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LAS LOCURAS DEL SENADOR.

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“Columna Invitada”

Por el Dip. Y Lic. Hugo Alday Nieto

 La reforma constitucional y legal promovida por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 que comprende la elección para la nueva conformación del Poder Judicial Federal; incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 con un acortamiento del periodo de encargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de beneficios económicos que los más importantes juristas de México hasta ahora habían logrado para los representantes de la justicia federal.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la elección popular de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, buscando con ello crear una aparente legitimidad democrática en las decisiones de los ciudadanos electos, como si de una elección dependiera la capacidad de implementar una correcta hermenéutica jurídica al momento de impartir justicia.

Dicha reforma considera de igual manera la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo como objetivo mejorar la eficiencia de sus sentencias con un esquema de transparencia hacía el exterior del sistema judicial federal, lo que sin duda parece una falacia de inconsistencia, ya que como lo hemos presenciado, mientras se desaparecen organismos encargados de la transparencia y participación ciudadana, se sustenta una reforma constitucional en la falta de transparencia.

Sin embargo, era tal la necesidad de control de la elección de personas juzgadoras que de forma insólita se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que el numeral 3 del artículo 500 establece ahora que, los Comités de Evaluación coordinados por el Senado de la República serían los encargados de instrumentar el registro de las candidaturas, siendo que el único ente en México especializado en tal materia es el Instituto Nacional Electoral. Razón por la cual subsistieron una gran cantidad de inconsistencias que ahora el Senado busca resolver sin haberlas previsto en la reforma, por mera necedad y desconocimiento en la materia.

Para el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, en su obra “Los argumentos jurídicos y las falacias” editado por la UNAM en 2015, nos deja claro que la defensa heroica de esta reforma se ajusta a la falacia Ad verecundiam, que ocurre cuando se hace una apelación a personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia de discusión, como en este caso los famosos comités. Por eso, es importante determinar qué autoridad es razonable para dirimir un determinado asunto y cual se debe rechazar, y no llegar a estos bochornosos desatinos.

De la misma forma, en el numeral 6 del mismo artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador federal tuvo a bien establecer que: “Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo en cuestión y su competencia en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Pero paradójicamente, sucedió lo que tantas veces se advirtió desde las barras, los colegios de abogados y las universidades. Varios registros de candidatos avalados por los super comités de evaluación que a su vez eran vigilados por el super Senado, resultaron con sendos vínculos con la mafia del poder, cárteles y el crimen organizado.

Ante esto, ni tardo ni perezoso, el sociólogo de la UAM y líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amenazó ante todos los medios nacionales que impugnaría todas esas candidaturas por falta del requisito de idoneidad.  Lamentablemente el derecho procesal no se le da mucho al senador de morena quien olvidó preguntarle a sus asesores si tales registros eran impugnables o no, ya que ni la Constitución General de la República, ni la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen este supuesto, por lo que, de hacerlo, los aspirantes pueden anular tales decisiones y el senador podría acarrearse alguna responsabilidad administrativa por pasar encima del principio de legalidad que constriñe a las autoridades a hacer solamente aquello que legalmente esta normado y permitido para hacer, lo que no se materializa en este tema, a menos que pretendiese invocar principios constitucionales derivados, pero dudo que entienda la teoría estándar de Robert  Alexy.

Así las cosas, podemos afirmar que el presidente del Senado recurre a la falacia de suprimir la prueba que, en las teorías de la argumentación jurídica, se entiende como aquella en la que se presenta sólo una parte del conjunto de datos que apoyan la afirmación, ocultando partes que la contradicen o que le benefician al que la promueve. Nuevamente de acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, “Es una de las falacias más estudiadas en la filosofía y la lógica analítica (…). Consiste en pasar de lo fáctico a lo axiológico. Esto es, no se puede legítimamente pasar del ser al deber ser, y nunca un conjunto de premisas descriptivas, puede implicar una conclusión, prescriptiva o normativa”. Es decir, esgrimen la bandera de la justicia como premisa para eliminar candidaturas, pero oculta que, por un error propio, omitió agregar ese supuesto en la reforma.

Así pues, mientras los estudiosos del derecho se mofan ante el grado de desconocimiento de la norma y los consejeros del INE se truenan los dedos para ver de que manera van a fabricar un Acuerdo General que vuelva a enderezar el camino del Senado, la elección en palabras de Joaquín Sabina, sigue, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

(Licenciado en Derecho con Mención Honorífica. Maestro en Derecho Empresarial. Maestro en derecho de la propiedad industrial, intelectual y derecho de la competencia. Doctorante en Derecho).

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EL ARTE DE COMUNICAR CORRECTAMENTE  

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Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias

En esta era exponencial de medios de comunicación digitales, así como la decisión de la fuente política de anunciar sus propios proyectos y programas sin utilizar intermediarios, me hace pensar sobre la responsabilidad de comunicar correctamente los hechos que son de interés social, los de las figuras públicas y que, por ende, los que viven del presupuesto, presupuesto que es pagado con el dinero de los contribuyentes.
Quiero que el amable lector piense en dos hechos que sucedieron la semana pasada, el primero tiene que ver con la licencia que pidió el senador de Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez, por un solo día, el 28 de junio pasado, pero no fue comunicado a la población quintanarroense por su equipo de Comunicación Social, solo nos enteramos por un escueto comunicado del Senado donde el suplente, Francisco Carrillo Flores, el presidente del Senado le tomaba protesta.
El segundo caso, tiene que ver con la combi rotulada que tiene el diputado local Eric Arcila Arjona, con la que hace promoción de su imagen, además argumenta que la trae desde hace seis meses, porque se dedica a la gestoría, olvidando totalmente que su función es legislar, hacer leyes, reglamentos y decretos para el buen funcionamiento de los tres poderes del Estado.
Ambos hechos no eran relevantes, pues fueron guardados por sus respectivos equipos de comunicación social, o más grave, consideraron que no era importante informar a la ciudadanía sobre estos hechos, a pesar de que el cargo de Senador y de Diputado Local, fue otorgado por medio del voto de los electores y el sueldo que devengan, así como todas sus actividades inherentes al cargo, son pagadas con el dinero público, ese que se obtiene por el pago de impuestos de todos los quintanarroenses.
Les pongo un ejemplo de la responsabilidad de comunicar cuando eres una figura pública: Si un doctor se calla algo del diagnóstico de un paciente y luego al morir se descubre este hecho sin lugar a dudas que se le acusaría de mala praxis. Algo así ocurre cuando un comunicador decide “hacer invisible” un hecho que atañe y afecta al país, estado o municipio. Eso le hace daño a uno sociedad porque entonces empiezan las especulaciones y en lugar de ayudarse con una imagen pública correcta, provoca una desconfianza que luego es difícil de recuperar.
La obligación de brindar información legítima es una responsabilidad de cualquier persona dedicada a la vida pública, estando sujetos a una obligatoriedad moral de procurar y respetar la información que brindan, evitando la influencia de ideologías, creencias o interés particulares que pudieran acentuar o atenuar lo que comparten.
El derecho a la información no es propiedad ni del comunicador, ni de la empresa de medios, sino de los ciudadanos, por ello, la objetividad de la información que se brinda resulta ser una de las mayores responsabilidades que tienen los que dedican su actividad a la vida pública. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, este mes en Playa del Carmen, el 16 para ser específico, el gobierno Municipal celebra la Feria del Carmen, por eso su presidenta Estefanía Mercado dio un adelanto: el reconocido artista ‘El Malilla’ se presentará el próximo 11 de julio a las 21:00 horas en la emblemática Plaza 28 de Julio.
Este anuncio es respuesta directa a lo que la juventud de Playa del Carmen expresó en redes sociales y en la calle, pidiendo un espectáculo que conecte con su energía y sus gustos.
La Feria del Carmen 2025 será un espacio para la convivencia familiar, la cultura y la diversión, en un ambiente seguro y con actividades para todas y todos. El Gobierno Municipal refrenda así su compromiso de escuchar y responder a la voz de la ciudadanía. Al tiempo…

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SALINAS PLIEGO, ANTI IMPUESTOS COMO SU PADRE

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• No pagar impuestos le viene en la sangre. Del ADN de su padre, Hugo Salinas Price, quien hizo quebrar en 1950 su empresa Radiotécnica, S. A., para evitar pagar adeudos fiscales y creó Elektra que le heredó a su hijo Ricardo.

El caso de Ricardo Salinas Pliego es interesante y está llegando a un punto de definición. Su adeudo al SAT ya suma 74 mil millones de pesos, equivalente a unos 3,700 millones de dólares, de una fortuna que asciende a unos 5,000 millones de dólares de acuerdo a las más recientes estimaciones, aunque llegó a acumular unos 11,000 millones de dólares.

Tanto empresarios como ciudadanía de a pie tenemos una tendencia a quejarnos de pagar impuestos, sobre todo porque terminan en las cuentas de políticos y empresarios corruptos que se coluden para saquear las arcas públicas. Enfermedad que padecen políticos de todos los colores partidistas.

A la ciudadanía de a pie, empresarios pequeños y medianos, somos contribuyentes cautivos y pagamos porque pagamos. No así los grandes empresarios, como Salinas, que tienen en sus empresas verdaderos despachos de abogados fiscales para desplegar estrategias de no pago y/o alargamientos eternos para terminar no pagando, mediante sobornos a funcionarios fiscales, jueces, magistrados y ministros.

Nada nuevo, pero con Salinas Pliego se llegó a un punto definitorio: a) lo obligarán a pagar, b) logrará seguir evadiendo al SAT, c) llegará a un acuerdo para pagar con descuento y cómodas mensualidades, en pagos chiquitos como los de Elektra.

No pagar impuestos le viene en la sangre y desde el mismo nacimiento de Elektra. Su padre, Hugo Salinas Price hizo quebrar en 1950 a su empresa Radiotécnica, S. A., para evitar pagar adeudos fiscales y creó Elektra que le heredó a su hijo Ricardo con todo y las mañas.

LA POLÍTICA COMO EMPRESA
Ricardo Salinas está en un punto de no retorno. Ya está en fuga hacia adelante. Hacia la política como empresa o la politización empresarial.

Le apuesta a su cercanía, real o ficticia, con Donald Trump a quien le ha financiado algunas comidas para recaudar fondos. Qué tan cercano es al presidente de Estados Unidos, no se sabe exactamente, pero lo que sí se puede constatar, es que utiliza el mismo tono de lenguaje extremo. Salinas ya está en el proyecto de convertirse en candidato a la Presidencia México y podría ser presidente en 2030 o en 2036.

MODELO ULTRA DERECHA
El modelo a seguir es el de Javier Milei en Argentina, el de Georgia Meloni de Italia, de Volodimir Zelenski de Ucrania y del propio Trump en Estados Unidos, bajo la sombrilla de un repunte de la ultra derecha en diversos países de América y de Europa. A ver si le alcanza en México, porque Milei hizo campaña en una sociedad harta de la corrupción del kirtcherismo-peronismo.

En México no hay ese hartazgo, al contrario, hay una presidenta con una aceptación tipo 80%, un Poder Legislativo con mayoría calificada y un nuevo Poder Judicial que ya no alargará más los 17 procesos fiscales que tiene pendientes.

Podría recibir el apoyo abierto de Trump y generar una campaña explosiva de guerra mediática y fake news, pero habría que ver su traducción en votos. Y saber si ese apoyo de Trump a Salinas lo catapulta o se revierte en su contra, sobre todo con las agresiones trumpistas a mexicanos migrantes, su prepotencia al romper reglas del TLCAN e imponer aranceles e impuestos a diestra y siniestra.

Salinas está en el terreno, incluso, de alguna intervención de sus empresas para garantizar el pago de sus adeudos fiscales o que llegue a un acuerdo con el SAT para alguna posible quita de intereses o recargos, lo cual sería un mal arreglo para ambas partes, pero evitaría un “buen” pleito. Usted tiene la última palabra.
ooOoo

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