señala que a escala global 197 activistas fueron asesinados el año pasado. Actualmente, defender el derecho a un medio ambiente sano en este país puede costar ser víctima de una serie de agresiones, e incluso de perder la vida.

Falibilidad

El informe del Cemda señala que la entidad federativa que continúa con los números más altos de ataques a los activistas es el Edomex, con 10 casos, seguido de Oaxaca y Puebla (ochos casos), y Chiapas y Sonora con seis. Las agresiones afectaron a 240 personas, así como a 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas y/o indígenas.

Las actividades más relacionadas con ataques son despojo de tierras y minería, ambos con 17 casos, seguido de infraestructura (14), proyectos hidroeléctricos (ocho casos); de obras y/o políticas públicas en administración de agua (siete); proyectos inmobiliarios (cinco); energía renovable (cuatro); siembra de transgénicos (cuatro) y tala clandestina (tres casos).

El recurso natural más afectado fue la tierra con 46 casos, seguido del medio ambiente en 20 casos y el agua con 11. En los 88 casos se cometieron 110 agresiones. Las más recurrentes fueron las físicas, con 18 por ciento, seguida de la criminalización (16) y el homicidio (15), el Cemda acusa que el Estado mexicano, en sus tres niveles, es el principal agresor.

El 36 por ciento de los ataques a los defensores de los derechos humanos ambientales provino de las autoridades, y en 57 por ciento de los casos los autores fueron autoridades a nivel estatal, 26 fueron municipales y 17 por ciento fueron federales.

Durante ese periodo se vio más violencia en comparación a años anteriores, aumentando los casos de agresiones físicas, la criminalización y el homicidio. Sobre el último se identificaron 17 casos, en los que 29 personas fueron asesinadas.

Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, señaló que “resulta inverosímil que en pleno siglo XXI la sociedad civil esté en una situación de alto riesgo en su integridad física. Se esperaba una disminución de la violencia pero resulta lo contrario: es inaceptable e intolerable en un país que presume internacionalmente respetar los derechos humanos”.

El informe concluye que el riesgo para los defensores ambientales en México es constante y cada vez más preocupante porque el Estado mexicano no toma acciones contundentes ni de relevancia para generar una política de protección, pues las capacidades del mecanismo de la Secretaría de Gobernación es limitado y no resuelven el problema de fondo.

Por Carlos Águila Arreola

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