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Internacional

Escándalo de corrupción judicial de Perú hace caer a ministro de Justicia

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PERÚ, 13 DE JULIO.- El escándalo de corrupción judicial en Perú se recrudeció hoy con nuevas revelaciones que le costaron el cargo al ministro de Justicia, el mismo día que el presidente Martín Vizcarra instauró una comisión para reformar integralmente el sistema judicial, al que tildó de estar en descomposición.

El ministro Salvador Heresi, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue la primera víctima política de este caso, que ha revelado un presunto tráfico de influencias y prevaricación instalados en las más altas instancias de la judicatura del país.

El detonante que obligó a dimitir a Heresi fue una nueva entrega de la serie de grabaciones telefónicas que paulatinamente van publicando IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama, capítulos que desvelan cada vez una madeja más compleja de contactos y prácticas corruptas.

En ese último episodio, a Heresi se le escucha pactar en abril una reunión con el juez supremo César Hinostroza, ya famoso a nivel nacional en este escándalo por ofrecer en otra conversación por teléfono la absolución para un violador de una niña de 11 años.

En ese diálogo, Heresi e Hinostroza lamentan no haber podido concretar dos encuentros que habían coordinado previamente y tratan de fijar una nueva fecha para que el magistrado asesore al ahora exministro sobre una propuesta legislativa que se trabaja en el Congreso.

El motivo por el que busca el consejo de Hinostroza es por una sentencia singular dictada por este, aunque en el diálogo no se especifica cuál.

Hinostroza, que hasta este jueves ejercía de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, es autor de polémicas sentencias, como una que cambió la concepción de lavado activos.

Ese fallo sentó jurisprudencia y permitió a otra jueza archivar una investigación contra el empresario Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido fujimoristaFuerza Popular, por un presunto blanqueo de dinero para las campañas electorales de la candidata presidencial de esa formación, Keiko Fujimori.

Aunque Heresi no tenía intención de renunciar en un primer momento, pues alegaba que en la conversación no había nada ilícito, terminó renunciando a petición del presidente Vizcarra en aras de facilitar la continuidad de la reforma integral del sistema de justicia, que el gobernante pretende hacer en tiempo récord.

Horas antes de la dimisión del ministro, el presidente había conformado la comisión de expertos encargada de elaborar el proyecto de reforma de la Justicia peruana, cuyos miembros se conocieron a primera hora de la mañana.

El grupo está presidido por el diplomático y exministro Allan Wagner, acompañado de la exmagistrada del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, el juez y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones Hugo Sivina, los abogados constitucionalistas Samuel Abad y Ana Teresa Revilla y los exdefensores del pueblo Eduardo Vega y Walter Albán.

Durante su presentación, Vizcarra aseguró que este escándalo en la judicatura “revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia” en Perú y advirtió que “nadie puede cruzarse de brazos ante esta situación”.

El mandatario espera que la comisión le entregue en un plazo máximo de doce días un informe con las primeras recomendaciones que presentará al Congreso durante su discurso del 28 de julio, día nacional de Perú en el que celebra el aniversario de independencia.

Paralelamente, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú anunció hoy la suspensión de cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, quien horas antes había presentado su renuncia.

Contra Ríos, al que se le escucha en las conversaciones telefónicas pedir un soborno de al menos 10 mil dólares por promocionar a un juez, la procuraduría anticorrupción solicitó su detención preliminar.

Los otros cuatro jueces suspendidos son Mónica Hoyos, Raúl Salcedo, Walter Linares y Miguel Ángel Miranda.

La OCMA aclaró que no está facultada para tomar medidas contra el juez supremo Hinostroza, al que solo puede suspender o destituir el Congreso o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde hay tres miembros implicados en el escándalo.

En ese sentido, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy un informe para destituir a Hinostroza y a dos miembros del CNM.

Fuente Informador MX

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Internacional

REACCIONES INTERNACIONALES ANTE EL JUICIO A MADURO SACUDEN EL TABLERO GEOPOLÍTICO

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La apertura del juicio internacional contra Nicolás Maduro ha desencadenado una ola de reacciones diplomáticas, políticas y mediáticas en distintas regiones del mundo, evidenciando el profundo impacto que este proceso tiene sobre el equilibrio geopolítico y las relaciones multilaterales. Mientras organismos internacionales destacan la relevancia histórica del caso, gobiernos aliados y críticos del mandatario venezolano han emitido posturas que reflejan tensiones acumuladas durante más de una década.

En Europa, varias cancillerías han subrayado la importancia de que el proceso judicial avance con independencia, transparencia y apego al derecho internacional. Diversos gobiernos europeos consideran que el juicio podría marcar un precedente significativo en materia de responsabilidad estatal y derechos humanos. Analistas del continente señalan que la Unión Europea observa el caso con especial atención, dado su papel en los últimos años como mediador en las negociaciones políticas venezolanas.

En América Latina, las reacciones han sido particularmente intensas. Países que han mantenido una postura crítica hacia el gobierno venezolano han respaldado la apertura del juicio, argumentando que representa una oportunidad para esclarecer denuncias históricas y fortalecer la institucionalidad regional. Por otro lado, naciones que han sido aliadas políticas de Caracas han manifestado preocupación por lo que consideran una posible “instrumentalización judicial” con implicaciones geopolíticas. Esta división vuelve a poner en evidencia la fragmentación ideológica del continente.

Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que seguirá de cerca el proceso y ha insistido en la necesidad de que se garantice justicia para las víctimas. Voceros estadounidenses han señalado que el juicio podría influir en futuras decisiones diplomáticas y económicas relacionadas con Venezuela.

En organismos multilaterales, la discusión también ha escalado. Expertos en derecho internacional han destacado que el caso podría redefinir los límites de la jurisdicción internacional en situaciones donde se alegan violaciones sistemáticas. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han celebrado el avance del proceso, considerándolo un paso clave para la rendición de cuentas.

Mientras tanto, en Venezuela, el juicio ha generado reacciones encontradas. Sectores opositores lo ven como un avance hacia la justicia internacional, mientras que el oficialismo lo denuncia como un ataque político. La población, en medio de la incertidumbre, observa con atención un proceso que podría tener repercusiones directas en el futuro político y económico del país.

El juicio a Maduro no solo se desarrolla en tribunales, sino también en el escenario global, donde cada declaración, postura y análisis refleja la complejidad de un caso que trasciende fronteras y redefine alianzas.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Internacional

NICOLÁS MADURO SE DECLARA INOCENTE ANTE NUEVAS ACUSACIONES INTERNACIONALES

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En un mensaje que ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y diplomáticos, el presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente frente a las recientes acusaciones internacionales que lo señalan por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción dentro de su administración. La declaración, emitida durante una transmisión oficial desde Caracas, fue presentada como una respuesta directa a los señalamientos de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros que han intensificado su presión en las últimas semanas.

Maduro afirmó que las acusaciones forman parte de lo que describió como “una campaña sistemática de desestabilización” en su contra, impulsada —según él— por intereses externos que buscan interferir en la soberanía venezolana. “No he cometido ningún delito. Soy inocente y víctima de una persecución política internacional”, expresó con firmeza, asegurando que su gobierno ha actuado “en estricto apego a la ley y a la defensa del pueblo”.

La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática. Diversos informes internacionales han documentado denuncias de represión, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Aunque el gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente estos reportes, la presión internacional ha aumentado, especialmente tras nuevas investigaciones que apuntan a altos funcionarios del Estado.

Analistas políticos señalan que la postura de Maduro busca reforzar su legitimidad interna y proyectar una imagen de estabilidad frente a la comunidad internacional. Sin embargo, opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones, insistiendo en que las denuncias están respaldadas por testimonios, documentos y observaciones independientes.

Mientras tanto, gobiernos de la región observan con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Algunos han pedido una investigación imparcial, mientras otros han reiterado su apoyo al gobierno venezolano, subrayando la importancia de evitar intervenciones externas que puedan agravar la crisis política y social del país.

La declaración de inocencia de Maduro abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre Venezuela y la comunidad internacional. En los próximos días se espera que organismos multilaterales emitan nuevas posturas, mientras la oposición venezolana prepara pronunciamientos adicionales. El escenario político continúa en tensión, y la atención global permanece fija en Caracas.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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