Carlos Águila Arreola | 5to. Poder

CANCÚN, 7 DE ENERO DE 2018.- El gobierno de Quintana Roo mintió a los ejidatarios de Bacalar; el intento para decretar una área protegida prosigue pese a que el secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Alfredo Arellano Guillermo, manifestó públicamente a fines de 2017 que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) mantenía detenido el proceso.

De acuerdo con representantes de los 12 ejidos que serían afectados, y particulares ubicados en el polígono de 218 mil hectáreas de interés para la institución federal, “nunca se detuvo el proceso para constituir el área protegida que abraca los municipios de Bacalar y Othón Pompeyo Blanco (Chetumal)”.

Curiosamente, la superficie “a proteger” incluye el perímetro y la zona arqueológica de Ichkabal, ruinas que urge detonar a las autoridades quintanarroenses luego que en 2017 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les tiró el proyecto que juraban sería lanzado incluso en Nueva York.

El proceso prosigue conforme a la normatividad institucional, por lo que el “Estudio previo justificativo” elaborado por la asociación civil ambientalista “Amigos de Sian Ka’an” será sometido a consulta pública durante 2018, confirmó la Conanp.

Un documento emitido por la propia dependencia –en poder de 5to.Poder Periodismo ConSentido–, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ratifica que el estudio avanza y que el próximo paso es someterlo a consulta pública.

El posicionamiento emitido por la Conanp, en respuesta a una solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia, revierte las declaraciones del gobierno de Quintana Roo señalando que el proceso estaba detenido, lo que había generado expectativas positivas en los pobladores de los 12 ejidos y propietarios de terrenos particulares.

Intentona

Confirmada la posición de la Conanp se viene abajo el movimiento para evitarlo, iniciado por los ejidatarios de los ejidos La Península, Bacalar, Calderitas, Buena Vista, Aarón Merino Fernández, Pedro Antonio Santos, Juan Sarabia, Santa Elena, Laguna Guerrero, Úrsulo Galván y Tollocan, quienes denunciaron el 24 de septiembre pasado la intentona.

La pretendida área protegida abarca 280 mil hectáreas que incluyen las tierras con más proyección económica de los 12 ejidos, incluyendo incluso el perímetro y la zona arqueológica de Ichkabal, cuya apertura fue postergada en 2017 pese a las repetidas e insistentes declaraciones de la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur).

En su momento, los afectados denunciaron que personal de la Conanp y “Amigos de Sian Ka’an” citaron en 2017 a reuniones que terminaron siendo talleres mediante los que pretendieron avalar la intención oficial.

Descubierta la maniobra, los ejidatarios se movilizaron, solicitaron y recibieron el apoyo de los ocho diputados federales de Quintana Roo, de los presidentes de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur, las cámaras empresariales, la Unión de Bares y Restaurantes y de prácticamente toda la iniciativa privada.

También del Consejo Ciudadano para la Defensa de Sian Ka’an, los posesionarios de tierras nacionales de Xcalak, y lograron, incluso, que el cabildo del ayuntamiento de Bacalar se pronunciara contra la pretensión de la Conanp; incluso, los legisladores expresaron en su momento que “se convertiría en una camisa de fuerza” para el desarrollo económico del sur”.

No obstante, días después que los ejidatarios iniciaron su protesta, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en el Congreso estatal un punto de acuerdo para que la Conanp decretara el área protegida con el pretexto de proteger al caracol chivita.

En la última reunión con el titular de la SEMA, los ejidatarios lograron que el funcionario se comprometería a “no insistir en un área protegida” dentro de la tierra de ambos municipios, y reiteró que “lo que sabemos es que la Conanp tiene detenido el proceso”.

Sin embargo, el documento entregado por la Conanp a la solicitud de información y firmado por Israel Venegas Belio, enlace de Transparencia, con copia par el biólogo Francisco Ricardo Gómez Lozano, director para la península de Yucatán y el Caribe mexicano de la Conanp, dice lo contrario.

Puntualiza que “…una vez que se cuente con los estudios (previo justificativo y de tenencia de la tierra para la Declaratoria de Bacalar, de los Amigos de Sian Ka’an), la Dirección Regional procederá a su revisión.

“Y, en su caso, dará la aprobación para que, con posterioridad, se someta a la opinión pública en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, etapa en que estaría el proyecto.