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Cancún

Revela CEMDA aumento de violencia contra defensores ambientales

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CANCÚN, 5 DE MARZO.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su informe anual sobre la “Situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2017”, en el que sostuvo que la violencia aumentó entre julio de 2016 y diciembre de 2017, cuando se registraron 88 casos.

De acuerdo con el documento, “preocupa particularmente el incremento en el número de homicidios, que en este lapso llegó a 29 personas asesinadas en los ataques registrados, en comparación con el periodo anterior, donde sólo se registró uno. Es importante precisar que un ataque puede comprender varias agresiones a una persona, organización o comunidad”.

Según el informe, “sigue sin existir una protección integral y preventiva efectiva por parte del Estado mexicano, al que se ha señalado como el principal actor generador de ataques contra los defensores. De 2010 a 2017 se han documentado 391 casos, y la entidad federativa que tiene los números más altos es el Estado de México”.

En tanto, de acuerdo al más reciente reporte de Front Line Defenders, publicado a inicios de enero pasado, 312 defensores de derechos humanos y ambientales fueron asesinados durante 2017 en 27 países, y México se ubicó como el tercer país más peligroso para los defensores de la Tierra.

Más de dos tercios de las víctimas defendían los derechos territoriales, medioambientales y autóctonos, casi siempre en el contexto de megaproyectos de industrias extractivas y grandes empresas, y 80 por ciento de asesinatos han tenido lugar en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.

Durante 2017 se registraron 15 asesinatos de defensores de la Tierra en el país, según el nuevo informe de Global Witness, que señala que a escala global 197 activistas fueron asesinados el año pasado. Actualmente, defender el derecho a un medio ambiente sano en este país puede costar ser víctima de una serie de agresiones, e incluso de perder la vida.

 

Falibilidad

El informe del Cemda señala que la entidad federativa que continúa con los números más altos de ataques a los activistas es el Edomex, con 10 casos, seguido de Oaxaca y Puebla (ochos casos), y Chiapas y Sonora con seis. Las agresiones afectaron a 240 personas, así como a 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas y/o indígenas.

Las actividades más relacionadas con ataques son despojo de tierras y minería, ambos con 17 casos, seguido de infraestructura (14), proyectos hidroeléctricos (ocho casos); de obras y/o políticas públicas en administración de agua (siete); proyectos inmobiliarios (cinco); energía renovable (cuatro); siembra de transgénicos (cuatro) y tala clandestina (tres casos).

El recurso natural más afectado fue la tierra con 46 casos, seguido del medio ambiente en 20 casos y el agua con 11. En los 88 casos se cometieron 110 agresiones. Las más recurrentes fueron las físicas, con 18 por ciento, seguida de la criminalización (16) y el homicidio (15), el Cemda acusa que el Estado mexicano, en sus tres niveles, es el principal agresor.

El 36 por ciento de los ataques a los defensores de los derechos humanos ambientales provino de las autoridades, y en 57 por ciento de los casos los autores fueron autoridades a nivel estatal, 26 fueron municipales y 17 por ciento fueron federales.

Durante ese periodo se vio más violencia en comparación a años anteriores, aumentando los casos de agresiones físicas, la criminalización y el homicidio. Sobre el último se identificaron 17 casos, en los que 29 personas fueron asesinadas.

Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, señaló que “resulta inverosímil que en pleno siglo XXI la sociedad civil esté en una situación de alto riesgo en su integridad física. Se esperaba una disminución de la violencia pero resulta lo contrario: es inaceptable e intolerable en un país que presume internacionalmente respetar los derechos humanos”.

El informe concluye que el riesgo para los defensores ambientales en México es constante y cada vez más preocupante porque el Estado mexicano no toma acciones contundentes ni de relevancia para generar una política de protección, pues las capacidades del mecanismo de la Secretaría de Gobernación es limitado y no resuelven el problema de fondo.

Por Carlos Águila Arreola

 

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Cancún

Mara Lezama se une a Claudia Sheinbaum para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030

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CDMX- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó, junto con gobernadores del país, en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, evento histórico convocado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum reunió a gobernadores de todos los partidos, empresarios, instituciones académicas y distritos de riego para un acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad.

Como parte de este acuerdo, Eduardo Tricio, empresario de la firma Lala regresó concesiones de la zona de Cuatro Ciénagas, una demanda histórica de ambientalistas y ejidatarios y se comprometió con la tecnificación de riego.

En el Parque Ecológico de Xochimilco, la titular del Ejecutivo de Quintana Roo ocupó un lugar relevante en el presídium, junto con secretarias y secretarios del gobierno federal, diputados y senadores, empresarios, usuarios del agua, unidades y distritos de riego, quienes firmaron el acuerdo.

En su intervención la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Acuerdo Nacional contempla acciones y compromisos para garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente. El Plan Nacional Hídrico contempla 4 ejes rectores: política hídrica y soberanía nacional, Justicia y acceso al agua, Mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático y Gestión integral y transparente.

Agradeció a todas y todos quienes firmaron este Acuerdo Nacional que aportará beneficios al país al poner orden en las concesiones sobre el uso del agua, mejorar el riego y hacer más eficiente la producción, cumplir las normas y hacer mayor uso del agua reciclada, tener un Plan Maestro por cada estado del país para el uso del agua, atender las zonas de México que atraviesan una crisis, como la zona norte y parte del Centro, y el saneamiento de tres ríos.

Quintana Roo aporta para los compromisos nacionales, en concordancia con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, acciones tales como dotar a las personas agua de calidad y continuidad adecuada para satisfacer las actividades cotidianas; mejorar aún más los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento con el apoyo del gobierno federal; seguir la incorporación de más usuarios a la red de drenaje existente para canalizarlos a las plantas de tratamiento y evitar la contaminación del acuífero.

Asimismo, avanzar en la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en Holbox y otra en Cozumel, que se sumarán a la de Tulum para reducir la extracción de agua del acuífero y en las zonas rurales usar paneles solares para garantizar el suministro, y fortalecer las campañas de concientización para el ahorro, uso y cuidado del agua a través de los 9 espacios del agua que funcionan en los municipios.

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IMOVEQROO realiza curso de Introducción a los Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial

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Cancún.-El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, IMOVEQROO realizó el Curso de Introducción a los Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial que reunió a más de 50 especialistas en la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) campus Cancún.

Este curso capacitó a especialistas, académicos y autoridades en estudios de impacto de movilidad, con el objetivo de promover una movilidad más segura, equitativa y eficiente en Quintana Roo, como lo marca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El director general del IMOVEQROO, Rodrigo Alcazar Urrutia, destacó la importancia de las auditorías de movilidad y seguridad vial para crear entornos más seguros y accesibles en todo el estado.

Estas auditorías de movilidad y seguridad vial son instrumentos que permiten conocer las características actuales de la infraestructura para la movilidad, señalización, sistemas de control de tránsito, entre otros.

“Dichas acciones permitirán al Instituto proponer soluciones que prioricen a peatones y ciclistas, así como al transporte público, sin descuidar al transporte privado y particular”, mencionó Rodrigo Alcazar.

El evento estuvo dirigido a todas las personas servidoras públicas con alguna implicación en la movilidad como Desarrollo Urbano y la Dirección de Tránsito en los 11 municipios, además de los órganos colegiados como urbanistas, arquitectos e ingenieros civiles.

El curso, impartido por Aldo Alaníz, director de Estudios y Proyectos, y Socorro Román, jefa de departamento de Impacto y Movilidad Sustentable del IMOVEQROO, brindó la oportunidad a los más de 50 asistentes de conocer los procesos para evaluar el impacto de movilidad y realizar auditorías de seguridad vial.

Además, el curso no sólo impartió conocimientos teóricos, sino también, fomentó el intercambio de experiencias entre participantes, quienes pudieron complementar sus casos prácticos con la normativa vigente.

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