EN LA OPINIÓN DE:
LAS LOCURAS DEL SENADOR.
“Columna Invitada”
Por el Dip. Y Lic. Hugo Alday Nieto
La reforma constitucional y legal promovida por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 que comprende la elección para la nueva conformación del Poder Judicial Federal; incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 con un acortamiento del periodo de encargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de beneficios económicos que los más importantes juristas de México hasta ahora habían logrado para los representantes de la justicia federal.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la elección popular de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, buscando con ello crear una aparente legitimidad democrática en las decisiones de los ciudadanos electos, como si de una elección dependiera la capacidad de implementar una correcta hermenéutica jurídica al momento de impartir justicia.
Dicha reforma considera de igual manera la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo como objetivo mejorar la eficiencia de sus sentencias con un esquema de transparencia hacía el exterior del sistema judicial federal, lo que sin duda parece una falacia de inconsistencia, ya que como lo hemos presenciado, mientras se desaparecen organismos encargados de la transparencia y participación ciudadana, se sustenta una reforma constitucional en la falta de transparencia.
Sin embargo, era tal la necesidad de control de la elección de personas juzgadoras que de forma insólita se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que el numeral 3 del artículo 500 establece ahora que, los Comités de Evaluación coordinados por el Senado de la República serían los encargados de instrumentar el registro de las candidaturas, siendo que el único ente en México especializado en tal materia es el Instituto Nacional Electoral. Razón por la cual subsistieron una gran cantidad de inconsistencias que ahora el Senado busca resolver sin haberlas previsto en la reforma, por mera necedad y desconocimiento en la materia.
Para el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, en su obra “Los argumentos jurídicos y las falacias” editado por la UNAM en 2015, nos deja claro que la defensa heroica de esta reforma se ajusta a la falacia Ad verecundiam, que ocurre cuando se hace una apelación a personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia de discusión, como en este caso los famosos comités. Por eso, es importante determinar qué autoridad es razonable para dirimir un determinado asunto y cual se debe rechazar, y no llegar a estos bochornosos desatinos.
De la misma forma, en el numeral 6 del mismo artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador federal tuvo a bien establecer que: “Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los Comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califique más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo en cuestión y su competencia en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Pero paradójicamente, sucedió lo que tantas veces se advirtió desde las barras, los colegios de abogados y las universidades. Varios registros de candidatos avalados por los super comités de evaluación que a su vez eran vigilados por el super Senado, resultaron con sendos vínculos con la mafia del poder, cárteles y el crimen organizado.
Ante esto, ni tardo ni perezoso, el sociólogo de la UAM y líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amenazó ante todos los medios nacionales que impugnaría todas esas candidaturas por falta del requisito de idoneidad. Lamentablemente el derecho procesal no se le da mucho al senador de morena quien olvidó preguntarle a sus asesores si tales registros eran impugnables o no, ya que ni la Constitución General de la República, ni la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen este supuesto, por lo que, de hacerlo, los aspirantes pueden anular tales decisiones y el senador podría acarrearse alguna responsabilidad administrativa por pasar encima del principio de legalidad que constriñe a las autoridades a hacer solamente aquello que legalmente esta normado y permitido para hacer, lo que no se materializa en este tema, a menos que pretendiese invocar principios constitucionales derivados, pero dudo que entienda la teoría estándar de Robert Alexy.
Así las cosas, podemos afirmar que el presidente del Senado recurre a la falacia de suprimir la prueba que, en las teorías de la argumentación jurídica, se entiende como aquella en la que se presenta sólo una parte del conjunto de datos que apoyan la afirmación, ocultando partes que la contradicen o que le benefician al que la promueve. Nuevamente de acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, “Es una de las falacias más estudiadas en la filosofía y la lógica analítica (…). Consiste en pasar de lo fáctico a lo axiológico. Esto es, no se puede legítimamente pasar del ser al deber ser, y nunca un conjunto de premisas descriptivas, puede implicar una conclusión, prescriptiva o normativa”. Es decir, esgrimen la bandera de la justicia como premisa para eliminar candidaturas, pero oculta que, por un error propio, omitió agregar ese supuesto en la reforma.
Así pues, mientras los estudiosos del derecho se mofan ante el grado de desconocimiento de la norma y los consejeros del INE se truenan los dedos para ver de que manera van a fabricar un Acuerdo General que vuelva a enderezar el camino del Senado, la elección en palabras de Joaquín Sabina, sigue, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
(Licenciado en Derecho con Mención Honorífica. Maestro en Derecho Empresarial. Maestro en derecho de la propiedad industrial, intelectual y derecho de la competencia. Doctorante en Derecho).
EN LA OPINIÓN DE:
ALIADOS PARÁSITOS INDIGESTAN LA REFORMA ELECTORAL
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• Impresentables verdes, PT y del propio Morena buscan definir el rumbo de la 4T al margen del proyecto y a favor de intereses de grupo.
El morenismo en la disyuntiva. En riesgo de ser rebasado por la basura que ha acumulado y ocupan cargos directivos y de elección, su verdadera oposición es interna. En la mañanera de este miércoles 28 de enero, una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender su proyecto de reforma electoral ante la oposición convenenciera de los aliados parásitos verdes y petistas.
El mismo día 28 en la tarde-noche, los tres partidos firmaron un documento intentado mostrar unidad, ante el evidente chantaje divisionista de los aliados parásitos, pero tan ambiguo el texto, que dejó las cosas igual o peor, ya que no se percibió un posicionamiento firme, sino un morenismo acorralado y a la defensiva.
Hace seis años esta misma reforma fue detenida por la oposición, cuando en el Congreso decidieron vetar todas las iniciativas y no aprobar ninguna reforma del obradorismo, lo cual dio origen al famoso plan B, que consistía en ganar la mayoría constitucional en las elecciones de 2024, cosa que logró. Pero ahora, ese veto no proviene de la oposición tan disminuida, casi desaparecida, sino del interior de la misma 4T, por parte de oscuros personajes que se subieron a la 4T cuando el mismo AMLO abrió las puertas a todo tipo de basurea política.
Claudia Sheinmbaum reiteró este día 28: “Vamos a plantear la iniciativa con los ejes necesarios y los que recogió la Comisión para la Reforma en los foros y encuestas para mejorar nuestro sistema electoral; no porque una persona u otra no esté de acuerdo no la vamos a presentar; las cámaras de diputados y senadores la discutirán, pero la mayoría va a estar de acuerdo”.
¿TRATO ADECUADO AL VERDE?
“Nosotros no hemos dicho que no, pero tampoco hemos dicho que sí” porque minimizan a los verdes. Las estructuras de Morena no le han dado un trato adecuado al Partido Verde”, así se expresó el gobernador verde (ex PRD) de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el de la frustrada “Ley esposa”, quien lanzó ataque directo al proyecto de reforma.
Recordemos que Gallardo fue gobernador por imposición de Andrés Manuel López Obrador, quien generó una humillación a la militancia de su propio partido en SLP, que tuvo que tragarse una candidata guinda débil y sin apoyo, ya que la estructura de Morena fue puesta al servicio de Gallardo por “indicaciones” del propio Obrador, a quien no le importó su impresentable pasado.
“El Pollo”, como se le conoce, fue consignado en 2015 a un penal federal de Hermosillo, Sonora, como presunto responsable delincuencia organizada y lavado de dinero, así como el desvío de 200 millones de pesos del erario municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a empresas de las que era accionista mayoritario. Aún así, López Obrador lo impuso y ahora él quiere imponer a su esposa; así como a él mismo lo impuso su propio padre, Ricardo Gallardo Juárez, “heredándole” la presidencia municipal.
NADO SINCRONIZADO
La oposición interna de Gallardo es parte de un nado sincronizado, en el que participan otros con casaca guinda, como Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien ha reiterado que sin los votos del verde y PT la reforma no pñasará.
Ahora, hay indicios de que está trabajando en su propia versión de reforma electoral que pretendería presentar al Congreso apenas inicie el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero. El zacatecano estaría cabildeando con los del Verde y el PT para lograr una propuesta que no toque el régimen plurinominal con la intención de que su reforma si obtenga los consensos necesarios y adelantarse a Palacio Nacional.
QUINTANA ROO, MONEDA DE CAMBIO
En medio de este desafío interno al liderazgo de Claudia Sheinbaum al frente del proyecto 4T, se encuentra Quintana Roo ante un escenario de correr la misma suerte de San Luis Potosí hace seis años, doblegándola, para terminar de entregarle el estado a Jorge Emilio González a cambio de mantener el apoyo de los 62 diputados y 14 senadores verdes ganados con votos guinda, para respaldar la reforma electoral, verdadero motivo del chantaje.
EL PT EMPODERADO
El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, declaró que “la 4T depende de lo que decidan el PT y el Verde; eso hay que decirlo con toda claridad, eso todo el mundo lo sabe. El que quiera engañarse, que se engañe”.
“Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética”.
“Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, ganamos por la vía de las elecciones el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?”
“Jorge Emilio ya decidió que no vamos con la reforma electoral”.
Así las cosas, la sucesión en Quintana Roo avanza con Eugenio Segura y Rafael Marín a la cabeza de dos proyectos. Los aliados parásitos indigestan la reforma electoral y en este proceso los mexicanos y quintanarroense veremos de qué está hecha la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted tiene la última palabra.

EN LA OPINIÓN DE:
DE LA REFORMA POLITICA Y SALINAS PLIEGO
“El Minotauro”
Por Nicolás Durán de la Sierra
Para este mismo fin de semana o para los primeros días de la que viene, dos temas encabezarán el escenario nacional. El texto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaun, será uno de ellos, y el otro el cómo y cuánto pagará Ricardo Salinas Pliego su descomunal deuda con la Hacienda federal, la que supera los 74 mil millones de pesos, la más alta en la historia del país.
Más que por el monto de la deuda del propietario de la TV Azteca entre otros negocios, el que tenga que pagar sus impuestos es una victoria presidencial pues, en la práctica, implica el imperio del Estado sobre poderes fácticos que sexenio tras sexenio habían sido intocables y que, como el caso ilustra, llegaron hasta amagar con la desestabilización política del país.
Recordemos que en el pasado cercano Salinas Pliego, en foros internacionales se dijo ‘perseguido político’ y hasta buscó la cercanía con Donald Trump (la ya famosa cena de los cien mil dólares) sin importarle la beligerancia de éste contra México, además de apoyar con televisión y dinero a lo más podrido de la oposición como el priista ‘Alito’ Moreno, quien por cierto está en capilla judicial.
Será pues, en los próximos días, cuando sepamos si la Hacienda federal rebajará poco más de 21 mil millones de pesos al debito del empresario (el pobre sólo tendría que pagar sólo 51 mil millones) y si, como él pretende, lo puede hacer en cómodos abonos mensuales, que no de balde es propietario también de las tiendas Elektra; podría decirse que lo abonero está en sus genes.
En cuanto a la reforma electoral, el texto presidencial se espera en breve, aunque menos acido que al principio. No se prevé el fin de las diputaciones “pluris”, que irritó a todos los actores, incluidos PT y Verde, sino de otra vía de reparto como el de las primeras minorías, algo así como “los mejores segundos lugares”, en vez de la lista de favoritos de los partidos políticos.
La reducción del presupuesto para los partidos, que en el discurso suena bien, en la práctica opera a favor de Morena como partido de Estado con todos sus recursos y vulnera a las demás opciones electorales. Vamos, hay muchas entidades en las que el poder ejecutivo absorbe a los poderes legislativo y judicial; más aún. se trata de una forma de autocracia apenas disimulada.
Se espera que en el texto tal capítulo se aplace primero, lo que es habitual, y luego se diluya. En un país con 130 millones de habitantes, 500 curules no son excesivas, ya que cada una suma, a grosso modo, a 260 mil electores, por sólo hablar de la llamada cámara baja.
Será interesante la iniciativa presidencial y más todavía la réplica del congreso, donde se discutirá. Es probable que la propia oposición venga de adentro, además de la de sus satélites políticos. Ayer el consejo general guinda insistió en que “la nueva reforma electoral no afectara la unidad del bloque Morena”, lo que es un anuncio de tormenta
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