Esta Fiscalía General sostiene legalmente que el cumplimiento de la orden de aprehensión fue llevada a cabo dentro de la legalidad y del mismo y en atención al acuerdo emitido por el juez SEGUNDO DE DISTRITO DEL PRIMER CIRCUITO, de la Ciudad de México, y mediante el cual dispuso que en caso de no comparecer ante el juez de control competente, el quejoso Roosevelt N, la suspensión otorgada será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable (juez de control) difiriendo dicha autoridad federal de su propio criterio al momento de emitir el ordenamiento de libertad, toda vez que en posterior acuerdo refiere que dicha notificación realizada respecto a la comparecencia del quejoso ante el juez de control, le debió recaer un acuerdo admitiendo o no dicha notificación criterio que no comparte esta fiscalía y que combatirá legalmente a efecto de que dentro el término legal correspondiente solicite nuevamente la presencia del imputado a efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, es importante señalar que Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos fundamentales. La FGE a través de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción una vez notificado el cumplimiento de dicha sentencia interlocutoria estará en actitud legal de combatirla de apego a derecho y poder garantizar la reparación del daño ocasionado con la conducta que se le atribuye al imputado toda vez que el auto de vinculación a proceso que le fuera dictado por el juez de control en el Estado, queda firme y el proceso penal en contra del mismo continua hasta lograr una sentencia correspondiente.

La Fiscalía Anticorrupción combatirá legalmente la determinación emitida por un Juez de Distrito de la ciudad de México al considerar que, no existió ninguna violación a las garantías individuales de Roosevelt “N” durante su detención.

Sin embargo, es importante señalar que en la determinación antes señalada, el Juez de Distrito no desestimó la posibilidad de que se dicte una nueva medida cautelar, misma que será solicitada por la institución con la finalidad de garantizar la recuperación del patrimonio de los quintanarroenses.